La semana que comienza será, para el gobierno de Javier Milei, un nuevo intento por recuperar la iniciativa política después de varios días absorbidos por el caso que involucra a Manuel Adorni. En la Casa Rosada aseguran que el Presidente busca dejar atrás el ruido generado por las revelaciones judiciales sobre el patrimonio de su jefe de Gabinete y volver a concentrar la atención en aquello que considera el corazón de su gestión: el programa económico y la profundización del ajuste sobre el Estado.

Pero, aun cuando el oficialismo intenta reinstalar una imagen de normalidad, el expediente que rodea a Adorni sigue proyectando su sombra sobre el funcionamiento cotidiano del Gobierno, alimenta una preocupación cada vez más visible por la parálisis de áreas sensibles de la administración y amenaza con seguir condicionando el clima interno de Balcarce 50.

En distintos despachos oficiales reconocen que las últimas semanas estuvieron consumidas por tareas defensivas. Ministros, secretarios y asesores debieron dedicar buena parte de su tiempo a responder consultas periodísticas, contener a sus propios equipos y recalcular la agenda pública de cada área. El efecto, admiten en voz baja, fue una desaceleración del ritmo de gestión. “Venimos de un verano donde pudimos sacar la reforma laboral, fue algo histórico”, se lamentó ante elDiarioAR un dirigente que ve cómo el capital político alcanzado por el Gobierno pareció haberse esfumado en estos últimos dos meses.

Proyectos demorados, decisiones postergadas y funcionarios que optaron por bajar el perfil son algunas de las consecuencias de una crisis que hace rato que dejó de ser percibida como un problema exclusivamente personal de Adorni para convertirse en un factor de desgaste sobre el conjunto del oficialismo.

No son pocos, incluso, los que empiezan a mirar el calendario con una mezcla de ansiedad y pragmatismo. En los pasillos de la Casa Rosada circula la idea de que el inicio del Mundial de fútbol, el próximo 11 de junio, podría funcionar como un punto de inflexión mediático capaz de correr el foco de la controversia y permitirle al Gobierno recuperar aire. “Si llegamos al Mundial con esto todavía abierto, por lo menos la gente va a hablar de otra cosa”, sintetizó, en estricto off the record, un integrante del gabinete. La frase, mitad broma y mitad expresión de deseo, refleja hasta qué punto el oficialismo confía en que algún acontecimiento externo contribuya a desplazar una discusión que, por ahora, sigue monopolizando buena parte de la conversación política.

El blindaje presidencial a Adorni quedó ratificado el viernes pasado durante la primera reunión ampliada de gabinete después de un mes sin convocatorias de ese tipo. Allí, según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, Milei no solo volvió a respaldar a su jefe de Gabinete sino que justificó su decisión con un argumento de fuerte carga personal: lo definió ante sus ministros como una persona “honesta”. La frase buscó clausurar cualquier especulación sobre una eventual salida y dejó en claro que, al menos por ahora, el Presidente no está dispuesto a revisar su respaldo político al funcionario más cuestionado del gabinete.

Milei busca reordenar prioridades y transmitir la idea de que el Gobierno sigue concentrado en su hoja de ruta. Con ese mensaje todavía fresco, el oficialismo prevé retomar esta semana su rutina política habitual. Si no hay cambios de último momento, este martes volvería a reunirse la mesa política, el ámbito en el que la mesa chica del oficialismo, encabezada por Karina Milei, intenta coordinar la estrategia legislativa, analizan el clima político y evalúan el impacto de las principales crisis. Allí volverá a sobrevolar el caso Adorni y, con él, el papel cada vez más disruptivo que asumió Bullrich dentro del oficialismo.

La jefa del bloque libertario en el Senado fue la primera dirigente del núcleo gobernante en verbalizar públicamente lo que muchos funcionarios comentaban en privado. Primero le reprochó a Adorni, delante del propio Milei y de Karina Milei, que ordenara su situación patrimonial porque “todo es un quilombo” y el tema le trababa las leyes en el Congreso. Después reclamó en televisión que exhibiera “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Esa doble intervención quebró una regla tácita del oficialismo, según la cual los cuestionamientos internos rara vez se exteriorizan, y consolidó a Bullrich como una de las pocas figuras con capacidad para tensionar abiertamente el blindaje presidencial.

