La cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei buscará este martes colmar plazas en todo el país bajo un fuerte reclamo contra el Gobierno por no cumplir con la ley de financiamiento, votada en dos oportunidades en el Congreso en 2025 y actualmente judicializada. La concentración principal será esta tarde a las 18 en la Plaza de Mayo, donde se leerá un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes.

En ese texto, al que accedió elDiarioAR, la comunidad universitaria acusa al Gobierno de incumplir “la regla democrática y constitucional básica” y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que no permita que el Ejecutivo siga ignorando una ley que el propio Congreso ratificó con mayoría agravada.

La convocatoria está organizada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y reúne a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el territorio nacional. En Buenos Aires, la concentración arranca desde las 14 en las inmediaciones del Congreso (así como en otros puntos del centro porteño) y las columnas confluirán en Plaza de Mayo a partir de las 17.

203 días sin aplicar la ley

El título del comunicado lo dice todo: “203 días sin aplicar la Ley”. Ese es el tiempo transcurrido desde que la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) fue ratificada por el Parlamento con mayoría de dos tercios en ambas cámaras —incluso después del veto presidencial— sin que el Ejecutivo la haya cumplido.

El choque institucional escaló además al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.

El comunicado es explícito: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.” Por eso el documento le pide directamente al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y que no permita que el Poder Ejecutivo continúe en esa senda.

Las universidades: el presupuesto que no llega

El deterioro financiero que describe el comunicado es estructural. Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.

El comunicado también describe el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.

El diagnóstico político que ofrece la universidad pública es tajante: el Poder Ejecutivo “en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.”

Los docentes y trabajadores: salarios en el piso histórico

El capítulo más duro del comunicado es el dedicado a los trabajadores universitarios. La declaración describe con precisión la brecha entre inflación y salarios: “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.”

Para dimensionar ese número en términos concretos, el documento lo traduce así: “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado.” Y ubica el resultado en perspectiva histórica: los salarios universitarios están “en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina.”

Las consecuencias son drásticas: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.” El 95% del presupuesto universitario se destina a salarios.

Los estudiantes: becas congeladas y expulsión silenciosa

El tercer frente que describe el documento es el de los estudiantes, donde el deterioro opera de manera más silenciosa pero igualmente profunda. El comunicado denuncia que “el sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro”.

Las Becas Progresar —la principal herramienta de apoyo económico para estudiantes de sectores populares— “permanecen congeladas frente a una inflación creciente”. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento.” Y las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC) están directamente “suspendidas”, siendo “el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.”

La de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, para impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión parlamentaria que ratificó la norma. En ninguno de los tres casos el Gobierno modificó su postura.

MC

El proceso de crecimiento sin empleo continúa siendo el rasgo central del escenario actual. La actividad económica viene mostrando una tendencia moderada al alza, pero el crecimiento no se traduce en una mejora equivalente del empleo de calidad. Este desacople responde al patrón sectorial del modelo en curso: los sectores más dinámicos tienen baja capacidad de generación de puestos de trabajo, mientras que las ramas más intensivas en empleo siguen debilitadas. 

En las crisis recientes del mercado de trabajo aparece un mecanismo distinto al de los años noventa. Mientras que entonces el deterioro se canalizaba principalmente en un aumento del desempleo, en los últimos años la principal expresión se da a través del crecimiento de los empleos refugio. 

En los ‘90, entre el 70% y el 80% de los trabajadores activos en situación de crisis laboral eran desempleados y solo el 20% o 30% restante se insertaba en empleos refugio. Esa composición comenzó a modificarse a partir de los 2000 pero sobre todo en los años más recientes, cuando estas modalidades pasaron a ser opciones con más facilidades de acceso. La emergencia de la economía de plataformas de trabajo, especialmente aquellas vinculadas al transporte de personas y productos, contribuyó decisivamente con este proceso, y también lo hicieron la expansión de la tercerización, el monotributo y otras formas de contratación flexibles.

De esta manera, bajaron las barreras de entrada al empleo precario pero subieron las que habilitan el acceso al empleo de calidad. Conseguir un empleo se volvió más fácil, pero conseguir uno con salarios y condiciones adecuadas, cada vez más difícil.

En particular, luego de la pandemia el número de trabajadores insertos en empleos refugio superó al de desocupados (1.8 millones contra 1.7 millones de personas, respectivamente) cuando en los años ‘90 eran apenas el 25% de ellos (650 mil contra un total de 2.7 millones de desocupados). 

Entre las principales características de los puestos creados desde 2023 se destaca que la mayoría son cuentapropistas informales; que trabajan principalmente en servicios de preparación y venta de comidas y bebidas y, en menor medida, en comercio, construcción y servicios; que el trabajo se realiza sobre todo en la propia vivienda, o en la calle y el espacio público; y que la la mitad de esos nuevos trabajadores se encuentra entre el 20% más pobre de los ocupados.

A esto se suma el deterioro de los ingresos. Incluso cuando el salario de los trabajadores formales del sector privado logró mostrar cierta estabilidad en los últimos meses, esa foto no alcanza para describir la situación de los hogares. Los salarios siguen ubicados en niveles históricamente bajos, alrededor de un 20% por debajo de los de 2015, y el peso de los gastos fijos aumentó de manera significativa desde fines de 2023. 

El problema no pasa solo por el salario que el trabajador cobra al inicio del mes, sino por cuánto dinero le queda después de pagar sus gastos fijos: alquiler, electricidad, gas, transporte, etc. Es en ese ingreso disponible donde el ajuste se siente con mayor intensidad. En el sector público, la contracción es aún más profunda: la pérdida salarial acumulada desde fines de 2023 alcanza el 18%.

