La cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei buscará este martes colmar plazas en todo el país bajo un fuerte reclamo contra el Gobierno por no cumplir con la ley de financiamiento, votada en dos oportunidades en el Congreso en 2025 y actualmente judicializada. La concentración principal será esta tarde a las 18 en la Plaza de Mayo, donde se leerá un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes.

En ese texto, al que accedió elDiarioAR, la comunidad universitaria acusa al Gobierno de incumplir “la regla democrática y constitucional básica” y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que no permita que el Ejecutivo siga ignorando una ley que el propio Congreso ratificó con mayoría agravada.

La convocatoria está organizada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y reúne a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el territorio nacional. En Buenos Aires, la concentración arranca desde las 14 en las inmediaciones del Congreso (así como en otros puntos del centro porteño) y las columnas confluirán en Plaza de Mayo a partir de las 17.

203 días sin aplicar la ley

El título del comunicado lo dice todo: “203 días sin aplicar la Ley”. Ese es el tiempo transcurrido desde que la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) fue ratificada por el Parlamento con mayoría de dos tercios en ambas cámaras —incluso después del veto presidencial— sin que el Ejecutivo la haya cumplido.

El choque institucional escaló además al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.

El comunicado es explícito: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.” Por eso el documento le pide directamente al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y que no permita que el Poder Ejecutivo continúe en esa senda.

Las universidades: el presupuesto que no llega

El deterioro financiero que describe el comunicado es estructural. Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.

El comunicado también describe el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.

El diagnóstico político que ofrece la universidad pública es tajante: el Poder Ejecutivo “en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.”

Los docentes y trabajadores: salarios en el piso histórico

El capítulo más duro del comunicado es el dedicado a los trabajadores universitarios. La declaración describe con precisión la brecha entre inflación y salarios: “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.”

Para dimensionar ese número en términos concretos, el documento lo traduce así: “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado.” Y ubica el resultado en perspectiva histórica: los salarios universitarios están “en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina.”

Las consecuencias son drásticas: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.” El 95% del presupuesto universitario se destina a salarios.

Los estudiantes: becas congeladas y expulsión silenciosa

El tercer frente que describe el documento es el de los estudiantes, donde el deterioro opera de manera más silenciosa pero igualmente profunda. El comunicado denuncia que “el sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro”.

Las Becas Progresar —la principal herramienta de apoyo económico para estudiantes de sectores populares— “permanecen congeladas frente a una inflación creciente”. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento.” Y las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC) están directamente “suspendidas”, siendo “el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.”

La de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, para impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión parlamentaria que ratificó la norma. En ninguno de los tres casos el Gobierno modificó su postura.

MC

El Gobierno salió públicamente a intenta dar su batalla dialéctica en la previa a la cuarta marcha universitaria de este martes, que se prevé masiva en el Congreso y la Casa Rosada, en CABA, y en otros puntos del país. El encargado fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que justificó el flamante ajuste monumental que se conoció este lunes por un decreto firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recorte alcanzó los $5.303 millones para obras de infraestructura universitaria y el funcionario aseguró que no se afectaron partidas educativas, sino que se trató de un ajuste que el Ministerio de Economía había acordado con el banco de desarrollo CAF. “Son fondos de Economía, comprometidos de la gestión anterior para obras que figuraban de un presupuesto de la CAF. Muchas obras son cuestionables, como por ejemplo auditorio. cuando nosotros priorizamos aulas. No son recortes universitarios, no son fondos de educación”, planteó Álvarez en una entrevista en radio Rivadavia.

En la Decisión Administrativa 20/2026 de ayer, las casas de altos estudios más golpeadas fueron la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Se conoció además que en la Secretaría de Educación el recorte asciende a $78.768 millones, siendo la mayor contradicción el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones; se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, y se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

En un intento de atacar la convocaria de la marcha, el funcionario insistió luego que “el presupuesto universitario es arbitrario, se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. “Queremos que el presupuesto sea asignado por indicadores claros, como la cantidad de alumnos. No hay recorte presupuestario de ningún tipo, lo que no hay es actualización salarial en la medida que quieren los gremios” admitió Álvarez, que ayer estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ofreció una rueda de prensa a algunos medios preseleccionados donde dijo que “la marcha es política”.

La marcha de este martes reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida por el Congreso el año pasado, con la actualización de las partidas que contempla la norma. Según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Por ahora la norma está suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema.

Los rectores habían reclamado para este año $7,3 billones para el funcionamiento integral de las universidades (salarios, materiales, obras), pero Milei le designó $4,8 billones en el Presupuesto 2026. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.

“Las universidades son para el radicalismo el equivalente a lo que es el sindicalismo para el peronismo. Están muy metidos”, se quejó Álvarez.

El conflicto por el presupuesto universitario se acrecentó en las últimas semanas porque los hospitales que dependen de la UBA denunciaron que podrían dejar de funcionar en junio si no reciben los fondos nacionales necesarios. El Gobierno transfirió a las universidades un monto presupuestado para las carreras asociadas a Medicina (unos $34 mil millones), pero la UBA reclama fondos por $80.000 millones que estarían destinados directamente a los hospitales y que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. “Se transfirió todo mes a mes. La UBA reclama un fondo que es común para todas las universidades”, se quejó Álvarez.

MC

El Hospital de Clínicas José de San Martín es uno de los hospitales escuela más importantes del país. Desde hace más de un siglo funciona como centro de formación médica, investigación y atención para pacientes de todo el territorio nacional. Sin embargo, trabajadores, médicos y enfermeros advierten que atraviesa una de las crisis presupuestarias más severas de los últimos años.

En el primer piso del hospital, cientos de personas esperan ser atendidas en el marco de la Semana de Prevención Cardiovascular. La actividad incluye controles de presión, exámenes físicos y entrevistas médicas, aunque al final del circuito apenas dos profesionales deben atender a una demanda masiva. Según explican desde el hospital, este tipo de jornadas también funcionan como una forma de ordenar una atención que ya no logra absorber la cantidad de pacientes que llegan diariamente.

A medida que se recorren los distintos sectores del edificio aparecen techos deteriorados, humedad, puertas rotas y áreas abandonadas. El estacionamiento del personal permanece inundado y en distintas paredes cuelgan carteles convocando a la Marcha Federal Universitaria de este martes.

En una de las salas abiertas a la comunidad, un cirujano plástico brinda una charla sobre linfedema, insuficiencia venosa, lipedema y obesidad. Mientras tanto, en otros sectores del hospital, trabajadores del área de insumos describen demoras constantes en licitaciones y dificultades para conseguir materiales básicos.

Una paciente que se atiende allí desde hace años asegura que continúa recibiendo buena atención, aunque reconoce que en ocasiones faltan medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la diabetes. “A veces hay, a veces no”, resume mientras espera volver a ser llamada.

Deterioro progresivo

Fernando Chamot, director de prensa del hospital, describe un escenario de ajuste progresivo. Según explica, distintos servicios comenzaron a reducirse debido a la falta de recursos: disminuyó el personal de seguridad, se espació la limpieza en algunos sectores y se redujo la capacidad de atención.

“Hoy se atiende un 50 por ciento menos de lo que se podría atender porque tomar más pacientes sería una irresponsabilidad”, sostiene. “Se cierra el cupo y al mes siguiente se evalúa con qué recursos se cuenta. Para los médicos es muy difícil porque no fueron formados para decir que no”.

Chamot también asegura que gran parte de las obras realizadas recientemente fueron financiadas mediante donaciones privadas y advierte sobre el deterioro salarial del personal. Según datos difundidos por el hospital, en abril de 2026 un residente cobraba 1.442.908 pesos netos; un médico, 1.354.908; un enfermero, 1.176.004; y un auxiliar, 1.026.354 pesos.

En el sector de enfermería, trabajadores describen jornadas extensas, pluriempleo y condiciones laborales cada vez más precarias. Guillermo, enfermero con treinta años de servicio, asegura que muchos profesionales deben trabajar en varios hospitales para alcanzar ingresos mínimos. “Nosotros cuidamos, pero también necesitamos que nos cuiden”, afirma.

Luis, otro enfermero del Clínicas, sostiene que durante el último año la situación empeoró notablemente. Relata faltantes de pañales, problemas de mantenimiento y filtraciones de agua que afectaron sectores enteros del hospital. Según cuenta, en varias oportunidades fueron los propios trabajadores quienes compraron materiales básicos de su bolsillo.

“No había ni un foco para que un enfermero pudiera poner un suero durante la noche”, asegura. También describe situaciones en las que enfermeros y médicos colaboran económicamente con pacientes sin recursos para comprar agua o alimentos.

El deterioro, explican, no se limita a la infraestructura. Un médico del hospital, que pidió reserva de identidad, advierte sobre el impacto que la crisis puede tener en la formación de futuros profesionales. “Lo que empieza a doler es cuando dejan de venir quienes se están formando”, señala. Para él, el desgaste cotidiano y el estrés permanente afectan directamente el aprendizaje y el desarrollo académico. “La academia tiene que ser la mejor. Esta institución es irreproducible, aunque demuelan el edificio”, sostiene.

La situación también alcanza al Hospital Odontológico de la UBA. Allí, el decano Pablo Rodríguez explica que gran parte del funcionamiento depende del aporte económico de los propios pacientes. “Si no fuera por eso, no podríamos comprar insumos”, afirma. Según detalla, los estudiantes atienden alrededor de doscientos pacientes durante su formación, algo que considera una de las grandes fortalezas del sistema universitario.

Rodríguez también describe salarios deteriorados entre el personal docente y no docente. Los profesores, explica, cobran alrededor de 280 mil pesos mensuales por una jornada semanal de trabajo. “Nos sostenemos gracias al esfuerzo de los docentes y de los pacientes”, resume.

Aumento de la demanda

El aumento de la demanda aparece como otro de los problemas centrales. Según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado sobre datos del INDEC, unas 742 mil personas dejaron de tener cobertura médica en los últimos dos años y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), define el escenario sanitario actual como “desbordado”. Advierte que la combinación entre recortes presupuestarios, falta de personal y aumento de pacientes configura “la tormenta perfecta”.

También señala problemas crecientes en el acceso a medicamentos y retrocesos en políticas preventivas. “El programa Remediar se está cayendo”, sostiene. Según afirma, aumentaron los casos de tuberculosis y sífilis, mientras que hace un año no se distribuyen preservativos desde el sistema público nacional.

Jimena, médica que trabajó hasta hace poco en un hospital nacional y actualmente se desempeña en hospitales porteños, asegura que el deterioro se profundizó desde 2024. “Cada vez más personas dejaron de tener prepaga o perdieron la obra social y terminan en el hospital público”, explica.

Según relata, los faltantes de insumos comenzaron a afectar incluso prácticas básicas. “No había recipientes para urocultivos. Había pacientes críticos que no podían hacerse estudios y los médicos trabajaban a ciegas”, recuerda. Finalmente decidió abandonar ese hospital por el desgaste cotidiano. “Quedarse en esas condiciones era faltarse el respeto a uno mismo”, afirma.

En el Hospital Pirovano una pediatra describe un escenario similar. Aunque aclara que el sistema público siempre trabajó “al límite”, sostiene que en los últimos años comenzaron a aparecer pacientes con enfermedades más avanzadas y familias que antes podían atenderse en el sector privado. “El paciente no consigue turnos o no puede pagar una consulta particular”, explica. También señala que muchos llegan desde la provincia de Buenos Aires porque no consiguen atención en hospitales cercanos.

Entrada la tarde, gran parte de los sectores administrativos del Pirovano ya permanecían vacíos, aunque decenas de pacientes seguían esperando atención. Algunos dormían en la guardia, otros permanecían conectados a vías intravenosas en sillas de los pasillos mientras los portasueros se arrastraban lentamente detrás de ellos. En medio del movimiento silencioso, varias palomas caminaban entre los corredores del hospital.

LS/CRM

En 1979, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara Argentina, los militares removieron los cadáveres enterrados en los terrenos que rodeaban el casco de La Perla. Querían borrar las evidencias. Lo que no pudieron borrar fue la tierra misma, que durante casi cinco décadas guardó los huesos en silencio, dispersos y desarticulados, esperando.

Hoy, esos huesos tienen nombre. Once personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar fueron identificadas días atrás en la zona conocida como Loma del Torito, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención más grande del interior del país, y este martes la Justicia en Córdoba dará todo los detalles. La revelación se suma a la docena de cuerpos ya identificados en marzo pasado. La ciencia forense hizo lo que la impunidad intentó impedir.

El lugar

La Perla está sobre la Ruta Nacional 20, kilómetro 15, en Malagueño, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. El predio tiene una historia anterior al horror: originalmente formaba parte de un conjunto de estancias expropiadas en 1942 por el Estado Nacional para uso del Tercer Cuerpo de Ejército.

Desde el 24 de marzo de 1976 y hasta fines de 1978, ese lugar fue otra cosa. Fue el eje de la red represiva del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Los propios represores la llamaban “la universidad”. Por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. La gran mayoría fue asesinada e inhumada clandestinamente en los terrenos aledaños. La estructura que la sostenía era precisa y burocrática: el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren coordinaba fuerzas armadas, policía, SIDE y Gendarmería en una “comunidad informativa”; de ese entramado dependía la sección de Operaciones Especiales, que administraba La Perla.

Cerca de allí anduvo en aquellos años José Julián Solanille, un baqueano que comenzó a trabajar como peón de campo a metros de La Perla unos días antes del 24 de marzo de 1976. Durante dos años, no hizo preguntas. Solo miró, según su historia que reconstruye LaTinta. Vio las tumbas y los rastros de camiones. Vio cuerpos arrojados desde helicópteros. Fue testigo del fusilamiento masivo que ordenó personalmente Menéndez en la Loma del Torito. “Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Los que podían ver gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda”, declaró años después ante la Justicia.