Su actitud volvió a poner de relieve la relación tirante que mantiene con Karina Milei, atravesada por desconfianzas acumuladas y por una disputa silenciosa por espacios de poder. El malestar de Bullrich no se limita al caso Adorni, pero encontró en esa crisis una oportunidad para expresar una incomodidad más profunda con la lógica de “subordinación o exterminio” que, según describen cerca de la dirigente, domina el funcionamiento interno de La Libertad Avanza.

El contexto político más amplio también empezó a mostrar señales de fatiga entre los aliados. Este lunes, el PRO difundió un comunicado en el que tomó distancia del Gobierno y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. Aunque el mensaje no estuvo dirigido exclusivamente al caso Adorni, en la Casa Rosada fue leído como otra evidencia de que el respaldo externo al oficialismo comienza a volverse menos automático frente a las controversias que afectan al núcleo del poder.

La preocupación no se limita al frente político. En el entorno presidencial seguirán con atención el dato de inflación de abril, que el INDEC dará a conocer el jueves. El Gobierno espera exhibir ese número como una señal de desaceleración tras el 3,4% de marzo, además de como un argumento para reinstalar el eje económico en el centro de la escena. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideran que una mejora en las variables de precios puede ayudar a restaurar la narrativa de éxito económico y reducir el impacto del ruido institucional sobre la percepción de los mercados.

Si no surgen imprevistos, el próximo viernes Milei volverá a reunir a todo su gabinete en Casa Rosada, nuevamente alrededor de las 14. El encuentro tendría como objetivo seguir revisando la marcha del plan de gobierno y ordenar la estrategia legislativa para el segundo semestre. Sobre la mesa estarán proyectos que el oficialismo considera prioritarios, como la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental, además de la búsqueda de acuerdos con distintos bloques parlamentarios para garantizar su aprobación.

La intención del Presidente es recuperar la agenda que el Gobierno considera propia y desplazar el foco desde la crisis política hacia la gestión. Sin embargo, en Balcarce 50 nadie da por cerrado el capítulo Adorni. Y aunque Milei insiste en que su jefe de Gabinete no es culpable de nada de lo que se le acusa, y mantiene intacta la decisión de sostenerlo, el interrogante es si el oficialismo podrá volver a concentrarse en sus reformas o si el desgaste político terminará fagocitándose definitivamente el funcionamiento del conjunto de la administración.

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Durante buena parte de la última semana, la Casa Rosada funcionó como un laboratorio en miniatura de las tensiones que atraviesan al gobierno de Javier Milei. En la superficie, el oficialismo intentó transmitir una imagen de normalidad y disciplina, en medio de la vuelta de las conferencias de prensa y gestos cuidadosamente calculados para reforzar la idea de que el programa sigue intacto. Por debajo, sin embargo, el caso que envuelve a Manuel Adorni continuó expandiéndose hasta convertirse en algo más que un problema judicial o patrimonial. El expediente comenzó a alterar el equilibrio interno del gabinete, abrió fisuras entre algunos de los principales socios políticos del Presidente y, lo que resultó más inquietante, empezó a filtrarse incluso en las conversaciones con empresarios e inversores extranjeros.

El episodio deja en evidencia una paradoja que se repite con frecuencia en el universo libertario. Cuanto mayor es la presión sobre uno de sus funcionarios más cercanos, más decidido parece Milei a sostenerlo. Esa lógica de blindaje tiene una dimensión política, pero también simbólica: para el Presidente, retroceder frente a un cuestionamiento externo equivale a convalidar la ofensiva de sus adversarios. El problema es que, en esta oportunidad, la controversia dejó de ser un asunto exclusivamente mediático.