Frente a esta crisis, la expansión de los empleos refugio permitió que la desocupación no creciera al mismo ritmo que se destruía empleo de calidad. Pero ese mecanismo empieza a mostrar límites. La caída del empleo formal continúa, los salarios no se recuperan y las ocupaciones precarias ya no alcanzan para compensar el deterioro porque su capacidad para absorber a trabajadores excluidos del empleo formal o a aquellos que necesitan de un segundo o tercer ingreso, no es ilimitada. En cierto momento, los trabajadores comienzan a competir por una demanda estancada y la cantidad de oferentes supera a la demanda. 

Entonces, si el Uber llega rápido y es barato, si el mismo conductor además ofrece comida preparada desde su casa, es porque esa economía de subsistencia está llegando a un punto de saturación. Después de eso viene el desempleo.

*Matías Maito (CETyD - EIDAES - UNSAM)

La semana que comienza será, para el gobierno de Javier Milei, un nuevo intento por recuperar la iniciativa política después de varios días absorbidos por el caso que involucra a Manuel Adorni. En la Casa Rosada aseguran que el Presidente busca dejar atrás el ruido generado por las revelaciones judiciales sobre el patrimonio de su jefe de Gabinete y volver a concentrar la atención en aquello que considera el corazón de su gestión: el programa económico y la profundización del ajuste sobre el Estado.

Pero, aun cuando el oficialismo intenta reinstalar una imagen de normalidad, el expediente que rodea a Adorni sigue proyectando su sombra sobre el funcionamiento cotidiano del Gobierno, alimenta una preocupación cada vez más visible por la parálisis de áreas sensibles de la administración y amenaza con seguir condicionando el clima interno de Balcarce 50.

En distintos despachos oficiales reconocen que las últimas semanas estuvieron consumidas por tareas defensivas. Ministros, secretarios y asesores debieron dedicar buena parte de su tiempo a responder consultas periodísticas, contener a sus propios equipos y recalcular la agenda pública de cada área. El efecto, admiten en voz baja, fue una desaceleración del ritmo de gestión. “Venimos de un verano donde pudimos sacar la reforma laboral, fue algo histórico”, se lamentó ante elDiarioAR un dirigente que ve cómo el capital político alcanzado por el Gobierno pareció haberse esfumado en estos últimos dos meses.

Proyectos demorados, decisiones postergadas y funcionarios que optaron por bajar el perfil son algunas de las consecuencias de una crisis que hace rato que dejó de ser percibida como un problema exclusivamente personal de Adorni para convertirse en un factor de desgaste sobre el conjunto del oficialismo.

No son pocos, incluso, los que empiezan a mirar el calendario con una mezcla de ansiedad y pragmatismo. En los pasillos de la Casa Rosada circula la idea de que el inicio del Mundial de fútbol, el próximo 11 de junio, podría funcionar como un punto de inflexión mediático capaz de correr el foco de la controversia y permitirle al Gobierno recuperar aire. “Si llegamos al Mundial con esto todavía abierto, por lo menos la gente va a hablar de otra cosa”, sintetizó, en estricto off the record, un integrante del gabinete. La frase, mitad broma y mitad expresión de deseo, refleja hasta qué punto el oficialismo confía en que algún acontecimiento externo contribuya a desplazar una discusión que, por ahora, sigue monopolizando buena parte de la conversación política.

El blindaje presidencial a Adorni quedó ratificado el viernes pasado durante la primera reunión ampliada de gabinete después de un mes sin convocatorias de ese tipo. Allí, según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, Milei no solo volvió a respaldar a su jefe de Gabinete sino que justificó su decisión con un argumento de fuerte carga personal: lo definió ante sus ministros como una persona “honesta”. La frase buscó clausurar cualquier especulación sobre una eventual salida y dejó en claro que, al menos por ahora, el Presidente no está dispuesto a revisar su respaldo político al funcionario más cuestionado del gabinete.

Milei busca reordenar prioridades y transmitir la idea de que el Gobierno sigue concentrado en su hoja de ruta. Con ese mensaje todavía fresco, el oficialismo prevé retomar esta semana su rutina política habitual. Si no hay cambios de último momento, este martes volvería a reunirse la mesa política, el ámbito en el que la mesa chica del oficialismo, encabezada por Karina Milei, intenta coordinar la estrategia legislativa, analizan el clima político y evalúan el impacto de las principales crisis. Allí volverá a sobrevolar el caso Adorni y, con él, el papel cada vez más disruptivo que asumió Bullrich dentro del oficialismo.

La jefa del bloque libertario en el Senado fue la primera dirigente del núcleo gobernante en verbalizar públicamente lo que muchos funcionarios comentaban en privado. Primero le reprochó a Adorni, delante del propio Milei y de Karina Milei, que ordenara su situación patrimonial porque “todo es un quilombo” y el tema le trababa las leyes en el Congreso. Después reclamó en televisión que exhibiera “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Esa doble intervención quebró una regla tácita del oficialismo, según la cual los cuestionamientos internos rara vez se exteriorizan, y consolidó a Bullrich como una de las pocas figuras con capacidad para tensionar abiertamente el blindaje presidencial.

Su actitud volvió a poner de relieve la relación tirante que mantiene con Karina Milei, atravesada por desconfianzas acumuladas y por una disputa silenciosa por espacios de poder. El malestar de Bullrich no se limita al caso Adorni, pero encontró en esa crisis una oportunidad para expresar una incomodidad más profunda con la lógica de “subordinación o exterminio” que, según describen cerca de la dirigente, domina el funcionamiento interno de La Libertad Avanza.