Su perra collie, entrenada, empezó a traer a casa pequeños restos humanos. Solanille los escondía junto a las vías del tren, rezándoles en latín. Cuando el patrón lo supo, mandó matar al animal. En 1978, Solanille se mudó y guardó todo en silencio.

En 1983, la radio mencionó la sigla CONADEP. Solanille montó su Vespa y encaró hacia Córdoba. Declaró ante la Comisión y dos años después lo hizo en el Juicio a las Juntas. Su testimonio fue clave para reconocer el sitio donde estaba la Loma del Torito y guiar las primeras expediciones en la zona en 1984. Solanille falleció en 2019, sosteniendo hasta el último día lo que había visto.

Una denuncia, un geólogo y cuarenta años de espera

Las investigaciones en La Perla comenzaron hace más de veinte años, impulsadas en gran medida por una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero fue recién en 2024 cuando el geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto Guillermo Sagripanti logró un avance decisivo: accedió a fotografías aéreas del lugar tomadas en 1979 y, con nueva tecnología, acotó la zona de excavación a diez hectáreas.

Esa precisión fue lo que permitió que, entre septiembre y noviembre de 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) excavara cuatro hectáreas en la Loma del Torito —dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera— con diez mil metros lineales de trincheras. Allí encontraron restos óseos humanos dispersos y desarticulados, evidencia de antiguas fosas removidas. Era exactamente lo que los testimonios habían señalado desde hacía décadas.

Carlos Vullo, director del Laboratorio de Genética del EAAF, explicó al diario LaVoz el desafío: los restos llegaron fragmentados, contaminados, degradados. Primero hubo que descontaminar exhaustivamente cada muestra para preservar el ADN genuino y eliminar hongos y bacterias. Luego se molieron los huesos hasta convertirlos en polvo fino, se extrajo el material genético con equipos semiautomatizados y se lo amplificó con técnicas de PCR.

“Es como si quisiéramos leer una hoja que está fragmentada en cuatro partes: si unimos esos pedazos, podemos seguir leyendo. Pero si uno rompe ese papel en 120 partes, es mucho más difícil acomodar las piezas del texto”, graficó Vullo.

El perfil genético obtenido —una suerte de documento de identidad biológico— se cotejó luego con las muestras de sangre donadas por familiares de desaparecidos en el banco de datos nacional, que reúne entre doce mil y catorce mil muestras. El software del EAAF establece coincidencias en hora y media. Pero la confirmación final siempre cruza los datos genéticos con toda la información antropológica, histórica y testimonial reunida. Solo después, la Justicia notifica a los familiares.

Dos veces la misma noticia

El 10 de marzo pasado, a días del cincuenta aniversario del golpe, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja convocó a una conferencia de prensa y anunció la primera tanda: doce personas identificadas. Entre ellas, Mario Alberto Nívoli, baterista de Las Perdices que había estudiado ingeniería química en Santa Fe y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977, cuando su hija Soledad tenía cuatro meses. “Cuando supe que en septiembre habían encontrado la fosa de La Perla y que mi papá podía estar ahí, comencé a ordenar mi casa. A hacer lugar. Ahora me doy cuenta de que lo estaba esperando”, dijo Soledad a LaVoz al enterarse de la identificación.

En aquel hallazgo también fueron identificados Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Cantón, José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.

La semana pasada el mismo juzgado confirmó once identificaciones más. La segunda tanda incluye a tres parejas que habían sido secuestradas y asesinadas juntas, y cuyos restos fueron hallados también juntos, cuarenta y ocho años después.

“Este nuevo hallazgo es significativo para Córdoba. Una de las asignaturas pendientes era encontrar la fosa de La Perla donde se enterraron desaparecidos”, señaló Vullo.

Tres parejas, las nuevas identidades

Ester Felipe y Luis Mónaco militaban en Villa María. Ella era psicóloga, nacida en Las Varillas. Él, periodista, camarógrafo de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba y delegado sindical. Ambos integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y, según testimonios de sobrevivientes, permanecieron aproximadamente una semana en La Perla antes de ser fusilados. Sus restos aparecieron juntos en Loma del Torito.

Su hija, la periodista e investigadora Paula Mónaco Felipe, vive en México. Describió la noticia como una “conmoción muy linda” y una “inesperada forma de felicidad”. “Permanecieron juntos pese a todo, pese a tanto que les hicieron vivos e incluso muertos”, dijo. Y también: “Saber que la tierra nos los guardó y nos los devuelve te reconcilia de alguna forma con muchas cosas del universo”. Pero no sin advertir lo que queda pendiente: “La ausencia ocupa muchísimo espacio y la ausencia va a seguir ahí, el dolor seguirá ahí”.

Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy formaban otra pareja, oriundos de Tres de Febrero. Él fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de la funeraria Punilla donde trabajaba; ella fue detenida poco después en la misma ciudad. Tenían militancia política —él vinculado a Montoneros, ella a la Juventud Peronista— y también compartían el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch. Cuando fueron secuestrados, tenían una hija pequeña, Mariela, que fue rescatada por vecinos y entregada a familiares. Sus restos aparecieron juntos.

También fueron identificados José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga. 

Además se reveló la identidad de Edelmiro Cruz Bustos, reconocido dirigente de la Juventud Radical secuestrado en abril de 1976. Y Graciela Doldán, abogada laboralista y militante montonera, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti. “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”, comentó sus redes el exmandatario provincial. Roberto, hermano de Graciela, resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La búsqueda no termina

En mayo de 2026, el EAAF inició la Campaña 2026: nuevas excavaciones en tres hectáreas adyacentes al área trabajada el año anterior, con financiamiento garantizado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación y con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Los trabajos se extenderán hasta fines de septiembre.

Paula Mónaco Felipe hizo un llamado urgente al Estado para que multiplique los recursos destinados a estas tareas. Al ritmo actual, advirtió, podría llevar años identificar los restos ya recuperados, mientras los familiares siguen muriendo sin certezas. “No es justo que se sigan muriendo sin certeza cuando esos restos ya están ahí”. Vullo sabe que cada caso abierto tiene una fecha de inicio pero no de cierre. “Estos casos sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.”

Queda tierra por excavar. Quedan familias esperando. De los 2.200 a 2.500 que pasaron por La Perla, la enorme mayoría continúa desaparecida. Los cuerpos identificados ahora son apenas el principio de una deuda que el Estado todavía no termina de saldar.

La movida de Mauricio Macri en contra de Javier Milei sorprendió a todos en el PRO. Solo Fernando de Andreis, el presidente del partido y mano derecha de Macri, estaba al tanto del “manifiesto” con el que el expresidente salió a marcarle la cancha al gobierno libertario. Hubo enojo entre los gobernadores y otros presidentes del partido, pero a Macri no le importó: el golpe estaba dirigido a Manuel Adorni, pero los destinatarios eran Milei y su propio partido. El expresidente busca recuperar el liderazgo del PRO, para afuera y para adentro. Por eso sube el perfil, organiza recorridas y prepara, para este viernes, un acto en Vicente López con el mismo lema del comunicado: “El próximo paso”. 

Los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres llamaron furiosos por teléfono a De Andreis cuando vieron el comunicado. Lo mismo pasó con Cristian Ritondo, jefe del bloque en Diputados y presidente del partido en la Provincia de Buenos Aires. Ninguno había sido consultado previamente y, como el propio Gobierno, se enteraron de la publicación del comunicado cuando se compartió en las redes sociales del PRO. 

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, lanzó Macri, a través del equipo de comunicación de De Andreis, en una bomba teledirigida a Adorni que, con el correr de las horas, fueron ratificando sus voceros, como el senador Martín Goerling o el propio De Andreis. Había llegado el momento de despegarse de la mancha venenosa del gobierno de Milei. 

“AEA, Techint. Estas son las cosas que pasan por decirle ‘Don Chatarrin’ a Rocca”, ironizó un dirigente del PRO, aludiendo al enojo de un sector del círculo rojo con los insultos que Milei viene dispensando contra el establishment económico y periodístico. Un enojo que tiene a varios empresarios discutiendo la posibilidad de instalar una alternativa “racional” a Milei en 2027 que garantice el programa económico de La Libertad Avanza pero que lo pueda volver políticamente sostenible. Una hipótesis que el propio Macri empezó a barajar en reuniones en privado con empresarios, como Paolo Rocca, el dueño de Techint que, por estas horas, el Gobierno define como “su principal opositor”. 

El despegue de Macri, sin embargo, no fue consensuado con el resto del partido que todavía apuesta a sellar una alianza con LLA el año que viene para garantizarse la supervivencia en el territorio. Es el caso de Frigerio, pero fundamentalmente el de la dupla bonaerense de Cristian Ritondo y Diego Santilli, que salieron rápidamente a diferenciarse del comunicado del PRO. “Yo no fui consultado”, se atajó, irritado, Ritondo, en diálogo con elDiarioAR. 

El mensaje de Macri también los tenía a ellos como destinatarios. “Mauricio les está diciendo que el que maneja el PRO es él, que se divirtieron durante algunos años pero que ahora el líder es él”, analiza un referente porteño amarillo, que se distanció hace un par de años del expresidente y juega a volver a acercarse. 

Macri, que quedó duramente golpeado tras la derrota de la lista encabezada por Silvia Lospennato en la elección porteña de mayo, dejó en manos de sus alfiles provinciales el armado de las listas nacionales de octubre. Se desentendió, pidió garantizar algunos nombres propios –como el de De Andreis– y habilitó al ala negociadora de Ritondo a cerrar acuerdos con LLA en donde pudiera. Ahora, en cambio, Macri quiere levantar el perfil y participar más activamente de la vida del partido. 

Aunque sea desde el exterior, donde estaba de viaje cuando mandó a publicar el comunicado del PRO. 

Acto en Vicente López y sesión por Adorni

El próximo paso de Macri será encabezar un acto en Vicente López el viernes. No será tan populoso como el de Parque Norte hace un mes, al que convocó a toda la dirigencia del PRO para dar una muestra de fortaleza, pero sí lo suficiente como para hacer un llamado de atención desde uno de los pocos municipios del conurbano que el PRO todavía gobierna. Y no por cualquier intendente, sino por Soledad Martínez, una de las pocas 100% macristas que quedan en el PRO. 

Será la primera actividad de Macri en la Provincia de Buenos Aires en muchos años. El encargado de diagramarle las recorridas es De Andreis, quien pasó a hacerse cargo del PRO en enero y viene de cortar toda posibilidad de un futuro acuerdo político con Patricia Bullrich en medio de los gestos de acercamiento de la exministra. “Lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un partido a otro. Eso le ha hecho mucho daño a ella y a la política argentina”, chicaneó en diálogo con Radio La Red, durante el fin de semana. 

Macri estuvo hace unas semanas en Corrientes y Chaco y tiene planeado viajar a Santa Fe después del acto de Vicente López. Lo llama la gira de “El próximo paso”. ¿Un guiño hacia una futura candidatura? Quienes más lo conocen a Macri lo rechazan de lleno, deslizando que está “en otras cosas” desde su separación con Juliana Awada. Pero Macri igual coquetea con la posibilidad, sabedor de que, aunque no tiene los votos para ganar una elección presidencial, puede tener los votos suficientes para evitar que Milei gane. Y eso, en una negociación con Karina Milei, vale mucho. 

Por eso juega a tensionar. “Esto no cambia el vínculo con el Gobierno ni cierra puertas para el futuro”, se apura en aclarar un dirigente de confianza de Macri. El expresidente no está dispuesto a romper del todo con Milei, y es por eso que su bloque no participará de la sesión opositora del jueves en la Cámara de Diputados.

Es una incógnita hasta qué punto Macri estaba dispuesto a dejar correr su enojo con Adorni y Milei. La última vez que vio al Presidente, incluso, fue para recomendarle que no fuera el vocero quien reemplazara a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Macri quiere venganza, pero no todavía. Es por ese motivo que no presionará a Ritondo para que de quórum el jueves cuando la oposición intente tratar un paquete de leyes destinadas a interpelar a Adorni. 

Pero es cuestión de tiempo. “Estamos en las medidas preparatorias”, vaticinó, irónico, un diputado del PRO.

MCM/CRM

La Justicia avanzó con nuevas medidas en la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa Bettina Angeletti. El juez Ariel Lijo requirió información detallada sobre contratos, facturación y vínculos comerciales entre la consultora +BE y tres empresas privadas con conexiones con organismos estatales.

El magistrado solicitó al Grupo Datco, a National Shipping S.A. y a Foggia Group que entreguen todas las facturas, órdenes de licitación y documentación relacionada con la firma perteneciente a Angeletti.

La medida se desarrolla en paralelo a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario nacional y busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento o beneficio económico irregular hacia la consultora.

Según consta en el expediente, uno de los puntos bajo análisis es la relación comercial entre +BE y empresas que mantienen contrataciones o vínculos con distintas áreas del Estado nacional.

Entre ellas aparece el Grupo Datco, proveedor de servicios tecnológicos para organismos públicos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.

También figura National Shipping S.A., una empresa naviera vinculada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y considerada una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni se desempeña como director titular.

La tercera compañía involucrada es Foggia Group, dirigida por Mara Gorini, señalada como una colaboradora cercana de Karina Milei. La firma está relacionada con la concesión de Tecnópolis y organizó distintos eventos libertarios, incluidos actos en el Luna Park y el Movistar Arena donde participó el presidente Javier Milei.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza.

De acuerdo con el texto judicial, la causa intenta determinar si existió “un posible esquema de retorno de fondos públicos” a través de relaciones comerciales entre empresas privadas y la consultora vinculada a la esposa del funcionario.