La declaración judicial del contratista Matías Tabar, con detalles sobre pagos en efectivo por US$245.000 para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, los cruces internos y las preguntas formuladas en la propia Casa Rosada terminaron convirtiendo el caso en un factor de desgaste capaz de interferir con la agenda legislativa, con la convivencia entre las distintas tribus oficialistas y con el relato económico que el Gobierno intenta ofrecer ante los mercados.

Blindaje presidencial

En Balcarce 50 describen las últimas semanas como una secuencia de movimientos destinados a recuperar la iniciativa y evitar que la crisis se convierta en un problema de gobernabilidad. Primero fue la conferencia de prensa que Adorni dio el lunes, concebida como una reaparición pública después de semanas de silencio. Luego llegó la foto junto a Milei antes del viaje presidencial a los Estados Unidos, durante la reunión con autoridades de la B'nai B'rith International, interpretada dentro del oficialismo como un respaldo explícito del Presidente.

El miércoles por la noche, Milei reforzó ese blindaje en una entrevista televisiva y descartó de plano una eventual salida del jefe de Gabinete. “Ni en pedo”, respondió cuando le preguntaron si evaluaba pedirle la renuncia. Y este viernes terminó de despejar cualquier especulación al volver a ratificarlo de manera enfática delante de todos sus ministros, en la primera reunión de gabinete después de más de un mes —la última había tenido lugar el 6 de abril. “A mí el desgaste político no me importa”, repite como un mantra el mandatario cada vez que tiene la oportunidad. El mensaje es inequívoco: Adorni no se mueve.

La decisión de reunir nuevamente al gabinete completo no fue casual. Durante las últimas cuatro semanas, la dinámica política del oficialismo había quedado concentrada en encuentros más reducidos de la mesa política, el ámbito en el que Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem analizan la marcha del Gobierno, porotean votos en el Congreso y calibran el impacto político de cada crisis. En esas reuniones, el caso Adorni se convirtió en un tema recurrente: no solo por sus derivaciones judiciales, sino por el ruido que empezó a generar sobre el conjunto de la gestión y por el temor de que termine interfiriendo con las prioridades legislativas y económicas del oficialismo.

El encuentro de este viernes comenzó a las 14 y se extendió durante dos horas y media. Milei habló durante aproximadamente 30 minutos, volvió a darle un respaldo explícito a Adorni, ofreció un panorama general sobre la marcha de la administración y delineó los objetivos para lo que resta del año y para 2027. Acto seguido, se retiró para continuar con actividades en la residencia de Olivos. Según trascendió, a partir de ese momento, el jefe de Gabinete tomó el control del encuentro. Agradeció a los equipos ministeriales por el trabajo realizado para su informe de gestión presentado el 29 de abril ante la Cámara de Diputados y repasó aspectos vinculados a la reestructuración presupuestaria, los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos.

También hubo espacio para el frente legislativo. Menem y Bullrich expusieron sobre los proyectos que el oficialismo considera prioritarios para los próximos meses, entre ellos la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental. El dato no es menor: buena parte del malestar interno en torno a Adorni se vincula precisamente con la percepción de que su situación judicial está comenzando a complicar la agenda parlamentaria del Gobierno.

La titular del bloque oficialista en el Senado fue una de las voces más incisivas al respecto. En un intento además por contener a la propia base electoral libertaria, Bullrich se encargó de trasladar su preocupación al plano público al sostener que el jefe de Gabinete debía presentar “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Hace un mes, delante del propio Milei y de Karina Milei, ya le había dicho a Adorni: “Manuel, acomodá tus papeles porque todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. De hecho, el viernes, una vez que el Presidente se retiró de la reunión de gabinete, Bullrich insistió con la cuestión. “Patricia parece la única que de verdad piensa políticamente y no quiere saber nada con perder”, señaló un habitante de los pasillos —hoy restringidos a la prensa— de Balcarce 50.

Lo cierto es que en el entorno del ministro coordinador ya tomaron una decisión que hasta hace pocos días seguía bajo análisis: el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada patrimonial mucho antes del 31 de julio, el plazo legal previsto para ese trámite. Según pudo saber elDiarioAR, la documentación será dada a conocer en algún momento de las próximas semanas, en un movimiento orientado a desactivar parte de las sospechas y a responder a los reclamos, tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo.