El contexto político más amplio también empezó a mostrar señales de fatiga entre los aliados. Este lunes, el PRO difundió un comunicado en el que tomó distancia del Gobierno y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. Aunque el mensaje no estuvo dirigido exclusivamente al caso Adorni, en la Casa Rosada fue leído como otra evidencia de que el respaldo externo al oficialismo comienza a volverse menos automático frente a las controversias que afectan al núcleo del poder.

La preocupación no se limita al frente político. En el entorno presidencial seguirán con atención el dato de inflación de abril, que el INDEC dará a conocer el jueves. El Gobierno espera exhibir ese número como una señal de desaceleración tras el 3,4% de marzo, además de como un argumento para reinstalar el eje económico en el centro de la escena. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideran que una mejora en las variables de precios puede ayudar a restaurar la narrativa de éxito económico y reducir el impacto del ruido institucional sobre la percepción de los mercados.

Si no surgen imprevistos, el próximo viernes Milei volverá a reunir a todo su gabinete en Casa Rosada, nuevamente alrededor de las 14. El encuentro tendría como objetivo seguir revisando la marcha del plan de gobierno y ordenar la estrategia legislativa para el segundo semestre. Sobre la mesa estarán proyectos que el oficialismo considera prioritarios, como la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental, además de la búsqueda de acuerdos con distintos bloques parlamentarios para garantizar su aprobación.

La intención del Presidente es recuperar la agenda que el Gobierno considera propia y desplazar el foco desde la crisis política hacia la gestión. Sin embargo, en Balcarce 50 nadie da por cerrado el capítulo Adorni. Y aunque Milei insiste en que su jefe de Gabinete no es culpable de nada de lo que se le acusa, y mantiene intacta la decisión de sostenerlo, el interrogante es si el oficialismo podrá volver a concentrarse en sus reformas o si el desgaste político terminará fagocitándose definitivamente el funcionamiento del conjunto de la administración.

PL/CRM

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC

Durante buena parte de la última semana, la Casa Rosada funcionó como un laboratorio en miniatura de las tensiones que atraviesan al gobierno de Javier Milei. En la superficie, el oficialismo intentó transmitir una imagen de normalidad y disciplina, en medio de la vuelta de las conferencias de prensa y gestos cuidadosamente calculados para reforzar la idea de que el programa sigue intacto. Por debajo, sin embargo, el caso que envuelve a Manuel Adorni continuó expandiéndose hasta convertirse en algo más que un problema judicial o patrimonial. El expediente comenzó a alterar el equilibrio interno del gabinete, abrió fisuras entre algunos de los principales socios políticos del Presidente y, lo que resultó más inquietante, empezó a filtrarse incluso en las conversaciones con empresarios e inversores extranjeros.

El episodio deja en evidencia una paradoja que se repite con frecuencia en el universo libertario. Cuanto mayor es la presión sobre uno de sus funcionarios más cercanos, más decidido parece Milei a sostenerlo. Esa lógica de blindaje tiene una dimensión política, pero también simbólica: para el Presidente, retroceder frente a un cuestionamiento externo equivale a convalidar la ofensiva de sus adversarios. El problema es que, en esta oportunidad, la controversia dejó de ser un asunto exclusivamente mediático.

La declaración judicial del contratista Matías Tabar, con detalles sobre pagos en efectivo por US$245.000 para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, los cruces internos y las preguntas formuladas en la propia Casa Rosada terminaron convirtiendo el caso en un factor de desgaste capaz de interferir con la agenda legislativa, con la convivencia entre las distintas tribus oficialistas y con el relato económico que el Gobierno intenta ofrecer ante los mercados.

Blindaje presidencial

En Balcarce 50 describen las últimas semanas como una secuencia de movimientos destinados a recuperar la iniciativa y evitar que la crisis se convierta en un problema de gobernabilidad. Primero fue la conferencia de prensa que Adorni dio el lunes, concebida como una reaparición pública después de semanas de silencio. Luego llegó la foto junto a Milei antes del viaje presidencial a los Estados Unidos, durante la reunión con autoridades de la B'nai B'rith International, interpretada dentro del oficialismo como un respaldo explícito del Presidente.

El miércoles por la noche, Milei reforzó ese blindaje en una entrevista televisiva y descartó de plano una eventual salida del jefe de Gabinete. “Ni en pedo”, respondió cuando le preguntaron si evaluaba pedirle la renuncia. Y este viernes terminó de despejar cualquier especulación al volver a ratificarlo de manera enfática delante de todos sus ministros, en la primera reunión de gabinete después de más de un mes —la última había tenido lugar el 6 de abril. “A mí el desgaste político no me importa”, repite como un mantra el mandatario cada vez que tiene la oportunidad. El mensaje es inequívoco: Adorni no se mueve.

La decisión de reunir nuevamente al gabinete completo no fue casual. Durante las últimas cuatro semanas, la dinámica política del oficialismo había quedado concentrada en encuentros más reducidos de la mesa política, el ámbito en el que Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem analizan la marcha del Gobierno, porotean votos en el Congreso y calibran el impacto político de cada crisis. En esas reuniones, el caso Adorni se convirtió en un tema recurrente: no solo por sus derivaciones judiciales, sino por el ruido que empezó a generar sobre el conjunto de la gestión y por el temor de que termine interfiriendo con las prioridades legislativas y económicas del oficialismo.