Con información de la agencia NA

La semana que comienza será, para el gobierno de Javier Milei, un nuevo intento por recuperar la iniciativa política después de varios días absorbidos por el caso que involucra a Manuel Adorni. En la Casa Rosada aseguran que el Presidente busca dejar atrás el ruido generado por las revelaciones judiciales sobre el patrimonio de su jefe de Gabinete y volver a concentrar la atención en aquello que considera el corazón de su gestión: el programa económico y la profundización del ajuste sobre el Estado.

Pero, aun cuando el oficialismo intenta reinstalar una imagen de normalidad, el expediente que rodea a Adorni sigue proyectando su sombra sobre el funcionamiento cotidiano del Gobierno, alimenta una preocupación cada vez más visible por la parálisis de áreas sensibles de la administración y amenaza con seguir condicionando el clima interno de Balcarce 50.

En distintos despachos oficiales reconocen que las últimas semanas estuvieron consumidas por tareas defensivas. Ministros, secretarios y asesores debieron dedicar buena parte de su tiempo a responder consultas periodísticas, contener a sus propios equipos y recalcular la agenda pública de cada área. El efecto, admiten en voz baja, fue una desaceleración del ritmo de gestión. “Venimos de un verano donde pudimos sacar la reforma laboral, fue algo histórico”, se lamentó ante elDiarioAR un dirigente que ve cómo el capital político alcanzado por el Gobierno pareció haberse esfumado en estos últimos dos meses.

Proyectos demorados, decisiones postergadas y funcionarios que optaron por bajar el perfil son algunas de las consecuencias de una crisis que hace rato que dejó de ser percibida como un problema exclusivamente personal de Adorni para convertirse en un factor de desgaste sobre el conjunto del oficialismo.

No son pocos, incluso, los que empiezan a mirar el calendario con una mezcla de ansiedad y pragmatismo. En los pasillos de la Casa Rosada circula la idea de que el inicio del Mundial de fútbol, el próximo 11 de junio, podría funcionar como un punto de inflexión mediático capaz de correr el foco de la controversia y permitirle al Gobierno recuperar aire. “Si llegamos al Mundial con esto todavía abierto, por lo menos la gente va a hablar de otra cosa”, sintetizó, en estricto off the record, un integrante del gabinete. La frase, mitad broma y mitad expresión de deseo, refleja hasta qué punto el oficialismo confía en que algún acontecimiento externo contribuya a desplazar una discusión que, por ahora, sigue monopolizando buena parte de la conversación política.

El blindaje presidencial a Adorni quedó ratificado el viernes pasado durante la primera reunión ampliada de gabinete después de un mes sin convocatorias de ese tipo. Allí, según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, Milei no solo volvió a respaldar a su jefe de Gabinete sino que justificó su decisión con un argumento de fuerte carga personal: lo definió ante sus ministros como una persona “honesta”. La frase buscó clausurar cualquier especulación sobre una eventual salida y dejó en claro que, al menos por ahora, el Presidente no está dispuesto a revisar su respaldo político al funcionario más cuestionado del gabinete.

Milei busca reordenar prioridades y transmitir la idea de que el Gobierno sigue concentrado en su hoja de ruta. Con ese mensaje todavía fresco, el oficialismo prevé retomar esta semana su rutina política habitual. Si no hay cambios de último momento, este martes volvería a reunirse la mesa política, el ámbito en el que la mesa chica del oficialismo, encabezada por Karina Milei, intenta coordinar la estrategia legislativa, analizan el clima político y evalúan el impacto de las principales crisis. Allí volverá a sobrevolar el caso Adorni y, con él, el papel cada vez más disruptivo que asumió Bullrich dentro del oficialismo.

La jefa del bloque libertario en el Senado fue la primera dirigente del núcleo gobernante en verbalizar públicamente lo que muchos funcionarios comentaban en privado. Primero le reprochó a Adorni, delante del propio Milei y de Karina Milei, que ordenara su situación patrimonial porque “todo es un quilombo” y el tema le trababa las leyes en el Congreso. Después reclamó en televisión que exhibiera “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Esa doble intervención quebró una regla tácita del oficialismo, según la cual los cuestionamientos internos rara vez se exteriorizan, y consolidó a Bullrich como una de las pocas figuras con capacidad para tensionar abiertamente el blindaje presidencial.

Su actitud volvió a poner de relieve la relación tirante que mantiene con Karina Milei, atravesada por desconfianzas acumuladas y por una disputa silenciosa por espacios de poder. El malestar de Bullrich no se limita al caso Adorni, pero encontró en esa crisis una oportunidad para expresar una incomodidad más profunda con la lógica de “subordinación o exterminio” que, según describen cerca de la dirigente, domina el funcionamiento interno de La Libertad Avanza.

El contexto político más amplio también empezó a mostrar señales de fatiga entre los aliados. Este lunes, el PRO difundió un comunicado en el que tomó distancia del Gobierno y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. Aunque el mensaje no estuvo dirigido exclusivamente al caso Adorni, en la Casa Rosada fue leído como otra evidencia de que el respaldo externo al oficialismo comienza a volverse menos automático frente a las controversias que afectan al núcleo del poder.

La preocupación no se limita al frente político. En el entorno presidencial seguirán con atención el dato de inflación de abril, que el INDEC dará a conocer el jueves. El Gobierno espera exhibir ese número como una señal de desaceleración tras el 3,4% de marzo, además de como un argumento para reinstalar el eje económico en el centro de la escena. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideran que una mejora en las variables de precios puede ayudar a restaurar la narrativa de éxito económico y reducir el impacto del ruido institucional sobre la percepción de los mercados.

Si no surgen imprevistos, el próximo viernes Milei volverá a reunir a todo su gabinete en Casa Rosada, nuevamente alrededor de las 14. El encuentro tendría como objetivo seguir revisando la marcha del plan de gobierno y ordenar la estrategia legislativa para el segundo semestre. Sobre la mesa estarán proyectos que el oficialismo considera prioritarios, como la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental, además de la búsqueda de acuerdos con distintos bloques parlamentarios para garantizar su aprobación.

La intención del Presidente es recuperar la agenda que el Gobierno considera propia y desplazar el foco desde la crisis política hacia la gestión. Sin embargo, en Balcarce 50 nadie da por cerrado el capítulo Adorni. Y aunque Milei insiste en que su jefe de Gabinete no es culpable de nada de lo que se le acusa, y mantiene intacta la decisión de sostenerlo, el interrogante es si el oficialismo podrá volver a concentrarse en sus reformas o si el desgaste político terminará fagocitándose definitivamente el funcionamiento del conjunto de la administración.

PL/CRM

El Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) votó por unanimidad una declaración en defensa del Estatuto del Periodista Profesional de Argentina, que fue respaldada por unos 250 delegados de sindicatos de prensa cinco continentes. También repudió la represión a periodistas y expresó su total solidaridad con Pablo Grillo, el fotógrafo agredido por la Gendarmería en una marcha de jubilados en marzo de 2025.

“En la Argentina enfrentamos al gobierno de ultra derecha de Javier Milei, que ataca al periodismo constantemente. Enfrentamos un intento de derogación de Estatuto, el intento de cierre de la agencia de noticias Télam y resistimos para poder volver a ponerla en funcionamiento y defender los medios públicos”, dijo la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Carla Gaudensi, al hablar ante el congreso que sesionó en París y presentar la moción de solidaridad.

Gaudensi fue elegida para integrar el Comité Ejecutivo de la FIP, que es el órgano de conducción de la organización, para el período 2026-2029. “Vamos a trabajar a nivel mundial ante el avance de las derechas y los gobiernos autoritarios, que vienen a atacar el periodismo y la libertad de expresión. Y vamos a luchar juntas y juntos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona”, agregó.

Durante el congreso, que se realizó en el año del centenario de la fundación de la FIP, fue electa presidenta la periodista Zuliana Lainez, que preside la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. “Votamos una moción de solidaridad con las y los periodistas argentinos frente a la intención de derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Es fundamental defender los derechos laborales y acompañamos a la FATPREN en esta lucha porque no puede haber libertad de prensa si no hay un respeto a las condiciones laborales de los periodistas”, indicó Lainez. 

Además, el periodista estadounidense Jonathan Shleuss, presidente de News Guild, el sindicato más grande de periodistas de Estados Unidos, también cuestionó la decisión de “la administración de Milei que intenta desmantelar por completo el Estatuto” y señaló: “Es importante ponerse de pie ante ese ataque”.

En el mismo sentido, la periodista angoleña Maria Luísa Rogério señaló: “El Estatuto es muy importante, es el marco para defender a los periodistas y sus empleos. Nosotros, con el sindicato de periodistas de Angola, luchamos por más de 20 años para que el congreso aprobara nuestro estatuto. Por eso, damos nuestra entera solidaridad con las y los periodistas argentinos. Esperamos que no sea derogado”.

Durante buena parte de la última semana, la Casa Rosada funcionó como un laboratorio en miniatura de las tensiones que atraviesan al gobierno de Javier Milei. En la superficie, el oficialismo intentó transmitir una imagen de normalidad y disciplina, en medio de la vuelta de las conferencias de prensa y gestos cuidadosamente calculados para reforzar la idea de que el programa sigue intacto. Por debajo, sin embargo, el caso que envuelve a Manuel Adorni continuó expandiéndose hasta convertirse en algo más que un problema judicial o patrimonial. El expediente comenzó a alterar el equilibrio interno del gabinete, abrió fisuras entre algunos de los principales socios políticos del Presidente y, lo que resultó más inquietante, empezó a filtrarse incluso en las conversaciones con empresarios e inversores extranjeros.

El episodio deja en evidencia una paradoja que se repite con frecuencia en el universo libertario. Cuanto mayor es la presión sobre uno de sus funcionarios más cercanos, más decidido parece Milei a sostenerlo. Esa lógica de blindaje tiene una dimensión política, pero también simbólica: para el Presidente, retroceder frente a un cuestionamiento externo equivale a convalidar la ofensiva de sus adversarios. El problema es que, en esta oportunidad, la controversia dejó de ser un asunto exclusivamente mediático.

La declaración judicial del contratista Matías Tabar, con detalles sobre pagos en efectivo por US$245.000 para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, los cruces internos y las preguntas formuladas en la propia Casa Rosada terminaron convirtiendo el caso en un factor de desgaste capaz de interferir con la agenda legislativa, con la convivencia entre las distintas tribus oficialistas y con el relato económico que el Gobierno intenta ofrecer ante los mercados.

Blindaje presidencial

En Balcarce 50 describen las últimas semanas como una secuencia de movimientos destinados a recuperar la iniciativa y evitar que la crisis se convierta en un problema de gobernabilidad. Primero fue la conferencia de prensa que Adorni dio el lunes, concebida como una reaparición pública después de semanas de silencio. Luego llegó la foto junto a Milei antes del viaje presidencial a los Estados Unidos, durante la reunión con autoridades de la B'nai B'rith International, interpretada dentro del oficialismo como un respaldo explícito del Presidente.

El miércoles por la noche, Milei reforzó ese blindaje en una entrevista televisiva y descartó de plano una eventual salida del jefe de Gabinete. “Ni en pedo”, respondió cuando le preguntaron si evaluaba pedirle la renuncia. Y este viernes terminó de despejar cualquier especulación al volver a ratificarlo de manera enfática delante de todos sus ministros, en la primera reunión de gabinete después de más de un mes —la última había tenido lugar el 6 de abril. “A mí el desgaste político no me importa”, repite como un mantra el mandatario cada vez que tiene la oportunidad. El mensaje es inequívoco: Adorni no se mueve.

La decisión de reunir nuevamente al gabinete completo no fue casual. Durante las últimas cuatro semanas, la dinámica política del oficialismo había quedado concentrada en encuentros más reducidos de la mesa política, el ámbito en el que Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem analizan la marcha del Gobierno, porotean votos en el Congreso y calibran el impacto político de cada crisis. En esas reuniones, el caso Adorni se convirtió en un tema recurrente: no solo por sus derivaciones judiciales, sino por el ruido que empezó a generar sobre el conjunto de la gestión y por el temor de que termine interfiriendo con las prioridades legislativas y económicas del oficialismo.

El encuentro de este viernes comenzó a las 14 y se extendió durante dos horas y media. Milei habló durante aproximadamente 30 minutos, volvió a darle un respaldo explícito a Adorni, ofreció un panorama general sobre la marcha de la administración y delineó los objetivos para lo que resta del año y para 2027. Acto seguido, se retiró para continuar con actividades en la residencia de Olivos. Según trascendió, a partir de ese momento, el jefe de Gabinete tomó el control del encuentro. Agradeció a los equipos ministeriales por el trabajo realizado para su informe de gestión presentado el 29 de abril ante la Cámara de Diputados y repasó aspectos vinculados a la reestructuración presupuestaria, los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos.

También hubo espacio para el frente legislativo. Menem y Bullrich expusieron sobre los proyectos que el oficialismo considera prioritarios para los próximos meses, entre ellos la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental. El dato no es menor: buena parte del malestar interno en torno a Adorni se vincula precisamente con la percepción de que su situación judicial está comenzando a complicar la agenda parlamentaria del Gobierno.

La titular del bloque oficialista en el Senado fue una de las voces más incisivas al respecto. En un intento además por contener a la propia base electoral libertaria, Bullrich se encargó de trasladar su preocupación al plano público al sostener que el jefe de Gabinete debía presentar “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Hace un mes, delante del propio Milei y de Karina Milei, ya le había dicho a Adorni: “Manuel, acomodá tus papeles porque todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. De hecho, el viernes, una vez que el Presidente se retiró de la reunión de gabinete, Bullrich insistió con la cuestión. “Patricia parece la única que de verdad piensa políticamente y no quiere saber nada con perder”, señaló un habitante de los pasillos —hoy restringidos a la prensa— de Balcarce 50.