“La intención es volver a recuperar la agenda”, apuntaron en uno de los despachos oficiales. Hay quienes creen que la jugada de Bullrich —digna de una política “profesional”— permitió también descomprimir parte de la tensión interna acumulada durante semanas. Al expresar en voz alta un malestar que varios funcionarios compartían en privado, permitió canalizar el conflicto y evitar que siguiera acumulándose de forma subterránea. “Ayudó”, fue la escueta definición de una fuente oficialista al tanto de las fricciones. Sin embargo, nada lleva a pensar que la relación entre la senadora y Karina Milei vaya a recomponerse fácilmente. La desconfianza entre ambas es vox populi y persiste. ¿Responde a una todavía latente, pero cada vez más manifiesta, disputa de poder que excede largamente el caso Adorni? Es una pregunta sin respuesta que inquieta hoy a buena parte de la tropa de La Libertad Avanza.

“Riesgo Adorni”

Otra dimensión sensible de la polémica que envuelve hoy al jefe de Gabinete quedó expuesta este viernes, pocas horas antes de la reunión que encabezó Milei. En una conferencia de prensa convocada para presentar el llamado “super RIGI”, Adorni reapareció junto a Luis Caputo y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo era anunciar un nuevo esquema de incentivos para atraer inversiones de gran escala. Sin embargo, la presentación terminó dominada por preguntas sobre el denominado “riesgo Adorni”.

Caputo tuvo entonces que responder si el escándalo estaba influyendo sobre el riesgo país. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, aseguró. “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”, agregó, en una frase que buscó relativizar la controversia pero que, al mismo tiempo, confirmó que el caso ya se había colado en las conversaciones con empresarios.

El ministro insistió además en que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y volvió a apelar al concepto de “riesgo kuka” para explicar la persistencia del riesgo país, pese a que días atrás lo había descartado públicamente. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó.

La secuencia de los últimos días condensó así el dilema que enfrenta el oficialismo. Mientras Milei y su hermana consideran que ceder equivaldría a validar una operación política contra el Gobierno, otros sectores empiezan a preguntarse cuánto desgaste adicional puede absorber la administración sin afectar la estabilidad que el programa económico necesita para sostenerse. La evidente caída en la imagen presidencial es una luz roja en el tablero. Sin embargo, la decisión está tomada: Adorni seguirá en su cargo y continuará recibiendo un respaldo explícito. Pero el interrogante ya cambió de naturaleza. La cuestión no es únicamente si el jefe de Gabinete podrá resistir judicialmente, sino cuánto tiempo más podrá el Gobierno evitar que su crisis personal termine proyectándose sobre el conjunto del experimento libertario.

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El gobierno de Javier Milei pretende profundizar su reforma sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con una idea que en la Casa Rosada repiten como horizonte: convertir al organismo en una agencia más parecida a la CIA estadounidense, concentrada en contraespionaje, amenazas externas y operaciones antiterroristas, y cada vez menos involucrada en tareas vinculadas a la seguridad interior. La transformación, todavía incompleta, tuvo su primer capítulo formal con el DNU 941, publicado el 2 de enero, pero en Balcarce 50 insisten con que el verdadero rediseño quedará refrendado en un proyecto de ley que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el transcurso del año.

El cambio más elocuente aparece en la arquitectura interna del sistema de inteligencia que el propio mileísmo había creado un año y medio antes. Cuando Santiago Caputo avanzó en la reforma de 2024 que reemplazó a la AFI por la nueva SIDE, una de las estructuras centrales pasó a llamarse Agencia de Seguridad Nacional (ASN), un organismo encabezado por el excomisario Alejandro Cecati y pensado para concentrar tareas vinculadas a amenazas complejas, coordinación operativa y seguridad estratégica. Pero el Gobierno volvió a mover el tablero: por decreto, aquella ASN dejó de existir y fue rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).