El encuentro de este viernes comenzó a las 14 y se extendió durante dos horas y media. Milei habló durante aproximadamente 30 minutos, volvió a darle un respaldo explícito a Adorni, ofreció un panorama general sobre la marcha de la administración y delineó los objetivos para lo que resta del año y para 2027. Acto seguido, se retiró para continuar con actividades en la residencia de Olivos. Según trascendió, a partir de ese momento, el jefe de Gabinete tomó el control del encuentro. Agradeció a los equipos ministeriales por el trabajo realizado para su informe de gestión presentado el 29 de abril ante la Cámara de Diputados y repasó aspectos vinculados a la reestructuración presupuestaria, los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos.

También hubo espacio para el frente legislativo. Menem y Bullrich expusieron sobre los proyectos que el oficialismo considera prioritarios para los próximos meses, entre ellos la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental. El dato no es menor: buena parte del malestar interno en torno a Adorni se vincula precisamente con la percepción de que su situación judicial está comenzando a complicar la agenda parlamentaria del Gobierno.

La titular del bloque oficialista en el Senado fue una de las voces más incisivas al respecto. En un intento además por contener a la propia base electoral libertaria, Bullrich se encargó de trasladar su preocupación al plano público al sostener que el jefe de Gabinete debía presentar “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Hace un mes, delante del propio Milei y de Karina Milei, ya le había dicho a Adorni: “Manuel, acomodá tus papeles porque todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. De hecho, el viernes, una vez que el Presidente se retiró de la reunión de gabinete, Bullrich insistió con la cuestión. “Patricia parece la única que de verdad piensa políticamente y no quiere saber nada con perder”, señaló un habitante de los pasillos —hoy restringidos a la prensa— de Balcarce 50.

Lo cierto es que en el entorno del ministro coordinador ya tomaron una decisión que hasta hace pocos días seguía bajo análisis: el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada patrimonial mucho antes del 31 de julio, el plazo legal previsto para ese trámite. Según pudo saber elDiarioAR, la documentación será dada a conocer en algún momento de las próximas semanas, en un movimiento orientado a desactivar parte de las sospechas y a responder a los reclamos, tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo.

“La intención es volver a recuperar la agenda”, apuntaron en uno de los despachos oficiales. Hay quienes creen que la jugada de Bullrich —digna de una política “profesional”— permitió también descomprimir parte de la tensión interna acumulada durante semanas. Al expresar en voz alta un malestar que varios funcionarios compartían en privado, permitió canalizar el conflicto y evitar que siguiera acumulándose de forma subterránea. “Ayudó”, fue la escueta definición de una fuente oficialista al tanto de las fricciones. Sin embargo, nada lleva a pensar que la relación entre la senadora y Karina Milei vaya a recomponerse fácilmente. La desconfianza entre ambas es vox populi y persiste. ¿Responde a una todavía latente, pero cada vez más manifiesta, disputa de poder que excede largamente el caso Adorni? Es una pregunta sin respuesta que inquieta hoy a buena parte de la tropa de La Libertad Avanza.

“Riesgo Adorni”

Otra dimensión sensible de la polémica que envuelve hoy al jefe de Gabinete quedó expuesta este viernes, pocas horas antes de la reunión que encabezó Milei. En una conferencia de prensa convocada para presentar el llamado “super RIGI”, Adorni reapareció junto a Luis Caputo y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo era anunciar un nuevo esquema de incentivos para atraer inversiones de gran escala. Sin embargo, la presentación terminó dominada por preguntas sobre el denominado “riesgo Adorni”.

Caputo tuvo entonces que responder si el escándalo estaba influyendo sobre el riesgo país. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, aseguró. “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”, agregó, en una frase que buscó relativizar la controversia pero que, al mismo tiempo, confirmó que el caso ya se había colado en las conversaciones con empresarios.

El ministro insistió además en que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y volvió a apelar al concepto de “riesgo kuka” para explicar la persistencia del riesgo país, pese a que días atrás lo había descartado públicamente. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó.

La secuencia de los últimos días condensó así el dilema que enfrenta el oficialismo. Mientras Milei y su hermana consideran que ceder equivaldría a validar una operación política contra el Gobierno, otros sectores empiezan a preguntarse cuánto desgaste adicional puede absorber la administración sin afectar la estabilidad que el programa económico necesita para sostenerse. La evidente caída en la imagen presidencial es una luz roja en el tablero. Sin embargo, la decisión está tomada: Adorni seguirá en su cargo y continuará recibiendo un respaldo explícito. Pero el interrogante ya cambió de naturaleza. La cuestión no es únicamente si el jefe de Gabinete podrá resistir judicialmente, sino cuánto tiempo más podrá el Gobierno evitar que su crisis personal termine proyectándose sobre el conjunto del experimento libertario.

PL/MG

El expediente de Manuel Adorni acumula datos de propiedades, refacciones, préstamos de jubiladas y viajes que disparan la sospecha, pero hay otra cuenta reconstruida que concita la atención en funcionarios judiciales de Comodoro Py: gastos mensuales consecutivos de entre US$18.000 y US$ 20.000.  

Ese monto, que sólo se refiere a la parte en blanco de una familia con alta propensión a gastar en efectivo y sin factura, quintuplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar en febrero de 2026, de $5,5 millones (USD 3.900) en mano, y decuplica los $2,7 millones (USD 1.900) que obtenía hasta enero. Con ese panorama, una fuente clave, al tanto de los pormenores del expediente, da cabida a la hipótesis de un delito con pena no excarcelable (5 a 22 años): lavado de activos.