Lo cierto es que en el entorno del ministro coordinador ya tomaron una decisión que hasta hace pocos días seguía bajo análisis: el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada patrimonial mucho antes del 31 de julio, el plazo legal previsto para ese trámite. Según pudo saber elDiarioAR, la documentación será dada a conocer en algún momento de las próximas semanas, en un movimiento orientado a desactivar parte de las sospechas y a responder a los reclamos, tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo.

“La intención es volver a recuperar la agenda”, apuntaron en uno de los despachos oficiales. Hay quienes creen que la jugada de Bullrich —digna de una política “profesional”— permitió también descomprimir parte de la tensión interna acumulada durante semanas. Al expresar en voz alta un malestar que varios funcionarios compartían en privado, permitió canalizar el conflicto y evitar que siguiera acumulándose de forma subterránea. “Ayudó”, fue la escueta definición de una fuente oficialista al tanto de las fricciones. Sin embargo, nada lleva a pensar que la relación entre la senadora y Karina Milei vaya a recomponerse fácilmente. La desconfianza entre ambas es vox populi y persiste. ¿Responde a una todavía latente, pero cada vez más manifiesta, disputa de poder que excede largamente el caso Adorni? Es una pregunta sin respuesta que inquieta hoy a buena parte de la tropa de La Libertad Avanza.

“Riesgo Adorni”

Otra dimensión sensible de la polémica que envuelve hoy al jefe de Gabinete quedó expuesta este viernes, pocas horas antes de la reunión que encabezó Milei. En una conferencia de prensa convocada para presentar el llamado “super RIGI”, Adorni reapareció junto a Luis Caputo y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo era anunciar un nuevo esquema de incentivos para atraer inversiones de gran escala. Sin embargo, la presentación terminó dominada por preguntas sobre el denominado “riesgo Adorni”.

Caputo tuvo entonces que responder si el escándalo estaba influyendo sobre el riesgo país. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, aseguró. “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”, agregó, en una frase que buscó relativizar la controversia pero que, al mismo tiempo, confirmó que el caso ya se había colado en las conversaciones con empresarios.

El ministro insistió además en que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y volvió a apelar al concepto de “riesgo kuka” para explicar la persistencia del riesgo país, pese a que días atrás lo había descartado públicamente. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó.

La secuencia de los últimos días condensó así el dilema que enfrenta el oficialismo. Mientras Milei y su hermana consideran que ceder equivaldría a validar una operación política contra el Gobierno, otros sectores empiezan a preguntarse cuánto desgaste adicional puede absorber la administración sin afectar la estabilidad que el programa económico necesita para sostenerse. La evidente caída en la imagen presidencial es una luz roja en el tablero. Sin embargo, la decisión está tomada: Adorni seguirá en su cargo y continuará recibiendo un respaldo explícito. Pero el interrogante ya cambió de naturaleza. La cuestión no es únicamente si el jefe de Gabinete podrá resistir judicialmente, sino cuánto tiempo más podrá el Gobierno evitar que su crisis personal termine proyectándose sobre el conjunto del experimento libertario.

PL/MG

Un piano de cola Yamaha GB1 a US$15.000. Consolas y sistemas de mezcla de Avid por US$35.000 la unidad, monitores de mastering Bowers & Wilkins de US$38.000 y micrófonos de referencia mundial como el Neumann U87, de entre US$3.000 y US$4.000. También preamplificadores, compresores y sistemas de audio inmersivo de gama alta. Tal detalle de equipos de un estudio de grabación de punta comenzó a circular en los últimos días por redes sociales como una venta particular con el dato llamativo: corresponden exactamente a la infraestructura que tenía el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM). El espacio fue desmantelado en los últimos meses por el Gobierno al ritmo de la privatización mileísta del parque cultural y educativo emblema del kirchnerismo.

Las imágenes de un supuesto Excel en el que se ofrecían al mercado de manera ilegal dichos equipos llegaron a técnicos de sonido y profesionales del ambiente musical. Una advertencia en sus redes por la ex directora del CIAM Natalia Perelman, quien fue removida en octubre de 2024 por la gestión de Javier Milei, generó un viral que llegó puertas adentro de la Secretaría de Cultura de la Nación –a cargo de Leonardo Cifelli–. En Nación no salieron a desmentir la información, hasta una consulta puntual de elDiarioAR: “Todo fue inventariado y está guardado actualmente en el Palacio Libertad”, expresó una funcionaria a este medio que rechazó de plano que los equipos estén en venta.

Este sábado a la tarde, el propio Cifelli hizo un posteo en su Instagram en el que habla de que “llega un estudio de grabación al Palacio Libertad”. No admite que se cerró el CIAM, sino que argumenta que el estudio se trata de “un recurso existente, proveniente de Tecnópolis, para integrarlo a un entorno con mayor actividad, más circulación y más oportunidades de desarrollo”. elDiarioAR intentó consultar al actual director de Tecnópolis, Mariano Cazorla, por la supuesta lista de venta de equipos, pero en su entorno explicaron que “no se mete con un fake”.

El viral reveló, sin embargo, cierta inquietud que hay detrás del cierre de Tecnópolis y el desmantelamiento del patrimonio cultural estatal allí instalado –desde el CIAM a los emblemáticos dinosaurios, o el icónico avión de Aerolíneas Argentinas–. El Gobierno tiene que dejar “pelado” antes del 30 de junio el predio de 500.000 m² y ubicado en Villa Martelli a la vera de la avenida General Paz. En julio comenzaría la privatización de una concesión por 25 años que aún está por resolverse: la licitación sigue sin definirse y hay serias sospechas sobre quién será el privado a cargo de la explotación del parque, debido a un supuesto vínculo con Karina Milei y Manuel Adorni.

¿Dónde están los equipos del CIAM?

“El CIAM fue uno de los cinco mejores cinco estudios del país y fue uno de los primeros a nivel mundial por tener un equipo de mezcla de sonido inmersiva a nivel público. Fue un espacio multidisciplinario y una institución de referencia como política pública para la música y el sonido”, destacó Perelman a este medio. El espacio tenía un estudio donde podían grabar 30 músicos en simultáneo y un estudio B donde se realizaban mezclas y másters. 

Todo el equipo del CIAM terminó de ser embalado el martes de la semana pasada, según consignó el diario Página/12. La mudanza de todo el material fue hacia el Palacio Libertad, el ex CCK, en el Bajo porteño. Fuentes de Cultura aseguraron a elDiarioAR que “el estudio de grabación se inventarió para traspasarse y construirse en el Palacio”. La reconstrucción aún es un proyecto, pero sería en una de las salas libres que tiene el enorme edificio que supo ser de Correo. En particular sería en el llamado “sector industrial”, que es la parte nueva del Palacio y cuya infraestructura puede ser modificada –lo demás es patrimonio histórico–. 

El futuro estudio de grabación ya tendría la misma lógica libertaria del PL: “Será para realizar grabaciones y contenidos propios, pero también para alquilar a privados”, planteó la fuente consultada. 

Durante la gestión de Alberto Fernández, bajo el Ministerio de Cultura, el CIAM “se propuso democratizar el acceso al registro musical y la producción fonográfica para instituciones, ONGs, organismos del Estado y proyectos de alto valor musical que no podían acceder a otras formas de grabación por el oneroso valor de ese servicio”, detalló Perelman. Recibió a más de 1400 artistas entre 2021 y 2024, hubo clases especiales para escuelas, conservatorios y universidades, y se grabaron más de 10 orquestas infanto-juveniles. Una grabación del invierno 2021 del guitarrista Juan Falú y la cantora Nadia Szachniuk, que está en YouTube, permite observar las excelsas instalaciones que tenía el CIAM.

El patrimonio del CIAM es millonario. Según el viral de los equipos en venta, el equipamiento profesional de audio, grabación y postproducción estaba valuado en cerca de US$240.000, entre consolas de mezcla de alta gama, sistemas Dolby Atmos, micrófonos de estudio, monitores de mastering y un piano de cola Yamaha. Pero además había materiales de alta calidad en el espacio como el sistema de cableado o los vidrios y los paneles acústicos. Según insistieron en Cultura, “todo el material fue embalado, con precinto de seguridad y trasladado al Palacio”. “No existe esa falsa lista de venta”, apuntó la fuente consultada. 

El futuro de Tecnópolis

Como el CIAM que fue traslado al ex CCK, otros íconos de Tecnópolis también fueron mudados. Algunos de los dinosaurios de lo que fue Tierra de Dinos están en la sede de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en Godoy Cruz 2320, Palermo. 

Pero también los trabajadores que allí se desempeñaban, aunque podrían perder su puesto ya que los contratos vencen justamente el 30 de junio. En Cultura aseguraron que “en junio el director verá qué demanda de empleo hay para esas personas en otras áreas”. Hay, por ejemplo, diseñadores y fotógrafos que no saben qué trabajo tendrán dentro de un mes. A su vez, empleados de empresas proveedoras de servicios de Tecnópolis –como intendencia, limpieza o fumigación– podrían ser reincorporados con la nueva concesión. En ATE Cultura reclaman por la continuidad de 25 trabajadores, pero aseguraron a este medio que hay 200 personas con contrato hasta junio.

“El privado agarra un predio pelado”, planteó la fuente oficial. Pero quién será el privado que se haga cargo de Tecnópolis aún se desconoce. En la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) afirmaron a elDiarioAR que la concesión “todavía está en proceso administrativo”. Un vocero en el área explicó que recién se está con la primera apertura de sobres para ver capacidad, técnica, económica, garantías, etcétera. Luego habrá una segunda instancia con las propuestas concretas.

Hubo ocho proveedores participantes y de ahí tres ofertas confirmadas, pero dos quedaron en carrera: DirecTV –del Grupo Werthein– junto con Torneo y Competencias, por un lado, y Buenos Aires Arena SA, manejado detrás por el diario La Nación, que ya explota el Movistar Arena. Afuera quedó Perfeta Producciones SA, de Marcelo Fígoli, dueño de la productora Fenix, del Parque de la Costa y radios como Rivadavia y Rock&Pop. 

El plazo para la presentación de ofertas para la concesión de Tecnópolis se cerró el 9 de febrero y tuvo un precio base de canon de $611.000.000,00. El pliego estipula entre US$400.000 y US$600.000 dólares mensuales por alquiler –cerca de 180 millones de dólares para 25 años–, con dos años y medio de gracia. El identificador del proceso en el sistema Comprar.gob.ar es 392-0006-CPU25. 

La polémica detrás de la licitación es que DirecTV está asociada con Foggia Group, firma donde hasta el 1 de diciembre de 2023 fue apoderada Mara Gorini, mano derecha de Karina en la Secretaría General de la Presidencia, y quien organizó los Movistar Arena en los que estuvo Milei como orador y hasta cantante. El titular de la firma hoy es Marcelo Carlos Dionisio, pareja de Gorini. La licitación además tiene que ser confirmada por la Jefatura de Gabinete de Adorni.

MC

El expediente de Manuel Adorni acumula datos de propiedades, refacciones, préstamos de jubiladas y viajes que disparan la sospecha, pero hay otra cuenta reconstruida que concita la atención en funcionarios judiciales de Comodoro Py: gastos mensuales consecutivos de entre US$18.000 y US$ 20.000.  

Ese monto, que sólo se refiere a la parte en blanco de una familia con alta propensión a gastar en efectivo y sin factura, quintuplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar en febrero de 2026, de $5,5 millones (USD 3.900) en mano, y decuplica los $2,7 millones (USD 1.900) que obtenía hasta enero. Con ese panorama, una fuente clave, al tanto de los pormenores del expediente, da cabida a la hipótesis de un delito con pena no excarcelable (5 a 22 años): lavado de activos.

Comprobantes obtenidos en allanamientos, requerimientos a bancos y oficinas públicas o aportados por testigos indican que la familia Adorni-Angeletti afronta mensualmente erogaciones por unos $2,5 millones de expensas (USD 1.700) entre el departamento de Caballito en el que vive, el de Parque Chacabuco que está a la venta, otra unidad en La Plata y la casa en el barrio privado Indio Cua en Exaltación de la Cruz, norte de Buenos Aires. A ello se suman montos fijos de servicios, seguros, tasas e impuestos sobre las propiedades y la camioneta Jeep Compass adquirida en 2024, la cuota del colegio de los dos hijos ($ 1,6 millones o USD 1.100), y resúmenes de tarjeta de crédito que, en los últimos 24 meses, tuvieron un piso de $10 millones en septiembre de 2024 y un máximo de $22millones en el mismo mes de 2025.

La estrategia del abogado de Adorni, por ahora, es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar

El 10 de abril, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa, Bettina Angeletti, la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, y +BE, de la mujer.

Según la fuente citada, la suma de gastos que, tomados por separado, no llamarían la atención en una familia de ingresos medios-altos, es una vía por la que Adorni trataría de dar “apariencia de legitimidad” a ingresos que provendrían de un delito precedente.

El complemento de esos resúmenes pagados en el banco serían los viajes a Aruba, Punta del Este, Llao Llao, Gualeguaychú, Madrid y Nueva York, realizados desde 2024, por al menos US$30.000. En el rubro turístico, la familia del jefe de Gabinete abonó en efectivo y, cuando pudo, en negro. No se trata de un gasto mensual, pero sí habitual para el nivel de vida que Adorni y Angeletti decidieron darse.

El funcionario no respondió una consulta de este medio sobre sus gastos mensuales.

Con la mira en el notable incremento patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa, maneja la hipótesis de enriquecimiento ilícito como principal delito.