El cambio de nombre no es menor. En el oficialismo lo leen como una señal doctrinaria. En términos prácticos, el contraespionaje y la contrainteligencia implican detectar, neutralizar y prevenir operaciones de servicios extranjeros u organizaciones que busquen infiltrarse, obtener información sensible o afectar intereses estratégicos del Estado. Eso incluye desde el seguimiento de posibles agentes encubiertos y maniobras de captación de funcionarios, hasta la protección de infraestructura crítica, sistemas informáticos, embajadas, centrales energéticas o comunidades consideradas objetivos sensibles frente a “amenazas terroristas”. Es el caso del ciudadano ruso Dmitrii Novikov, vinculado con una estructura conocida como La Compañía, recientemente detenido y expulsado del país “por representar un riesgo para la seguridad nacional”, según consta en un comunicado difundido en X.

En el Gobierno aseguran que el objetivo es que la SIDE deje de destinar recursos a tareas de “inteligencia política” o monitoreo territorial doméstico y concentre capacidades en amenazas externas, ciberseguridad y cooperación internacional con agencias aliadas. La intención es que todo lo vinculado a “interior” quede bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva viene empoderando perfiles técnicos ligados al combate contra el crimen organizado y las amenazas complejas. En la lógica que empieza a tomar forma puertas adentro del oficialismo, el control del territorio debería quedar exclusivamente en manos de las fuerzas federales y en la estructura política de aquella cartera.

Sin embargo, el propio DNU 941 dejó una contradicción que dentro del mundo jurídico y de inteligencia generó ruido desde el primer día. Aunque cerca de Santiago Caputo aseguran que la intención es quitarle facultades policiales a la SIDE y acotar su intervención en asuntos internos, el decreto no termina de fijar con precisión sus límites e incluye una referencia a la posibilidad de “aprehensión” de personas en determinadas circunstancias. La mención fue leída por especialistas como un indicio exactamente inverso al discurso oficial: lejos de acotar capacidades operativas, parecía habilitar una expansión de atribuciones sensibles para el organismo.

Esa ambigüedad es una de las razones por las cuales el oficialismo sostiene que la futura ley —insinuada, pero no anunciada por Milei en su discurso de apertura de sesiones del pasado 1° de marzo— deberá eliminar las zonas grises del DNU y ordenar aquello que su letra dejó abierto: qué puede hacer la SIDE, qué debe quedar en manos de las fuerzas federales y hasta dónde llegan sus capacidades de reunión de información dentro del país.

Mientras se discute ese rediseño, la poda ya empezó por abajo. Según pudo saber elDiarioAR, la intención del Gobierno es reducir el margen de maniobra de las delegaciones del interior, una estructura histórica de la inteligencia argentina, con presencia en cada provincia y con capacidad de producir información territorial por fuera de los grandes centros de decisión. En la práctica, esas dependencias de la SIDE ya comenzaron a achicar gastos. No se trata solo de una cuestión presupuestaria. También es una forma de disciplinar una red que durante décadas funcionó con autonomía relativa y vínculos locales propios.

Un dato interno permite medir la orientación del cambio. En marzo pasado fueron removidas las autoridades del área de Reunión Interior, que estaban bajo la órbita de la abogada María Laura Gnas, incorporada tras la reforma de 2024. Ese lugar lo ocupa ahora un excomisario de la Policía Federal. La modificación no pasó por los grandes anuncios oficiales debido a su caracter secreto, pero dentro del sistema fue leída como parte de una reconfiguración más profunda, en línea con un mayor control desde la conducción central y una SIDE pensada para supuestamente mirar menos la política doméstica y más las hipótesis de amenaza que el Gobierno considera estratégicas.

El alineamiento con Washington es, justamente, una de las piezas que el oficialismo busca exhibir para explicar la nueva doctrina que pretende imprimirle al organismo. En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es avanzar hacia un esquema de inteligencia “más occidental”. En ese marco, la foto que finalmente apareció el martes pasado terminó funcionando como una validación política interna. La SIDE publicó en su cuenta oficial de X la imagen de Cristian Auguadra en la sede de la CIA, en Langley, durante su visita del pasado 24 de marzo, disipando así las dudas que se habían abierto tras el extraño borrado del comunicado original.