Comprobantes obtenidos en allanamientos, requerimientos a bancos y oficinas públicas o aportados por testigos indican que la familia Adorni-Angeletti afronta mensualmente erogaciones por unos $2,5 millones de expensas (USD 1.700) entre el departamento de Caballito en el que vive, el de Parque Chacabuco que está a la venta, otra unidad en La Plata y la casa en el barrio privado Indio Cua en Exaltación de la Cruz, norte de Buenos Aires. A ello se suman montos fijos de servicios, seguros, tasas e impuestos sobre las propiedades y la camioneta Jeep Compass adquirida en 2024, la cuota del colegio de los dos hijos ($ 1,6 millones o USD 1.100), y resúmenes de tarjeta de crédito que, en los últimos 24 meses, tuvieron un piso de $10 millones en septiembre de 2024 y un máximo de $22millones en el mismo mes de 2025.

La estrategia del abogado de Adorni, por ahora, es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar

El 10 de abril, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa, Bettina Angeletti, la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, y +BE, de la mujer.

Según la fuente citada, la suma de gastos que, tomados por separado, no llamarían la atención en una familia de ingresos medios-altos, es una vía por la que Adorni trataría de dar “apariencia de legitimidad” a ingresos que provendrían de un delito precedente.

El complemento de esos resúmenes pagados en el banco serían los viajes a Aruba, Punta del Este, Llao Llao, Gualeguaychú, Madrid y Nueva York, realizados desde 2024, por al menos US$30.000. En el rubro turístico, la familia del jefe de Gabinete abonó en efectivo y, cuando pudo, en negro. No se trata de un gasto mensual, pero sí habitual para el nivel de vida que Adorni y Angeletti decidieron darse.

El funcionario no respondió una consulta de este medio sobre sus gastos mensuales.

Con la mira en el notable incremento patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa, maneja la hipótesis de enriquecimiento ilícito como principal delito.

Desde diciembre de 2023, Adorni y Angeletti sumaron a su patrimonio una casa en Indio Cua escriturada a US$120.000, a la que le agregaron US$245.000 en refacciones; un departamento en la calle Miró, Caballito, anotado a US$ 230.000, más US$ 65.000 en obras; la camioneta Jeep valuada en al menos US$28.000. Todo ello, sin vender las propiedades en Parque Chacabuco y La Plata, declaradas tras la designación de Adorni como secretario de Comunicación, su primer puesto en el gobierno.

Cada una de sus adquisiciones tuvo el consiguiente gasto de escribanía e inmobiliaria, nuevamente, sin factura cuando fue posible. Parte de los US$690.000 abonados sólo en propiedades —un valor que de por sí genera dudas por indicios de subfacturación—, fue solventada mediante singulares préstamos de mujeres policías, dos jubiladas y amigos por unos US$ 365.000, de los cuales ya habría devuelto US$30.000.

El papel de la defensa de Adorni, en manos del penalista Matías Ledesma, llama la atención en fuentes que siguen el expediente. Hasta ahora, el abogado presenció declaraciones de testigos y constató los movimientos, pero no requirió una sola medida ni presentó ninguna aclaración o posicionamiento de Adorni. La estrategia es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar, evalúan.

Además de los tipos penales de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que serían los más graves que se barajan hasta ahora, Adorni enfrenta la sombra de negociaciones incompatibles con la función pública, por los contratos de su amigo y socio Marcelo Grandio con Canal 7-TV Pública, y dádivas, si se comprueba la menor de las hipótesis del viaje en vuelo privado a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. A propósito, la excursión carnavalesca, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

La figura del lavado de activos despierta polémica entre penalistas y funcionarios de Comodoro Py. Es un delito cuya prueba es trabajosa y tiene pocos condenados en comparación a otros tipos asociados a la corrupción (fraude, cohecho, evasión), en la medida en que se requiere establecer con claridad cuál fue el delito precedente que condujo al lavado.  

La excursión a Punta del Este en carnaval, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

Uno de los casos más emblemáticos es la condena a Lázaro Báez, en 2021. El excontratista allegado a la familia Kirchner fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de activos provenientes de la evasión fiscal y el fraude con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2010 y 2013.

Por ahora, el criterio tanto de Pollicita como de Lijo es avanzar en la recolección de pruebas, sin descartar ninguna hipótesis. Llegado el caso, el fiscal podrá proponer indagatorias y describir los hechos investigados, y el juez determinará procesamientos y el tipo penal en juego.  

El precedente $LIBRA

Hay, sin embargo, indicios del delito precedente. El vínculo de Adorni con los hermanos Novelli y otros cryptobros que acercaron la estafa $LIBRA al despacho presidencial es nítido.

Cuando el actual jefe de Gabinete era panelista en programas de La Nación + y Radio Rivadavia, también recibió ingresos por dar una “master class exclusiva a los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica”. La “master class” fue dictada el 2 de mayo de 2022. Además de Adorni, otros promotores de los negocios de esa firma fueron Milei y José Luis Espert.

N&W (Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) son hacedores de la presunta estafa que generó beneficios de decenas de millones de dólares para unos pocos avisados de un tuit presidencial, en febrero de 2025. Algunas visitas que Novelli y sus socios (Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Pía Novelli) hicieron a despachos de Milei en Casa Rosada y Olivos fueron con Adorni presente. En definitiva, reuniones de camaradería nacida antes de que cualquiera de ellos pusiera un pie en Casa Rosada.

“Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, celebró Novelli al salir de la oficina presidencial, el 30 de enero de 2025. Desde la misma Casa de Gobierno, el empresario transfirió US$500.000 dólares a un destinatario por ahora desconocido. Por la tarde, se precipitó a comprarse relojes Rolex, y buscó que fueran sin factura.

En el celular de Novelli quedó registrado un modelo de contrato por el que se le pagaría al menos US$5 millones al Presidente si éste promocionaba $LIBRA y declaraba a sus mentores como asesores en blockchain, hitos que, en efecto, ocurrieron. También fueron grabadas órdenes de pago para “Javi-Kari” y “los 4.000 que hay que darle a Karina”, cuando el Soez y su hermana ya reinaban en Casa Rosada. Davis —otro jefe de la presunta banda— se vanaglorió de manejar al mandatario a control remoto porque le enviaba dólares a su hermana.

El rastro de Adorni en los negocios montados por Novelli y los presuntos pagos relacionados con el “deal tremendo” debe ser probado.

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del entorno de Milei y hoy opositora, denunció que Adorni recibió US$3 millones depositados en billeteras virtuales, provenientes de $LIBRA y el cobro de reuniones y gestiones. No es un dato que conste a Pollicita ni a Lijo, aunque el fiscal recibió informes de que el funcionario realizó movimientos de entrada y salidas con criptomonedas, informó ayer el diario Clarín. Por su parte, mediante un comunicado, la firma de inversiones cripto Lemon Cash confirmó que el jefe de Gabinete tiene una cuenta a su nombre, pero desmintió el monto mencionado por Pagano.

La investigación de Comodoro Py también sigue la pista vinculada a los negocios de Angeletti como coach ontológica y su empresa +BE, en particular, con el Grupo Foggia. Esta firma, que perteneció a Mara Gorini, una asesora plenipotenciaria de Karina Milei, puja con La Nación y Fénix Entertainment por quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

Una tercera pista que no descartan en Comodoro Py es el cobro de entrevistas y gestiones, un rubro en el que Milei podría dar una verdadera “master class”. Una cuarta serían las versiones sobre sobresueldos, algo que en la exótica conferencia de prensa del viernes, ni Adorni ni los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva se animaron a desmentir.

La frutilla del postre, reveladora cabal de la vara ética de los Hermanos Milei, sería que el gobierno que propagó a los cuatro vientos que congeló los sueldos de los altos funcionarios durante dos años, en realidad funcionaba aceitado por fajos de billetes en negro, mientras hacía padecer lo indecible a profesores universitarios, médicos del Garrahan, jubilados y empleados públicos en general.

¿Por qué no lo echa?

Adorni, vocero del Ejecutivo ultra, permanece imposibilitado de esbozar un argumento sobre su repentina riqueza o de cambiar el eje de la agenda gubernamental mediante algún anuncio. Se esfuerza, el gobierno monta escenas, pero no lo logra. Las encuestas, unánimes, señalan un descenso sensible en la aprobación del gobierno y de Milei, aunque el mandatario sigue siendo un firme candidato a la reelección.

Patricia Bullrich se activa como si oliera sangre mientras las internas del oficialismo se dirimen en las pantallas de Clarín, La Nación, América 24, Carajo y Neura. Adorni ni siquiera junta fuerzas para responderle y atina a calificar a la senadora como “una fenómena”, ante un ataque indisimulado de quien fuera, hasta hace dos meses, su competidora para la candidatura en la Ciudad en 2027.

Aquí se impone la pregunta de por qué Milei hace trascender que está dispuesto a perder una elección antes que despedir a su jefe de Gabinete.

Semanas atrás, podría leerse que el ultraderechista tenía razones para no conceder una victoria a la oposición, con el desprendimiento de uno de los máximos responsables del entramado oficialista, pese al alto costo de su permanencia. Un equipo pequeño, reducido al Presidente, su hermana y pocos más, tenía en Adorni a un vocero dañado, probablemente anulado para siempre, pero la apuesta a que el tiempo subsanara heridas e hiciera olvidar las explicaciones pueriles sobre hipotecas concedidas por jubiladas era atendible.

El testimonio del constructor Matías Tabar de que Adorni le había abonado US$245.000 en efectivo y sin factura entre 2024 y 2025, y que había intentado influir en su declaración ante Pollicita, desbarató por completo la precaria ingeniería de préstamos y propiedades subvaluadas. Adorni maneja cientos de miles de dólares como si le quemaran.

¿Por qué no lo echa?, se preguntan dentro y fuera del Ejecutivo, incluso en tribunales. Milei se desprendió en su momento de Nicolás Posse y Diego Spagnuolo cuando complicaron la vida de la Casa Rosada y afectaron el equilibrio con Santiago Caputo. El Presidente se olvidó en cuanto lo necesitó de las cuarenta veladas en Olivos con Spagnuolo y los abrazos desmesurados con quien consideraba su otro yo, Posse. Con Manuel es distinto.

Una probable respuesta es que el salto económico de Adorni es inescindible del de los Milei. No podría existir un flujo de fondos desde Novelli y $LIBRA al jefe de gabinete sin que el Presidente recibiera su parte, mucho mayor, ni se daría un esquema de sobresueldos y cobro de entrevistas y charlas, una práctica con tanta pregnancia en los Milei. La ruta del Grupo Foggia, asociado al privilegiado Grupo Werthein para el proyecto en Tecnópolis, también remite a Karina, la protectora principal de Adorni.