Desde diciembre de 2023, Adorni y Angeletti sumaron a su patrimonio una casa en Indio Cua escriturada a US$120.000, a la que le agregaron US$245.000 en refacciones; un departamento en la calle Miró, Caballito, anotado a US$ 230.000, más US$ 65.000 en obras; la camioneta Jeep valuada en al menos US$28.000. Todo ello, sin vender las propiedades en Parque Chacabuco y La Plata, declaradas tras la designación de Adorni como secretario de Comunicación, su primer puesto en el gobierno.

Cada una de sus adquisiciones tuvo el consiguiente gasto de escribanía e inmobiliaria, nuevamente, sin factura cuando fue posible. Parte de los US$690.000 abonados sólo en propiedades —un valor que de por sí genera dudas por indicios de subfacturación—, fue solventada mediante singulares préstamos de mujeres policías, dos jubiladas y amigos por unos US$ 365.000, de los cuales ya habría devuelto US$30.000.

El papel de la defensa de Adorni, en manos del penalista Matías Ledesma, llama la atención en fuentes que siguen el expediente. Hasta ahora, el abogado presenció declaraciones de testigos y constató los movimientos, pero no requirió una sola medida ni presentó ninguna aclaración o posicionamiento de Adorni. La estrategia es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar, evalúan.

Además de los tipos penales de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que serían los más graves que se barajan hasta ahora, Adorni enfrenta la sombra de negociaciones incompatibles con la función pública, por los contratos de su amigo y socio Marcelo Grandio con Canal 7-TV Pública, y dádivas, si se comprueba la menor de las hipótesis del viaje en vuelo privado a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. A propósito, la excursión carnavalesca, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

La figura del lavado de activos despierta polémica entre penalistas y funcionarios de Comodoro Py. Es un delito cuya prueba es trabajosa y tiene pocos condenados en comparación a otros tipos asociados a la corrupción (fraude, cohecho, evasión), en la medida en que se requiere establecer con claridad cuál fue el delito precedente que condujo al lavado.  

La excursión a Punta del Este en carnaval, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

Uno de los casos más emblemáticos es la condena a Lázaro Báez, en 2021. El excontratista allegado a la familia Kirchner fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de activos provenientes de la evasión fiscal y el fraude con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2010 y 2013.

Por ahora, el criterio tanto de Pollicita como de Lijo es avanzar en la recolección de pruebas, sin descartar ninguna hipótesis. Llegado el caso, el fiscal podrá proponer indagatorias y describir los hechos investigados, y el juez determinará procesamientos y el tipo penal en juego.  

El precedente $LIBRA

Hay, sin embargo, indicios del delito precedente. El vínculo de Adorni con los hermanos Novelli y otros cryptobros que acercaron la estafa $LIBRA al despacho presidencial es nítido.

Cuando el actual jefe de Gabinete era panelista en programas de La Nación + y Radio Rivadavia, también recibió ingresos por dar una “master class exclusiva a los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica”. La “master class” fue dictada el 2 de mayo de 2022. Además de Adorni, otros promotores de los negocios de esa firma fueron Milei y José Luis Espert.

N&W (Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) son hacedores de la presunta estafa que generó beneficios de decenas de millones de dólares para unos pocos avisados de un tuit presidencial, en febrero de 2025. Algunas visitas que Novelli y sus socios (Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Pía Novelli) hicieron a despachos de Milei en Casa Rosada y Olivos fueron con Adorni presente. En definitiva, reuniones de camaradería nacida antes de que cualquiera de ellos pusiera un pie en Casa Rosada.

“Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, celebró Novelli al salir de la oficina presidencial, el 30 de enero de 2025. Desde la misma Casa de Gobierno, el empresario transfirió US$500.000 dólares a un destinatario por ahora desconocido. Por la tarde, se precipitó a comprarse relojes Rolex, y buscó que fueran sin factura.

En el celular de Novelli quedó registrado un modelo de contrato por el que se le pagaría al menos US$5 millones al Presidente si éste promocionaba $LIBRA y declaraba a sus mentores como asesores en blockchain, hitos que, en efecto, ocurrieron. También fueron grabadas órdenes de pago para “Javi-Kari” y “los 4.000 que hay que darle a Karina”, cuando el Soez y su hermana ya reinaban en Casa Rosada. Davis —otro jefe de la presunta banda— se vanaglorió de manejar al mandatario a control remoto porque le enviaba dólares a su hermana.

El rastro de Adorni en los negocios montados por Novelli y los presuntos pagos relacionados con el “deal tremendo” debe ser probado.

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del entorno de Milei y hoy opositora, denunció que Adorni recibió US$3 millones depositados en billeteras virtuales, provenientes de $LIBRA y el cobro de reuniones y gestiones. No es un dato que conste a Pollicita ni a Lijo, aunque el fiscal recibió informes de que el funcionario realizó movimientos de entrada y salidas con criptomonedas, informó ayer el diario Clarín. Por su parte, mediante un comunicado, la firma de inversiones cripto Lemon Cash confirmó que el jefe de Gabinete tiene una cuenta a su nombre, pero desmintió el monto mencionado por Pagano.

La investigación de Comodoro Py también sigue la pista vinculada a los negocios de Angeletti como coach ontológica y su empresa +BE, en particular, con el Grupo Foggia. Esta firma, que perteneció a Mara Gorini, una asesora plenipotenciaria de Karina Milei, puja con La Nación y Fénix Entertainment por quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

Una tercera pista que no descartan en Comodoro Py es el cobro de entrevistas y gestiones, un rubro en el que Milei podría dar una verdadera “master class”. Una cuarta serían las versiones sobre sobresueldos, algo que en la exótica conferencia de prensa del viernes, ni Adorni ni los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva se animaron a desmentir.

La frutilla del postre, reveladora cabal de la vara ética de los Hermanos Milei, sería que el gobierno que propagó a los cuatro vientos que congeló los sueldos de los altos funcionarios durante dos años, en realidad funcionaba aceitado por fajos de billetes en negro, mientras hacía padecer lo indecible a profesores universitarios, médicos del Garrahan, jubilados y empleados públicos en general.

¿Por qué no lo echa?

Adorni, vocero del Ejecutivo ultra, permanece imposibilitado de esbozar un argumento sobre su repentina riqueza o de cambiar el eje de la agenda gubernamental mediante algún anuncio. Se esfuerza, el gobierno monta escenas, pero no lo logra. Las encuestas, unánimes, señalan un descenso sensible en la aprobación del gobierno y de Milei, aunque el mandatario sigue siendo un firme candidato a la reelección.

Patricia Bullrich se activa como si oliera sangre mientras las internas del oficialismo se dirimen en las pantallas de Clarín, La Nación, América 24, Carajo y Neura. Adorni ni siquiera junta fuerzas para responderle y atina a calificar a la senadora como “una fenómena”, ante un ataque indisimulado de quien fuera, hasta hace dos meses, su competidora para la candidatura en la Ciudad en 2027.

Aquí se impone la pregunta de por qué Milei hace trascender que está dispuesto a perder una elección antes que despedir a su jefe de Gabinete.

Semanas atrás, podría leerse que el ultraderechista tenía razones para no conceder una victoria a la oposición, con el desprendimiento de uno de los máximos responsables del entramado oficialista, pese al alto costo de su permanencia. Un equipo pequeño, reducido al Presidente, su hermana y pocos más, tenía en Adorni a un vocero dañado, probablemente anulado para siempre, pero la apuesta a que el tiempo subsanara heridas e hiciera olvidar las explicaciones pueriles sobre hipotecas concedidas por jubiladas era atendible.

El testimonio del constructor Matías Tabar de que Adorni le había abonado US$245.000 en efectivo y sin factura entre 2024 y 2025, y que había intentado influir en su declaración ante Pollicita, desbarató por completo la precaria ingeniería de préstamos y propiedades subvaluadas. Adorni maneja cientos de miles de dólares como si le quemaran.

¿Por qué no lo echa?, se preguntan dentro y fuera del Ejecutivo, incluso en tribunales. Milei se desprendió en su momento de Nicolás Posse y Diego Spagnuolo cuando complicaron la vida de la Casa Rosada y afectaron el equilibrio con Santiago Caputo. El Presidente se olvidó en cuanto lo necesitó de las cuarenta veladas en Olivos con Spagnuolo y los abrazos desmesurados con quien consideraba su otro yo, Posse. Con Manuel es distinto.

Una probable respuesta es que el salto económico de Adorni es inescindible del de los Milei. No podría existir un flujo de fondos desde Novelli y $LIBRA al jefe de gabinete sin que el Presidente recibiera su parte, mucho mayor, ni se daría un esquema de sobresueldos y cobro de entrevistas y charlas, una práctica con tanta pregnancia en los Milei. La ruta del Grupo Foggia, asociado al privilegiado Grupo Werthein para el proyecto en Tecnópolis, también remite a Karina, la protectora principal de Adorni.

No faltan quienes apuntan a la particular psiquis de Milei como razón última de todo. Como su flamante vara moral se basa en preguntarse “si mató a alguien”, y Adorni no es sospechado de asesinato, entonces que se quede.

Milei asume un riesgo. Podría darse que, de buenas a primeras, la investigación judicial entre en un pantano por intervención de la Cámara, que los indicadores económicos reviertan en parte la pérdida de ingresos que lastra a la población, que la inflación se quede entre el 1% el 2%, que la oposición se hunda en sus traumas y, con ello, cambie el “humor social”, y Adorni permanezca como un pasivo asumible de cara a 2027.

O podria ocurrir lo contrario: que la economía de Milei continúe mostrando su cara recesiva para la gran mayoría y Adorni sucumba ante pruebas irrefutables.

Así las cosas, su hundimiento sería el del gobierno. Bullrich se dio cuenta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Desde Chile, Patricia Bullrich llamó por teléfono a Javier Milei y, con la excusa de ofrecer una recomendación amigable, le mandó un mensaje envenenado: Manuel Adorni tenía que dar un paso al costado hasta que se expidiera la Justicia. Lo piden sus funcionarios, lo exige el círculo rojo y así lo muestran las métricas que llegan, semana a semana, a los despachos gubernamentales. El desgaste del caso Adorni estaba arrastrando al Gobierno y no había tema –el “super RIGI”, la reforma electoral o la guerra contra el periodismo– que pudiera evitarlo. 

A 1400 kilómetros de distancia, mientras tanto, un frigorífico en Moreno llamado “Cabañas Don Theo” abría una convocatoria para contratar administrativos, cajeros, carniceros y personal de carga y descarga. Ofrecían sueldos entre $1 millón y $1,3 millón y convocaban a los interesados a que dejar el currículum en la empresa. Había 60 vacantes pero, cuando llegó el día, se presentaron más de 4 mil personas. Jóvenes solos y con amigos, madres con sus hijos, jubilados, mujeres de mediana edad agotadas de esperar, durante horas, en la fila: la columna de postulantes era una espiral que daba la vuelta del frigorífico, se extendía más allá y volvía a envolverse sobre sí misma. 

En simultáneo, dos dimensiones de la crisis que atraviesa al Gobierno. La política, que tiene al Gobierno paralizado hace dos meses, con un Milei dispuesto a sacrificarse por su fusible y una Bullrich que ya empezó a coquetear con la idea de presentarse como alternativa en 2027. Y la económica, que viene explotando por goteo, con la crisis en los hospitales universitarios, la deuda con el PAMI, el derrumbe del empleo formal, el cierre de industrias y la morosidad récord de las familias. 

Pese al impacto mediático del caso Adorni, y a su efecto desestabilizador sobre el Gobierno, la hipótesis de un entramado de corrupción en el gabinete libertario aparece como un tema secundario en casi todas las encuestas de opinión pública. El último informe realizado por La Sastrería, conducida por Raúl Timerman, junto a las consultoras Tres Punto Zero y Alaska, registró que, en cambio, 7 de cada 10 consultados puso a la economía en el centro de sus preocupaciones.

Cuando le preguntaron a los encuestados cuál era su principal problema personal o familiar, el 45% dijo que eran los ingresos. Le siguieron la inflación (15%), la pobreza (10%), la inseguridad (7%), la desocupación (5%) y, recién en sexto lugar, apareció la corrupción (3%). 

Un conjunto de problemáticas que se puede resumir en cinco crisis que, detrás de la crisis política de Adorni, empujan para abajo la imagen negativa de Milei. 

La crisis en Salud

“Si no nos depositan los fondos, en un mes y medio nuestros hospitales van a dejar de funcionar”, advirtió el director del Instituto de Investigaciones Médicas, Norberto Lafos, el miércoles durante una conferencia de prensa en el Hospital de Clínicas. Reducción de la cantidad de cirugías y tratamientos médicos, recortes en la compra de medicamentos, pérdida del 50% del poder adquisitivo de médicos y enfermeros (que cobran entre un millón y un millón y medio de pesos, con dedicación exclusiva): la postal de los hospitales universitarios que integran la red UBA, que atiende a más de 700 mil pacientes todos los años, es crítica, pero apenas un reflejo de lo que sucede hace ya varios meses en gran parte del sistema de salud de todo el país. 

Los profesionales de la salud vienen encabezando marchas en diferentes ciudades del país. Rosario, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba. A los reclamos por sueldos pisados y falta de recursos para sostener la atención en los hospitales se le suma la preocupación por el desmantelamiento de programas como el Remediar o el de Cardiopatías Congénitas. El cierre del Instituto Nacional del Cáncer o el recorte del 75% del presupuesto destinado a la prevención del VIH, la hepatitis y la tuberculosis. 

El sistema de salud pública coquetea con el colapso. A los recortes se suma que hubo un incremento de las personas que se quedaron sin prepaga u obra social en el último par de años: según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a datos del INDEC, 742 mil personas se quedaron sin cobertura privada de salud desde noviembre de 2023. Esto presiona el sistema de salud público, ya golpeado y al borde del colapso. 