La fotografía, que fue tomada en el mítico hall de ingreso del cuartel general en Virginia, uno de los espacios más reconocibles y simbólicos del universo de inteligencia mundial, mostró finalmente a Auguadra junto al director de la CIA, John Ratcliffe, después de semanas de especulaciones sobre si el encuentro había ocurrido realmente o si, como sostenían algunas versiones internas, el titular de la SIDE solo se había reunido con funcionarios de segunda línea de la agencia estadounidense. La discusión no era menor. En el universo de los servicios de inteligencia, cada nivel de interlocución funciona también como una señal de poder político y de reconocimiento internacional.

El que aprovechó rápidamente esa confirmación fue el propio Santiago Caputo. Apenas la SIDE difundió la fotografía, el asesor presidencial replicó la publicación en sus redes con un mensaje cargado de ironía dirigido a quienes habían puesto en duda el encuentro. “No puede ser. Si una banda de operadores con problemas cognitivos y consumos postergados anduvieron diciendo que esto no había pasado”, escribió. La frase no solo funcionó como una provocación más en el estilo habitual del asesor. También expuso hasta qué punto la relación con la CIA aparece hoy atravesada por la interna oficialista y por la necesidad de Caputo de mostrar que todavía conserva terminales propias en uno de los organismos más sensibles del Estado.

La puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), inaugurado en abril con presencia del FBI y del embajador estadounidense Peter Lamelas, fue presentada como la principal vidriera de esa nueva etapa. Allí empezó a ganar visibilidad el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, un funcionario cercano a Santiago Caputo que dentro del organismo muchos describen como un “comisario político” enviado para monitorear la estructura desde adentro.

El crecimiento de Lago Rodríguez no pasó inadvertido. Abogado surgido del estudio Cassagne y hombre de confianza del entorno caputista, comenzó a construir un perfil público inusual para alguien de su cargo, al punto de presentarse en redes sociales como “Subsecretario de Inteligencia” y “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Su protagonismo coincidió además con el corrimiento de figuras internas y con una redistribución del poder dentro de la SIDE que relativizó la centralidad de Auguadra como único conductor político del organismo.

Ese reordenamiento ocurre, además, en simultáneo con la creciente articulación internacional que busca exhibir el oficialismo. La visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada terminó de completar ese cuadro. Cofundador de PayPal y referente detrás de Palantir, una firma especializada en análisis masivo de datos y vinculada históricamente a estructuras de defensa e inteligencia de Estados Unidos, Thiel mantuvo reuniones con Javier Milei y con Santiago Caputo en medio del relanzamiento doctrinario de la SIDE.

Su desembarco fue leído dentro del sistema político como parte de un movimiento más amplio: la intención del Gobierno de robustecer capacidades de análisis, integración y cruce de datos estatales en coordinación con aliados occidentales. No casualmente, el propio DNU 941 habilitó la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible proveniente de distintos organismos públicos que podría allanarle el camino a Thiel y sus negocios.

Toda esta secuencia deja al descubierto distintas capas de sentido. Mientras el Gobierno intenta mostrar una SIDE profesionalizada, integrada a redes internacionales y enfocada en amenazas complejas, el organismo sigue atravesado por movimientos opacos y la jaqueada pero indiscutible centralidad política de Santiago Caputo. Si hace dos meses crecían las versiones sobre un avance de Karina Milei sobre el sistema de inteligencia tras hacerse con el Ministerio de Justicia, el último tramo pareció mostrar lo contrario: el asesor logró sostener influencia, conservar terminales propias y volver a exhibir capacidad de articulación.

Pero incluso esa aparente consolidación convive con una lógica de poder extremadamente inestable. En un gobierno donde las áreas sensibles cambian de manos con rapidez y las internas nunca terminan de cerrarse, la SIDE sigue funcionando como un territorio en permanente transición, atravesado al mismo tiempo por la búsqueda de legitimidad internacional y la disputa doméstica por el control del aparato del Estado.

PL/MG