No faltan quienes apuntan a la particular psiquis de Milei como razón última de todo. Como su flamante vara moral se basa en preguntarse “si mató a alguien”, y Adorni no es sospechado de asesinato, entonces que se quede.

Milei asume un riesgo. Podría darse que, de buenas a primeras, la investigación judicial entre en un pantano por intervención de la Cámara, que los indicadores económicos reviertan en parte la pérdida de ingresos que lastra a la población, que la inflación se quede entre el 1% el 2%, que la oposición se hunda en sus traumas y, con ello, cambie el “humor social”, y Adorni permanezca como un pasivo asumible de cara a 2027.

O podria ocurrir lo contrario: que la economía de Milei continúe mostrando su cara recesiva para la gran mayoría y Adorni sucumba ante pruebas irrefutables.

Así las cosas, su hundimiento sería el del gobierno. Bullrich se dio cuenta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El Gobierno aceptó un cambio clave en el jugoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de Estados Unidos al que Javier Milei busca adherir con ansias y cedió ante el lobby de los laboratorios nacionales. La nueva postura de la Casa Rosada le permitiría al oficialismo apurar la votación del tratado en la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, para luego ratificarlo en el Senado, donde ya fue aprobado en 1998 –los acuerdos internacionales no pierden vigencia parlamentaria–.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica el proceso para solicitar protección de patentes en múltiples países de manera simultánea: en lugar de presentar solicitudes individuales en cada Estado, un solicitante puede hacer un único trámite internacional que luego se ramifica en las fases nacionales. Para las empresas con desarrollos tecnológicos o farmacéuticos que buscan protección en varios mercados a la vez, el sistema reduce costos y plazos. Hoy son miembros del PCT más de 150 países; la Argentina es una de las excepciones.

El país firmó su adhesión al tratado en 1970, pero nunca la ratificó legislativamente. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, y el expediente quedó hibernando durante casi tres décadas, víctima de sucesivos cambios de prioridades, resistencias sectoriales y falta de voluntad política. Fue la presión de Washington –y el interés de Milei en mostrar gestos concretos ante Trump– lo que reactivó el tema a principios de este año y lo instaló en la agenda legislativa con una urgencia que no tenía desde entonces.

El lobby por el Capítulo II

En lo concreto el cambio en el PCT será incorporar una reserva al Capítulo II, según confirmó a elDiarioAR este viernes una alta fuente del Gobierno involucrada en la discusión y que fue más lejos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, admitió ante la consulta puntual sobre CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La frase resume el resultado de semanas de presiones cruzadas, negociaciones reservadas y tensiones que atravesaron al propio oficialismo.

La reserva al Capítulo II era el punto que durante semanas dividió aguas dentro del propio Gobierno y entre las distintas cámaras del sector farmacéutico. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales en cada país, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para los laboratorios multinacionales, ese mecanismo es una ventaja que acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, en cambio, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando con insistencia que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse al tratado. El mecanismo existe dentro del propio PCT pero había un escollo político porque cuando el país adhirió al tratado en 1970 no incluyó la posibilidad de la reserva. Tampoco se hizo con la media sanción en 1998. Recién ahora, con la votación en la puerta de Diputados, se modificará la letra, pese a que el Gobierno y las farmacéuticas multinacionales –agrupadas en CAEMe y en AmCham– querían ver aprobado sin alteraciones. 

Esa tensión entre dos lobbies con intereses opuestos fue el verdadero motor de la demora de las últimas semanas. Milei se había comprometido ante Donald Trump a sancionar el PCT antes del 30 de abril, como parte del acuerdo comercial bilateral que se firmó en noviembre del año pasado. El plazo era porque el último día de abril la Casa Blanca publica su Informe 301, que identifica las barreras comerciales a las empresas y productos de los Estados Unidos debido a las leyes de propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes y marcas registradas, en otros países. Sorpresivamente, y pese a que se sancionó el PCT, la Argentina fue quitada de la lista por primera vez en años.

Como reveló elDiarioAR, el cruce de intereses tuvo episodios de todo tipo. Hubo desde cruces de cartas enviadas a los diputados por parte de las farmacéuticas locales y multinacionales, y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria farmacéutica. Las multinacionales querían la aprobación sin cambios para no dilatar más una incorporación que, a nivel global, Argentina tiene pendiente desde 1970. Los laboratorios nacionales, en cambio, advertían que adherirse sin la reserva del Capítulo II podía representar un perjuicio de más de US$3,3 mil millones para el sector, según sus propios cálculos. 

El lobby farmacéutico, que fuentes cercanas al Gobierno describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad, terminó dando sus frutos. La reserva fue aceptada. El proyecto que el oficialismo llevará a Diputados el martes incluirá ese cambio, y eso obligará luego al Senado a pronunciarse de nuevo sobre un texto que ya había aprobado –aunque en una versión diferente– hace 27 años.

El martes irá al plenario de comisiones en Diputados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Federico Sturzenegger. No está previsto que haya voceros de las farmacéuticas. El oficialismo espera ese día firmar dictamen favorable. Si el texto avanza, Diputados podría votar antes de que termine mayo. El Senado deberá hacer lo propio después, en un trámite que no tiene fecha ni está exento de nuevas presiones. 