La crisis en Educación

La crisis de los hospitales universitarios es un resultado de la crisis presupuestaria que atraviesa a las universidades nacionales. Los rectores denuncian que las transferencias a las universidades nacionales registran, entre 2023 y 2026, una caída real acumulada del 45%. Se le suma a ello el deterioro del poder adquisitivo de los docentes, que vienen impulsando paros en casi todo el país y denuncian que están cobrando los salarios más bajos de los últimos 23 años. 

“Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario real de los docentes cayó en un 36%”, explica Blanca Osuna, diputada del peronismo e impulsora de la Ley de Financiamiento Universitario que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado. Una ley que obligaba a actualizar por inflación los sueldos docentes, así como los gastos de funcionamiento de las universidades, y que el Gobierno está incumpliendo con el argumento de que fue judicializado. 

El próximo martes 12 se llevará a cabo una jornada de protesta en todo el país en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Será la tercera marcha universitaria durante la era Milei y en el Gobierno estarán prestando particular atención a la convocatoria frente al Congreso, a donde se espera que movilicen decenas de miles de personas.

La crisis del empleo y de los ingresos

La postal de la cola frente al frigorífico de Moreno fue la síntesis perfecta de la gran demanda ciudadana que aparece en todas las encuestas: la necesidad de estabilidad laboral y mejores ingresos. La semana pasada, Milei expuso en la Fundación Libertad y se jactó de que se habían creado 113 mil puestos de trabajo nuevos desde diciembre de 2023. Pero se olvidó de mencionar un detalle, que aparecía en el mismo informe de Econométrica que utilizó como base: el crecimiento se explicaba por la multiplicación de trabajadores informales, a costa de una caída de los trabajadores formales. 

Según un informe de CEPA, en base a los datos oficiales del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), en Argentina se perdieron más de 290 mil empleos formales registrados entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Es decir, empleos estables, con derecho a vacaciones pagas y aportes a la obra social y al sistema previsional. El índice de desempleo, sin embargo, se mantuvo estable en 7,5%, gracias a la multiplicación de trabajadores “independientes” (monotributistas) y no registrados. 

Frente a este escenario, el IAG desarrolló un índice propio llamado “Desempleo Blue” que apuesta a visibilizar el “desempleo encubierto” bajo otras formas inestables o informales de contratación. Este índice utiliza tres criterios para ampliar el concepto de desempleo: aquellos que buscan más trabajo, aquellos que trabajaron muy pocas horas en la última semana (el INDEC considera empleada a cualquier persona que trabaje más de una hora a la semana), y aquellos en una actividad desprotegida y de alta precariedad. Bajo estas tres variables, el “desempleo blue” llega a un 15,3%. 

Al desempleo se le suma otro dato: la caída del poder adquisitivo en los últimos dos años en el sector público y formal. Según otro informe del IAG, entre diciembre del 23 y febrero del 26, se registró una caída real del 37,9% en los sueldos públicos, del 5,5% en el sector privado (registrándose una leve mejora durante el último trimestre) y del 39% en el caso del salario mínimo. 

La crisis de la morosidad

Por último, está la crisis de la morosidad en las familias, que alcanzó su nivel más alto en los últimos 18 años. Las personas que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales se enfrentan cada vez más a una realidad: la imposibilidad de pagar las deudas que tienen. Según datos del Banco Central, las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales.

A este dato se le suma el motivo detrás del incremento del endeudamiento de las familias. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, las familias recurren al endeudamiento “porque no logran cubrir sus gastos mensuales y necesitan financiamiento incluso para consumos básicos”. El uso del crédito para sostener el consumo, explica el informe, creció en un 57% desde el inicio de la gestión Milei.

Consultado por esta situación, sin embargo, el ministro Luis Caputo aseguró que el sobreendeudamiento se explicaba porque la gente pensaba que iba a subir el dólar y no subió.

MCM/MG

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y afirmó que el conflicto responde a “una extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.

Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la casa de estudios, que “pretende quedarse” con “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, mientras que agregó que las universidades como la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

El funcionario afirmó que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma” y calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento. “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, señaló.

Y explicó que el presupuesto universitario contempla dos componentes: los fondos corrientes asignados mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinado específicamente a salud. Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.

“Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual”, afirmó. En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, sostuvo.

Álvarez apuntó directamente contra Emiliano Yacobitti y aseguró que el conflicto universitario está atravesado por intereses políticos. “Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud”, afirmó. Además, cuestionó el rol del dirigente radical dentro de la universidad: “Nadie sabe quién es el rector de la UBA, pero todos conocen a Yacobitti”.

El subsecretario también insistió en la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la Sindicatura General de la Nación para transparentar el manejo de fondos públicos. De acuerdo a su relato, la UBA mantiene una disputa judicial para impedir esos controles y sólo acepta auditorías posteriores de la Auditoría General de la Nación.

“La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN”, remarcó. Y cuestionó: “Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?”.

Por otra parte, Álvarez agregó que el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria carece de criterios objetivos y respondió históricamente al lobby político en el Congreso. Por eso, propuso avanzar hacia un esquema basado en indicadores concretos como cantidad de alumnos reales, graduados, infraestructura y costos operativos.

“El 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años”, aseguró, al explicar que el Gobierno comenzó a depurar estadísticas y detectar duplicaciones de alumnos. También indicó que la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%, muy por debajo de estándares internacionales.

El funcionario cuestionó además el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras costosas como Medicina. “En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno ya introdujo cambios en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas. “No puede competir en igualdad de condiciones un título argentino con universidades extranjeras sin acreditación equivalente”, señaló.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Un anuario oficial que habla de “estúpida carnicería humana”, el testimonio de una víctima directa y un sumario policial con el nombre de 20 sobrevivientes retenidos antes de poder emprender el doloroso camino del regreso; fueron la punta del ovillo para una investigación que permite hoy que la Justicia argentina se encamine a producir su segundo juicio penal por la verdad histórica de una masacre indígena.

Se trata de la “Masacre de El Zapallar” perpetrada por la policía de territorios nacionales el 7 de septiembre de 1933 contra población moqoit en territorio chaqueño e investigada desde hace 12 años por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco que en el plazo de dos meses tiene previsto interponer el pedido de elevación a juicio, según confirmó el fiscal adhoc Diego Vigay a elDiarioAR.

El fusilamiento de entre 50 y 70 personas tuvo lugar en lo que es hoy la localidad de General San Martín –antes denominada El Zapallar–, ubicada a 100 kilómetros del sitio donde en 1924 se había producido la “Masacre de Napalpí” –hoy Colonia Aborigen–, cuya investigación judicial dio lugar en 2022 a la primera sentencia penal contra el Estado Argentino por crímenes de lesa humanidad contra población originaria en el marco de un genocidio.

El último paso judicial importante dentro de este nuevo expediente se cumplió el pasado 6 de abril cuando la Fiscalía Federal de Chaco obtuvo los testimonios de 11 descendientes de los sobrevivientes registrados en el viejo sumario policial de 1933, quienes llegaron desde diferentes puntos de la provincia para reproducir ante los representantes del Ministerio Público la versión que sus abuelos o bisabuelos (ya fallecidos), les dieron sobre esa matanza grabada a fuego en la memoria colectiva.

“Fueron de 70 para arriba los asesinados, entre ellos niños, mujeres y ancianos”, dijo a los fiscales Héctor José (65), quien conoció la historia de boca de su abuelo Luis Salteño.

Por su parte, Sixto Lalecori (65), contó “la policía recibió con disparos de armas de fuego” al primer de grupo de moqoit en llegar a El Zapallar después de más de 20 días de caminata motorizada por la grave crisis alimentaria que asolaba sus comunidades.

“Pensaron que los moqoit habían ido a pelear, por eso los asesinaron a sangre fría”, dijo Alfredo Sateño (76) al repetir el relato de su abuelo Pedro Balquinta

 “Los que tiraban los tiros eran los policías y algunos civiles”, dijo Florencio Ruiz (55) que contaba su tatarabuela.

Las narraciones dan cuenta también de que muchas muertes se producen durante la huida, ya sea al intentar cruzar a nado el Río de Oro, ya sea por hambre o cansancio.

“En ese año, una persona mestiza que el ejército denomina ‘lenguaraz’ –pero que para nosotros era un ‘altemuy’–, anduvo recorriendo las comunidades (moqoit) para convencer a los caciques de que se había instalado la paz entre el blanco y el indígena, y los invitaba a asentarse en un lugar que se llamaba El Zapallar”, contó a elDiarioAR Juan Carlos Martínez, docente bilingüe que también ofreció testimonio como nieto de una sobreviviente.

“Les pidió que vendan sus cosas o que abandonen (sus territorios) porque allá iban a tener todo. Y mucha de la gente que estaba sufriendo sequía y hambruna, le creyó y se fueron”, agregó.

Por eso y porque no iban en actitud de guerrear, “no esperaban que los milicos –como le llamaban al ejército y la policía–, los recibieran a tiros”, como tristemente ocurrió.

“Algunos pudieron volver a las comunidades, pero cuando llegaron (a sus terrenos) ya estaban ocupados por los gringos, que estaban alambraban acompañados por policías”, dijo.

Un lugarcito donde amontonarse

Los grupos moqoit que lograron superar el intento de asesinato y la dura odisea del regreso, se encontraron con que sus tierras ya no les pertenecían y “se tuvieron que amontonar en algún lugarcito que quedaba en la zona rural”. 

“Todo eso me lo contó mi abuela, mis papás y mis tíos. Se lo contaba a escondidas, en voz baja, para que nadie sepa que la abuela estuvo porque fueron perseguidos y tenían miedo de que vuelva a pasar. La masacre de Zapallar quedó como último dolor para el pueblo moqoi”, dijo.

En diálogo con elDiarioAR, el fiscal Vigay explicó que “el grueso” de los 300 indígenas que marchaban a Zapallar “eran de la reducción Napalpí”, es decir, de uno de las cuatro reducciones estatales para indígenas –verdaderos centros concentracionarios– que funcionaron en los ex territorios nacionales de Chaco y Formosa entre 1911 y 1956, donde la población originaria era obligada a trabajar en condiciones muy cercanas a esclavitud.

Al llegar a las afueras de esa localidad, montaron un campamento “y tuvieron una instancia de negociación con el comisario”, como parte de la cual el funcionario “les acercó algo de comida” para evitar que siguieran avanzando, pero “que ni siquiera les alcanzó para todo el grupo”

Esas negociaciones no dieron resultado y movidos “por la desesperación, por la situación de hambre, deciden ingresar”, aunque dejando en claro su actitud pacífica por eso “disponen que vayan los niños y las mujeres primero, los ancianos después y, finalmente, los hombres”.

“Son recibidos por unos 40 efectivos de la policía de territorios nacionales y algunos civiles, que disparan repeliendo el ingreso: se estima que produjeron 50 muertes”, dijo.

Apegados a la idea de que se trataba de “un malón”, la policía detiene por algunas horas a 20 de los sobrevivientes cuyos testimonios asentados en el “Expediente N°926 del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco” del año 1933, ofician hoy como una prueba fundamental, porque pusieron nombre y voz a las víctimas directas de la matanza.

“Hicimos una búsqueda a partir del listado de detenidos adultos varones: con esos apellidos como referencia, llegamos a estos 11 descendientes (que dieron testimonio), casi todos nietos”, explicó Vigay.

Dadas las barreras físicas y simbólicas, la tarea no fue fácil y rindió sus frutos casi dos años después de haberse realizado el pedido público de colaboración al pueblo moqoit para dar con quienes, “por el relato oral de sus mayores, puedan tener conocimiento de lo sucedido y brindar testimonio”, según puede leerse en la convocatoria fechada en agosto de 2024.

“Trabajamos con docentes moqoi para trasladar el mensaje a la comunidad y finalmente un referente nos propuso organizar reuniones en las diferentes comunidades, en las que fueron surgiendo los nombres de estos 11 familiares de sobrevivientes. Y así fue que llegamos a los testimonios, que es el paso que nos faltaba para pensar en la posibilidad de una audiencia de juicio y una sentencia”, dijo.

No obstante, la causa contenía ya los testimonios de sobrevivientes directos de la masacre que fueron apareciendo en la investigación de la masacre de Napalpí: son los de Pedro Balquinta, Ramona Pérez –la abuela de Juan Carlos Martínez– y Justino Lalecori quienes declararon en su doble condición de sobrevivientes de Napalpí y Zapallar, pero no podrán participar de un eventual juicio de la verdad porque fallecieron en los años transcurridos desde entonces.

El expediente resultó muy prolífico también al mostrar cómo fue cambiando la calificación de los hechos a medida que avanzaban las pesquisas en 1933.

“Investigaban un malón, pero después resulta que de los testimonios indígenas se desprende que ellos sólo pedían trabajo o alimentos, y que lo que se describió inicialmente como armas, eran elementos de trabajo. Por eso terminan cerrando el expediente diciendo ‘bueno, fue todo un malentendido, fue un incidente’ y se le da la libertad a todas las personas”, contó Vigay

Queda pendiente, por otra parte, la localización de los cuerpos porque “todos los testimonios hablan de una fosa común, pero no nos dan dado ninguna ubicación que nos permita realizar una búsqueda” con antropólogos forenses por lo cual “es uno de los puntos” en los que podría avanzarse con el juicio. 

Sin embargo, el expediente judicial sí permitió identificar como sitio de la masacre el lugar donde se erige un centenario “tatané” –árbol de la flora local– y donde la comunidad qom local organiza cada año un homenaje a sus hermanos moqoit allí masacrados.

Allí se construyó allí un monolito como memorial que en noviembre pasado fue declarado “Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia” por una ley de la Legislatura chaqueña, que ya en 2014 ya había instituido por al 9 de septiembre de cada año como “día de duelo provincial, en conmemoración del suceso conocido como la Masacre del Zapallar”.

Además de los testimonios y el expediente judicial de época, fue clave la incorporación de la investigación realizada por el historiador, ex intendente de General San Martín y actual diputado provincial Rubén Guillón, volcada en un capítulo de su libro “El Zapallar, tenemos historia” (2012).

“Yo supe de la masacre por un artículo que publicó el profesor e investigador Eduardo Barreto en el diario El Norte. Cuando empiezo a indagar a nivel local, surge que ‘algo pasó’, pero no estaba a la vista. Es un tema que se hablaba por los pasillos de la comunidad, como algo prohibido. De hecho, después que publiqué el libro recibí el reproche de algunos vecinos mayorcitos que me increparon diciéndome ‘¿vos qué buscás? ¿Generar más odio, venganza?’”, contó a elDiarioAR Rubén Guillón.

Es que quienes siguen viviendo en General San Martín no son los moqoit sino los descendientes de aquellos policías y civiles que dispararon.

Lo primero que Guillón encontró tras entrevistarse con Barreto fue los certificados de defunción de los dos fallecidos oficiales de los que habló la prensa de la época, pero el documento “más categórico y contundente”, lo hallaría tiempo después, tras una revisión hoja por hoja de un ejemplar un libro la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que encontró en el Instituto de Geohistoria de El Chaco donde aparecía “un informe oficial que redactó el inspector que mandó esa comisión El Zapallar” tras la masacre.

“El hambre y la miseria amenazaban con acabar la tribu. Desesperados, decidieron ir a pedir socorro al pueblo de El Zapallar situado a unas leguas. Divididos en tres grupos marchaban. Adelante, las mujeres y los niños; más atrás, a continuación, los viejos, y a cierta distancia un tercer grupo, constituido por adultos, queriendo significar que iban con carácter de paz y a pedir socorro”, puede leerse en ese libro.

“Al tener noticias en el pueblo de la marcha de esta columna, el movimiento fue malinterpretado y reunidos un grupo de pobladores armados a las órdenes del comisario, recibieron a tiros a la miserable columna haciendo, por incomprensión, una estúpida carnicería humana”, continúa el relato de 1933.

El legislador destacó la importancia de esta prueba por tratarse, otra vez, de documentación oficial.

“¿Qué más prueba podés pedir si el informe oficial dice eso? No era un malón que quería ingresar al pueblo para asesinar, para matar y destruir, porque quién va a querer invadir un pueblo enviado adelante a las mujeres y niños. Por otro lado, habla de ‘carnicería’ ¡Como habrá sido una carnicería en 1933!”, dijo.

Dudas sobre el número real de víctimas

Una punta para seguir investigando, en este caso sobre el número real de víctimas, la constituye un párrafo en el libro de Barreto –ya fallecido–, donde se menciona que si bien “la Comisión Investigadora de la cámara de Diputados de la Nación, sostiene que fueron varias decenas” los moqoit asesinados en El Zapallar. Dar con esa documentación e incorporarla al expediente es una tarea pendiente.

La realización de un nuevo juicio por la verdad histórica dependerá de la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, la misma que habilitó el debate oral para el expediente Napalpí.

“(El historiador) Juan chico planteaba con mucha fuerza y claridad que no eran lógico tener víctimas delitos de lesa humanidad de primera y de segunda, que se juzgara la masacre de Margarita Belén de 1978 y no se investigara Napalpí. Ese pensamiento nos interpeló a quienes tenemos a cargo la investigación de crímenes de lesa humanidad en El Chaco y nos llevó a plantearnos qué herramientas y qué posibilidad cierta teníamos de investigar y juzgar algo que pasó hace 100 años”, dijo Vigay.

Y ahí apareció la herramienta de los juicios de la verdad “que es algo que ya había utilizado la justicia federal argentina en la década del ‘90 cuando estaban vigente las leyes de impunidad”, es así que “fuimos aplicando eso y dio sus resultados”.

“Como docente y descendiente directo de sobrevivientes que soy, me duele que haya habido tanta injusticia, tanta discriminación, pero lo más triste y doloroso es que eso aún hoy continua” reflexionó por su parte Martínez.

El referente moqoit explicó que, hoy como ayer, la discriminación opera a partir del desconocimiento.

“Por eso queremos hacer conocer a la sociedad que hay un pueblo viviente, sobreviviente y preexistente que tiene una sabiduría muy profunda. La sociedad argentina necesita más valores humanos, y los valores humanos los tienen los pueblos indígenas”, concluyó.

MAA/MG

Los nombres de 20 indígenas detenidos el 7 de septiembre de 1933 en lo que es hoy la localidad chaqueña de General

El Gobierno aceptó un cambio clave en el jugoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de Estados Unidos al que Javier Milei busca adherir con ansias y cedió ante el lobby de los laboratorios nacionales. La nueva postura de la Casa Rosada le permitiría al oficialismo apurar la votación del tratado en la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, para luego ratificarlo en el Senado, donde ya fue aprobado en 1998 –los acuerdos internacionales no pierden vigencia parlamentaria–.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica el proceso para solicitar protección de patentes en múltiples países de manera simultánea: en lugar de presentar solicitudes individuales en cada Estado, un solicitante puede hacer un único trámite internacional que luego se ramifica en las fases nacionales. Para las empresas con desarrollos tecnológicos o farmacéuticos que buscan protección en varios mercados a la vez, el sistema reduce costos y plazos. Hoy son miembros del PCT más de 150 países; la Argentina es una de las excepciones.

El país firmó su adhesión al tratado en 1970, pero nunca la ratificó legislativamente. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, y el expediente quedó hibernando durante casi tres décadas, víctima de sucesivos cambios de prioridades, resistencias sectoriales y falta de voluntad política. Fue la presión de Washington –y el interés de Milei en mostrar gestos concretos ante Trump– lo que reactivó el tema a principios de este año y lo instaló en la agenda legislativa con una urgencia que no tenía desde entonces.

El lobby por el Capítulo II

En lo concreto el cambio en el PCT será incorporar una reserva al Capítulo II, según confirmó a elDiarioAR este viernes una alta fuente del Gobierno involucrada en la discusión y que fue más lejos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, admitió ante la consulta puntual sobre CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La frase resume el resultado de semanas de presiones cruzadas, negociaciones reservadas y tensiones que atravesaron al propio oficialismo.

La reserva al Capítulo II era el punto que durante semanas dividió aguas dentro del propio Gobierno y entre las distintas cámaras del sector farmacéutico. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales en cada país, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para los laboratorios multinacionales, ese mecanismo es una ventaja que acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, en cambio, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando con insistencia que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse al tratado. El mecanismo existe dentro del propio PCT pero había un escollo político porque cuando el país adhirió al tratado en 1970 no incluyó la posibilidad de la reserva. Tampoco se hizo con la media sanción en 1998. Recién ahora, con la votación en la puerta de Diputados, se modificará la letra, pese a que el Gobierno y las farmacéuticas multinacionales –agrupadas en CAEMe y en AmCham– querían ver aprobado sin alteraciones. 

Esa tensión entre dos lobbies con intereses opuestos fue el verdadero motor de la demora de las últimas semanas. Milei se había comprometido ante Donald Trump a sancionar el PCT antes del 30 de abril, como parte del acuerdo comercial bilateral que se firmó en noviembre del año pasado. El plazo era porque el último día de abril la Casa Blanca publica su Informe 301, que identifica las barreras comerciales a las empresas y productos de los Estados Unidos debido a las leyes de propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes y marcas registradas, en otros países. Sorpresivamente, y pese a que se sancionó el PCT, la Argentina fue quitada de la lista por primera vez en años.

Como reveló elDiarioAR, el cruce de intereses tuvo episodios de todo tipo. Hubo desde cruces de cartas enviadas a los diputados por parte de las farmacéuticas locales y multinacionales, y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria farmacéutica. Las multinacionales querían la aprobación sin cambios para no dilatar más una incorporación que, a nivel global, Argentina tiene pendiente desde 1970. Los laboratorios nacionales, en cambio, advertían que adherirse sin la reserva del Capítulo II podía representar un perjuicio de más de US$3,3 mil millones para el sector, según sus propios cálculos. 

El lobby farmacéutico, que fuentes cercanas al Gobierno describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad, terminó dando sus frutos. La reserva fue aceptada. El proyecto que el oficialismo llevará a Diputados el martes incluirá ese cambio, y eso obligará luego al Senado a pronunciarse de nuevo sobre un texto que ya había aprobado –aunque en una versión diferente– hace 27 años.

El martes irá al plenario de comisiones en Diputados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Federico Sturzenegger. No está previsto que haya voceros de las farmacéuticas. El oficialismo espera ese día firmar dictamen favorable. Si el texto avanza, Diputados podría votar antes de que termine mayo. El Senado deberá hacer lo propio después, en un trámite que no tiene fecha ni está exento de nuevas presiones. 

MC

La Corte Suprema de Justicia dictó este mediodía una resolución de alto impacto político y jurídico al rechazar el recurso de per saltum interpuesto por el Poder Ejecutivo por la reforma laboral. El Gobierno buscaba que el máximo tribunal interviniera de forma directa para definir la constitucionalidad de la norma, actualmente atravesada medidas cautelares y reglamentaciones a media.

Con la firma de sus tres ministros  Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal consideró que el planteo oficial no cumple con los requisitos excepcionales que exige la ley para habilitar el “salto de instancia”. Según el fallo, al que tuvo acceso elDiarioAR, la Corte observó que no se dan las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual requiere que se trate de una causa de “notoria gravedad institucional” donde la solución definitiva sea de “plazo perentorio”.

“Se declara inadmisible el recurso interpuesto. Notifíquese y archívese”, reza el breve pero contundente despacho que devuelve la discusión al terreno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para el máximo tribunal no haría falta la instancia porque la Cámara del Trabajo ya ordenó que el expediente se tramite en lo contencioso administrativo.

La batalla judicial comenzó poco después de que el Poder Ejecutivo impulsara un ambicioso paquete de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que incluye la extensión del período de prueba, la modificación del régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y límites a la cuota sindical.

La CGT judicializó el capítulo laboral de la reforma mediante una acción declarativa. En primera instancia y posteriormente en la Cámara, el sector gremial obtuvo fallos favorables que suspendieron la aplicación de los artículos más sensibles de la reforma, argumentando que vulneraban derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero en abril pasado la Cámara del Trabajo repuso la vigencia plena de la reforma laboral, que había sido dejada sin efecto por una medida cautelar contra 83 artículos, a pedido de la CGT. Esta semana fue reglamentado el RIFL, un régimen de incentivo para los empleadores.

Ante la parálisis de su plan de reformas, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro intentaron la vía del per saltum. El objetivo era evitar el “desgaste” de la revisión en la Cámara de Apelaciones y obtener una sentencia definitiva de la Corte que diera seguridad jurídica a las empresas para comenzar a aplicar el nuevo régimen.

El caso regresa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los jueces de dicha cámara deberán ahora dictar una sentencia de fondo sobre si la reforma es constitucional o no. Ahora el Ejecutivo recibió un mensaje político de la Corte.

MC

El gobierno de Javier Milei pretende profundizar su reforma sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con una idea que en la Casa Rosada repiten como horizonte: convertir al organismo en una agencia más parecida a la CIA estadounidense, concentrada en contraespionaje, amenazas externas y operaciones antiterroristas, y cada vez menos involucrada en tareas vinculadas a la seguridad interior. La transformación, todavía incompleta, tuvo su primer capítulo formal con el DNU 941, publicado el 2 de enero, pero en Balcarce 50 insisten con que el verdadero rediseño quedará refrendado en un proyecto de ley que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el transcurso del año.

El cambio más elocuente aparece en la arquitectura interna del sistema de inteligencia que el propio mileísmo había creado un año y medio antes. Cuando Santiago Caputo avanzó en la reforma de 2024 que reemplazó a la AFI por la nueva SIDE, una de las estructuras centrales pasó a llamarse Agencia de Seguridad Nacional (ASN), un organismo encabezado por el excomisario Alejandro Cecati y pensado para concentrar tareas vinculadas a amenazas complejas, coordinación operativa y seguridad estratégica. Pero el Gobierno volvió a mover el tablero: por decreto, aquella ASN dejó de existir y fue rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).

El cambio de nombre no es menor. En el oficialismo lo leen como una señal doctrinaria. En términos prácticos, el contraespionaje y la contrainteligencia implican detectar, neutralizar y prevenir operaciones de servicios extranjeros u organizaciones que busquen infiltrarse, obtener información sensible o afectar intereses estratégicos del Estado. Eso incluye desde el seguimiento de posibles agentes encubiertos y maniobras de captación de funcionarios, hasta la protección de infraestructura crítica, sistemas informáticos, embajadas, centrales energéticas o comunidades consideradas objetivos sensibles frente a “amenazas terroristas”. Es el caso del ciudadano ruso Dmitrii Novikov, vinculado con una estructura conocida como La Compañía, recientemente detenido y expulsado del país “por representar un riesgo para la seguridad nacional”, según consta en un comunicado difundido en X.

En el Gobierno aseguran que el objetivo es que la SIDE deje de destinar recursos a tareas de “inteligencia política” o monitoreo territorial doméstico y concentre capacidades en amenazas externas, ciberseguridad y cooperación internacional con agencias aliadas. La intención es que todo lo vinculado a “interior” quede bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva viene empoderando perfiles técnicos ligados al combate contra el crimen organizado y las amenazas complejas. En la lógica que empieza a tomar forma puertas adentro del oficialismo, el control del territorio debería quedar exclusivamente en manos de las fuerzas federales y en la estructura política de aquella cartera.