MC

Se supone que las conversaciones de los grandes empresarios reunidos en el Foro Llao Llao la semana pasada debían mantenerse en secreto, pero el diario La Nación contó que la exejecutiva de Marvel Studios Victoria Alonso expuso que podría haber sido la desaparecida 30.001 si no se hubiese exiliado en la última dictadura. Entonces Cristiano Rattazzi, dueño del Grupo Modena, de alquiler de helicópteros y concesionario de Ferrari y Maserati, le cuestionó la cifra: “8.001”. Pero fuera de esa anécdota y lo que dejaron las disertaciones, en los pasillos del exclusivo hotel de Bariloche, propiedad del empresario inmobiliario y agricola Eduardo Elsztain, se debatió sobre el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adoni, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes directas que estuvieron en el cónclave.

Las conversaciones permitieron revelar que en el Llao Llao hubo quienes pidieron la cabeza del jefe de Gabinete por considerarlo “corrupto” y otros porque está dañando la imagen del gobierno en el que confían y temen un giro político en 2027. Pero también hubo optimistas inquebrantables que minimizaron la cuestión.

“Hay un consenso de que el caso Adorni es inaceptable”, comentó uno de los más de 150 empresarios que asistieron. “A algunos nos parece éticamente indefendible y a otros les parece que daña al Gobierno, porque hay bastante preocupación de que aparezca un candidato no de mercado”, agregó quien se ubica entre los primeros, mientras Myriam Bregman y Axel Kicillof aparecen como los políticos con mejor imagen en la última encuesta de Atlas Intel.

“Cada vez más se piensa que hay corrupción en este gobierno, no de Toto (Luis Caputo, ministro de Economía) ni de (Federico) Sturzenegger (de Desregulación), pero sí de Caputito (Santiago Caputo, asesor presidencial), sus amigos los Neuss (Juan y Patricio, accionistas de Edison Energía, que ganó tres de las cinco privatizaciones de empresas eléctricas) y Karina (Milei, la secretaria general de la Presidencia). (Javier) Milei critica a (Paolo) Rocca y (Javier) Madanes Quintanilla, está perfecto, pero después aparece con los Neuss y (José Luis) Manzano”, resumió.

Dicho empresario mendocino ahora presentó un proyecto de extracción de hidrocarburos al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que antes excluía a este tipo de actividad por considerarla lo suficientemente rentable y que este año se abrió a admitirla. Una línea que aprovecha Manzano y su petrolera Phoenix, pero también todo el sector de Vaca Muerta lo está haciendo.

Entre los empresarios asistentes al encuentro figuraron Marcos Galperin, Agustín Otero Monsegur, Roberto Murchison, Verónica Cheja, Gonzalo Tanoira, los anfitriones Eduardo y Daniel Elszatin, Tomás Mindlin, Martín, Manuel y Facundo Migoya, Nicolás Aguzín, la venezolana Adriana Cisneros, Andrea Pagani, Verónica y Larisa Andreani, Diego Finkelstein, los también embajadores Alec Oxenford (en EE UU) e Ian Selecki (en Francia), Guibert Englebienne, Manuel Antelo, Gustavo y RosendoS Grobocopatel, Karina Román, Sofía Pescarmona, Matías Woloski, Eduardo Bastitta, Gastón Irigoyen, Nicolás Nocetti, Gastón Parisier, Alejandro Gorodish, Juan Gurfinkiel, Albert Gozzi, Facundo Gómez Minujin, Franco Mignacco, Saúl Zang, Max Cavazzani, Federico Braun, Marcos Bulgheroni y los chilenos Andrónico Luksic Lederer y Manfred Paulmann.

Otro hombre de negocios que asistió al encuentro patagónico negó, en cambio, que en sus conversaciones apareciera Adorni. “Ninguna decisión importante de inversión depende del caso Adorni”, justificó. “Una minera o una petrolera miran a largo plazo y están acostumbradas a los cambios políticos en cualquier país del mundo. En términos generales hay mucho entusiasmo y buenas perspectivas a futuro. Incluso en tecnología hay más apetito de fondos internacionales, desde China a Estados Unidos, por invertir en la Argentina, que antes ni figuraba. Aunque es más caro producir que antes, seguimos siendo baratos, sigue habiendo una buena ponderación del talento argentino y es una industria que está acostumbrada a contratar gente cara, a invertir mucho para un retorno alto”, agregó.

Sin embargo, después admitió: “Los buenos empresarios miran si habrá seguridad jurídica o no”. Entonces se sumó al coro de colegas que admite que las inversiones llegarán de manera gradual. Mientras algunos siguen la consigna de quien no arriesga no gana -y por eso participan de privatizaciones, por ejemplo-, otros prefieren esperar a 2028, una vez que se conozca quién ganará las elecciones presidenciales del año próximo. El empresario consultado, por último, admitió que también hay empresarios “muy preocupados” porque sus sectores no arrancan o cae, como los industriales y los dedicados al consumo interno.

El primer consultado, por el contrario, se mostró más pesimista: “Los sentimientos están muy divididos. Muchos tenemos decepción, frustración y pesimismo. Otros siguen con ganas de defender a Milei”.

El interlocutor quedó desconcertado con la disertación de Luis Caputo en el foro: “No me gustó nada. Otros opinaron lo mismo, que fue un desastre, una depresión. Es un papelón decir que hizo todo bien y que si no funciona es porque en la Argentina no funciona. ¿Cómo puede decirnos que el que piensa que Milei no gana con el 40% debe ir al psicólogo? El Gobierno decía que aplicando esta receta monetaria iba a haber crecimiento, pero la realidad es que todos los países que la aplicaron pasaron muchos años de recesión y eso trae riesgos. Encima fortalece el cepo y se atrasa en la devolución de impuestos... Cada vez hay menos empresarios relevantes que siguen confiando, sólo algunos comprando lo de Toto”, sentenció.

AR/MC

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com