Sin embargo, el propio DNU 941 dejó una contradicción que dentro del mundo jurídico y de inteligencia generó ruido desde el primer día. Aunque cerca de Santiago Caputo aseguran que la intención es quitarle facultades policiales a la SIDE y acotar su intervención en asuntos internos, el decreto no termina de fijar con precisión sus límites e incluye una referencia a la posibilidad de “aprehensión” de personas en determinadas circunstancias. La mención fue leída por especialistas como un indicio exactamente inverso al discurso oficial: lejos de acotar capacidades operativas, parecía habilitar una expansión de atribuciones sensibles para el organismo.

Esa ambigüedad es una de las razones por las cuales el oficialismo sostiene que la futura ley —insinuada, pero no anunciada por Milei en su discurso de apertura de sesiones del pasado 1° de marzo— deberá eliminar las zonas grises del DNU y ordenar aquello que su letra dejó abierto: qué puede hacer la SIDE, qué debe quedar en manos de las fuerzas federales y hasta dónde llegan sus capacidades de reunión de información dentro del país.

Mientras se discute ese rediseño, la poda ya empezó por abajo. Según pudo saber elDiarioAR, la intención del Gobierno es reducir el margen de maniobra de las delegaciones del interior, una estructura histórica de la inteligencia argentina, con presencia en cada provincia y con capacidad de producir información territorial por fuera de los grandes centros de decisión. En la práctica, esas dependencias de la SIDE ya comenzaron a achicar gastos. No se trata solo de una cuestión presupuestaria. También es una forma de disciplinar una red que durante décadas funcionó con autonomía relativa y vínculos locales propios.

Un dato interno permite medir la orientación del cambio. En marzo pasado fueron removidas las autoridades del área de Reunión Interior, que estaban bajo la órbita de la abogada María Laura Gnas, incorporada tras la reforma de 2024. Ese lugar lo ocupa ahora un excomisario de la Policía Federal. La modificación no pasó por los grandes anuncios oficiales debido a su caracter secreto, pero dentro del sistema fue leída como parte de una reconfiguración más profunda, en línea con un mayor control desde la conducción central y una SIDE pensada para supuestamente mirar menos la política doméstica y más las hipótesis de amenaza que el Gobierno considera estratégicas.

El alineamiento con Washington es, justamente, una de las piezas que el oficialismo busca exhibir para explicar la nueva doctrina que pretende imprimirle al organismo. En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es avanzar hacia un esquema de inteligencia “más occidental”. En ese marco, la foto que finalmente apareció el martes pasado terminó funcionando como una validación política interna. La SIDE publicó en su cuenta oficial de X la imagen de Cristian Auguadra en la sede de la CIA, en Langley, durante su visita del pasado 24 de marzo, disipando así las dudas que se habían abierto tras el extraño borrado del comunicado original.

La fotografía, que fue tomada en el mítico hall de ingreso del cuartel general en Virginia, uno de los espacios más reconocibles y simbólicos del universo de inteligencia mundial, mostró finalmente a Auguadra junto al director de la CIA, John Ratcliffe, después de semanas de especulaciones sobre si el encuentro había ocurrido realmente o si, como sostenían algunas versiones internas, el titular de la SIDE solo se había reunido con funcionarios de segunda línea de la agencia estadounidense. La discusión no era menor. En el universo de los servicios de inteligencia, cada nivel de interlocución funciona también como una señal de poder político y de reconocimiento internacional.

El que aprovechó rápidamente esa confirmación fue el propio Santiago Caputo. Apenas la SIDE difundió la fotografía, el asesor presidencial replicó la publicación en sus redes con un mensaje cargado de ironía dirigido a quienes habían puesto en duda el encuentro. “No puede ser. Si una banda de operadores con problemas cognitivos y consumos postergados anduvieron diciendo que esto no había pasado”, escribió. La frase no solo funcionó como una provocación más en el estilo habitual del asesor. También expuso hasta qué punto la relación con la CIA aparece hoy atravesada por la interna oficialista y por la necesidad de Caputo de mostrar que todavía conserva terminales propias en uno de los organismos más sensibles del Estado.

La puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), inaugurado en abril con presencia del FBI y del embajador estadounidense Peter Lamelas, fue presentada como la principal vidriera de esa nueva etapa. Allí empezó a ganar visibilidad el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, un funcionario cercano a Santiago Caputo que dentro del organismo muchos describen como un “comisario político” enviado para monitorear la estructura desde adentro.

El crecimiento de Lago Rodríguez no pasó inadvertido. Abogado surgido del estudio Cassagne y hombre de confianza del entorno caputista, comenzó a construir un perfil público inusual para alguien de su cargo, al punto de presentarse en redes sociales como “Subsecretario de Inteligencia” y “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Su protagonismo coincidió además con el corrimiento de figuras internas y con una redistribución del poder dentro de la SIDE que relativizó la centralidad de Auguadra como único conductor político del organismo.

Ese reordenamiento ocurre, además, en simultáneo con la creciente articulación internacional que busca exhibir el oficialismo. La visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada terminó de completar ese cuadro. Cofundador de PayPal y referente detrás de Palantir, una firma especializada en análisis masivo de datos y vinculada históricamente a estructuras de defensa e inteligencia de Estados Unidos, Thiel mantuvo reuniones con Javier Milei y con Santiago Caputo en medio del relanzamiento doctrinario de la SIDE.

Su desembarco fue leído dentro del sistema político como parte de un movimiento más amplio: la intención del Gobierno de robustecer capacidades de análisis, integración y cruce de datos estatales en coordinación con aliados occidentales. No casualmente, el propio DNU 941 habilitó la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible proveniente de distintos organismos públicos que podría allanarle el camino a Thiel y sus negocios.

Toda esta secuencia deja al descubierto distintas capas de sentido. Mientras el Gobierno intenta mostrar una SIDE profesionalizada, integrada a redes internacionales y enfocada en amenazas complejas, el organismo sigue atravesado por movimientos opacos y la jaqueada pero indiscutible centralidad política de Santiago Caputo. Si hace dos meses crecían las versiones sobre un avance de Karina Milei sobre el sistema de inteligencia tras hacerse con el Ministerio de Justicia, el último tramo pareció mostrar lo contrario: el asesor logró sostener influencia, conservar terminales propias y volver a exhibir capacidad de articulación.

Pero incluso esa aparente consolidación convive con una lógica de poder extremadamente inestable. En un gobierno donde las áreas sensibles cambian de manos con rapidez y las internas nunca terminan de cerrarse, la SIDE sigue funcionando como un territorio en permanente transición, atravesado al mismo tiempo por la búsqueda de legitimidad internacional y la disputa doméstica por el control del aparato del Estado.

PL/MG

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación que intenta esclarecer el origen de los fondos utilizados para distintos gastos personales.

La medida, que según fuentes judiciales había sido dispuesta en marzo, apunta a profundizar la pesquisa sobre los viajes al exterior que el funcionario realizó junto a su familia, así como a determinar si existieron irregularidades en su financiamiento.

En ese sentido, los investigadores buscan establecer si los gastos y deudas que registra Adorni guardan relación con los ingresos declarados durante su paso por el Gobierno, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa -incluyendo facturas y tickets-, parte de esos desembolsos corresponde a viajes internacionales y a la compra de dos propiedades: una en el barrio porteño de Caballito y otra en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Ambos movimientos habrían sido realizados desde el inicio de su gestión en el ámbito nacional.

En paralelo, Lijo dispuso avanzar sobre las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, cercano a Adorni, quien lo acompañó durante el último feriado de Carnaval en un vuelo privado con destino a Punta del Este.

La investigación también pone el foco en los vínculos comerciales de Grandio. A través de su productora, ImHouse, habría cerrado contratos con la Televisión Pública, que depende de la Secretaría de Comunicación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Las medidas judiciales incluyen el análisis del teléfono celular y otras comunicaciones del productor, tanto en sus intercambios con Adorni como con Horacio Silva, quien figura como titular de la productora involucrada.

Con información de la agencia NA

Mientras que el bloque libertario de la Cámara de Diputados era un torbellino de especulaciones sobre posibles reemplazantes de Martín Menem en el caso de que tuviera que ocupar la Jefatura de Gabinete, su principal aliado, el PRO bonaerense, se reunía en la sede partidaria para ordenar la tropa frente al último escándalo patrimonial de Manuel Adorni.

Era la primera vez que Cristian Ritondo reunía a los intendentes amarillos desde que comenzaron los roces con el Gobierno, y sumó un condimento especial: la participación de Diego Santilli, que coquetea con la posibilidad de afiliarse a La Libertad Avanza para oficializar su candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

“No creo en las condenas mediáticas, creo en las condenas judiciales”, se atajó Santilli cuando ingresó al partido, ubicado a tres cuadras de Casa Rosada. Era la primera vez que el ministro de Interior participaba de una reunión PRO desde que asumió en el gabinete libertario el año pasado. Un gesto de apaciguamiento interno en el marco del distanciamiento con el Gobierno que empezó a ensayar Mauricio Macri, con guiños hacia un sector del círculo rojo que fantasea con presentarlo como la alternativa “racional” a Milei –Paolo Rocca dixit– que les garantice la continuidad del programa económico. 

El motivo oficial de la reunión era encontrarse con los líderes territoriales del PRO, con quienes el diálogo se había interrumpido en los últimos meses. Participaron Soledad Martínez (vice del PRO, intendenta de Vicente López y una de las pocas voceras macristas en la reunión), Guillermo Montenegro, José María Gentile (9 de julio), Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar), y otros intendentes del PRO. 

Hubo cuestionamientos a la situación económica –especialmente en los municipios del conurbano– y algunos intendentes aprovecharon para quejarse por las actitudes de las bancadas libertarias en las Legislaturas locales. Pero a la salida, tanto Ritondo como Santilli fueron tajantes en reafirmar su alineamiento con el Gobierno.

Ninguno de los dos, sin embargo, quiso poner las manos en el fuego por Adorni, a quien el testimonio del contratista de su casa en el country en Exaltación de la Cruz lo terminó complicando aún más. El lunes, Matias Tabar declaró frente al fiscal Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito que investiga a Adorni y aseguró, según relató La Nación, que el jefe de Gabinete le había pagado 245 mil dólares en efectivo por hacer refacciones en la casa. Este testimonio dinamitó la confianza del Gobierno, que creía que la novela finalizaría tras el informe de gestión del miércoles, y despertó la irritación de los aliados, que no entienden por qué Javier Milei lo sostiene en el gobierno. 

Puertas afuera, el PRO decide no meterse. Repite el libreto de que tiene que expedirse la Justicia y, luego, en privado, cuenta los días para que Javier Milei le pida la renuncia a Adorni. Presta atención, eso sí, a quién podría ser el posible reemplazante. En las últimas 24 horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Martín Menem como una alternativa de confianza de Karina Milei que podría ocupar el lugar de Adorni, aunque en su entorno lo niegan. “Hay que bancarlo a morir”, insisten en el entorno del riojano.

El problema de la sucesión no es solo personal, es político: no hay quién reemplace a Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados si decide desembarcar en Casa Rosada. Circularon nombres, como el del santafesino Nicolás Mayoraz o el cordobés Gabriel Bornoroni, pero ninguno de ellos cuenta con el consenso interno suficiente como para poder ocupar la presidencia de la Cámara. 

Ritondo, que apostó a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados al principio del gobierno libertario, mira con atención los movimientos de Menem, pero no cree que vaya a abandonar el Congreso. No lo contactaron del Gobierno y no cree que vayan a contactarlo. Su prioridad, mientras tanto, es otra: instalar a Santilli como el único candidato de LLA en Provincia de Buenos Aires y garantizar, así, la supervivencia del PRO. 

La dupla Santilli–Ritondo está dispuesta a todo para volver a gobernar PBA. El ministro de Interior deslizó, incluso, que podría analizar la posibilidad de abandonar el PRO y afiliarse a LLA para ser candidato a gobernador. Puertas adentro, sin embargo, lo dice sin matices: si es lo que hace falta, se afiliará a LLA. Tal como ya hizo Patricia Bullrich, la primera en pintarse de violeta, abandonar el PRO y convertirse, ahora, en una de las voceras del Gobierno y su candidata en la Ciudad de Buenos Aires. 

“Si es necesario le llevamos nosotros la ficha de afiliación”, ironizó un dirigente del PRO bonaerense. 

No hay votos para la reforma electoral

Hay, sin embargo, una cosa que el PRO no está dispuesto a hacer por el Gobierno: votar la eliminación de las PASO. Ritondo ya lo advirtió públicamente y, alineado con Macri, le advierte al Gobierno que el PRO no dará sus votos en Diputados ni en el Senado. “En este tipo de leyes se necesita de un consenso previo y esto creo que el Gobierno no lo ha hecho y me parece que ha cometido un error”, señaló el jefe de bloque PRO en Diputados en declaraciones radiales.

Esta negativa del partido es un dolor de cabeza para Santilli, que es quien tiene que juntar los votos para aprobar la reforma política. Este jueves viajará a San Juan junto a Karina Milei para reunirse con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Allí, Santilli buscará sumar adhesiones entre los gobernadores para poder aprobar, al menos, una parte de la reforma política, que también modifica el financiamiento de los partidos políticos y las campañas. 

El problema de Santilli es que, sin el acompañamiento de su propio partido, la reforma política no tiene los votos para ser aprobada en el Congreso. El ministro de Interior todavía se muestra optimista, pero en el Senado, Bullrich, ya comenzó a advertir que la eliminación de las PASO es una utopía.

MCM/CRM