Nuevo episodio en la batalla judicial sobre el modelo laboral de las plataformas de reparto digitales, como Glovo y Deliveroo. El conflicto ha obtenido su primer fallo de un Tribunal Superior de Justicia, el de Asturias, como ha adelantado La Nueva España. Los magistrados concluyen que existía una relación laboral entre el repartidor denunciante, defendido por el sindicato CSI, y Glovo. Es decir, que el rider trabajaba como falso autónomo. Los jueces desestiman todos los argumentos de Glovo, que asegura que recurrirá esta nueva sentencia ante el Tribunal Supremo.

El fallo de la Sala de lo Social de Oviedo del TSJ asturiano, fechado el pasado 25 de julio y al que ha tenido acceso eldiario.es, alcanza un escalón más –inédito hasta el momento– en la batalla en los tribunales españoles sobre la relación de estas plataformas digitales con sus mensajeros, que tienen que trabajar como autónomos para repartir con ellas.

Hasta la fecha solo se han conocido sentencias de primera instancia, de tribunales de lo Social de diferentes ciudades que resolvían denuncias de repartidores o de la Seguridad Social contra las compañías. Este fallo es el primero de un Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el que se vuelve a analizar un caso y confirma la sentencia del juzgado de lo Social número 1 de Gijón del pasado febrero, que concluyó que un mensajero era falso autónomo y condenó a Glovo por su despido improcedente, a readmitirle o a indemnizarle con 1.778,30 euros.

Mientras que Deliveroo solo cuenta con sentencias desfavorables en España, Glovo ha logrado algunas victorias en los juzgados de primera instancia, que avalan su modelo de autónomos. La compañía catalana fundada por Oscar Pierre ha seguido como estrategia recurrir las condenas y esta es la primera ocasión en la que la justicia resuelve uno de estos recursos. El resultado: los magistrados rechazan todos los argumentos de Glovo y confirman la sentencia de despido improcedente, además de condenar a la compañía a pagar las costas del proceso.

Desde la Corriente Sindical d'Izquierda (CSI) celebran esta primera resolución de un TSJ, explica a este medio Xurde Llano, que espera que sirva de referencia para otros tribunales superiores de justicia que tienen que resolver aún sus recursos. “Tenemos otro caso que ganamos en Asturias pendiente de que resuelva el TJUE, en el que esperamos que se seguirá el mismo criterio”, apunta.

“Completo control” de Glovo

Como destaca el profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, Adrián Todolí, con esta nueva sentencia sobre Glovo y tras la reciente resolución judicial del macrojuicio contra Deliveroo en Madrid “parece que se sigue una doctrina judicial clara que dice que los repartidores son laborales”.

Los principales argumentos de los tribunales en este sentido subrayan que las empresas Glovo y Deliveroo imponen su poder de organización y dirección, que se plasma a través del funcionamiento de la aplicación (app) que rige la actividad de los mensajeros y que impone unilateralmente la plataforma. Otro ejemplo concreto de intervención de estas empresas, recuerda el TSJ, es que es Glovo quien responde ante una incidencia en el pedido de un cliente y con quien debe contactar el propio repartidor para ver cómo resolverla.

El catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo también destaca la referencia de los jueces españoles a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso de Uber en 2017 para concluir que los medios fundamentales de trabajo en estos casos no son las bicicletas, coches u otros vehículos que utilizan los repartidores para cumplir con los envíos, sino la propia app.

Así, la plataforma es “un intermediario imprescindible entre la tarea del repartidor y su destinatario final”, recoge la sentencia del TJE asturiano. En opinión de Rojo, “si no existiera dicha empresa, el repartidor no podría llevar a cabo ninguna actividad”.

En un pormenorizado análisis del caso, la sentencia asturiana –cuyo ponente es Jesús María Martín Morillo– concluye que “existe un control interno corno factor clave del funcionamiento del servicio” y destaca que la plataforma “impone una serie de normas que el trabajador que quiera asociarse debe cumplir”, por lo que se restringe esa supuesta libertad que defienden las compañías, a la hora de elegir horarios o rechazar pedidos, por ejemplo.

La gran cantidad de repartidores con los que cuentan estas compañías, añade la sentencia, permite sustituir a los riders que no estén disponibles en un momento dado y “es precisamente esta facilidad para sustituir al trabajador lo que provoca que estos carezcan de todo poder de negociación para autoprotegerse y necesiten la ayuda del Derecho laboral”. 

Camino al Tribunal Supremo

Fuentes de Glovo apuntan a eldiario.es que “confiamos en la legalidad de nuestro modelo de negocio” y aseguran que van a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, para lo que cuentan con diez días hábiles desde la notificación del fallo.

El profesor Adrián Todolí explica que es posible que no prospere este recurso puesto que, al tratarse de un recurso de casación para la unificación de doctrina, Glovo debe encontrar una sentencia contradictoria (que respalde la relación de autónomos) en un caso muy similar “y no hay por el momento otras sentencias del Tribunales Superiores de Justicia ni del Tribunal Supremo sobre plataformas digitales”.

De todos modos, el Supremo cuenta con “cierto margen de interpretación” a la hora de aceptar o no estos recursos, añade Todolí, por lo que podría decidir entrar a resolver este debate.

Eduardo Rojo recuerda que en sentencias en las que Glovo ha ganado en primera instancia se cita en varias ocasiones un fallo del Supremo, del 26 de noviembre de 2012, que valida la relación de autónomos, de lo que el catedrático deduce que puede ser una de las utilizadas por la empresa para defender su tesis.

Mientras las sentencias y las actas de Inspección se suceden, estas empresas siguen funcionando. “Nosotros ganamos batallas, pero ellos siguen dando la guerra”, subraya el portavoz de CSI. “Desde la patronal de estas empresas, Adigital, quieren cambiar la legislación porque en los tribunales está ganando la laboralidad. Esperemos que al final esto no acabe en una reforma laboral más que perjudique a los trabajadores”, concluye Xurde. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sentenciado, con el voto discrepante de uno de los tres magistrados, que un rider de Glovo es un trabajador autónomo. El abogado del trabajador ha anunciado que recurrirá la decisión.

La decisión judicial contradice a la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que desestimó íntegramente el recurso de la empresa contra una sentencia que concluyó que un repartidor en Gijón era falso autónomo. Ahora la nueva instancia donde se dirimirá la situación laboral del rider será el Tribunal Supremo, que marcará doctrina.

En esta ocasión, el Tribunal ha desestimado el recurso de suplicación presentado por un rider contra la decisión del juez de lo Social número 39 que le rechazó reconocer la existencia de una relación laboral con la aplicación Glovo.

El juez defendía que la relación no es de carácter laboral, ya que Glovo “no tenía trabajadores a su servicio” y se trata de una plataforma “de intermediación 'on demand' de reparto exprés a cuatro bandas en la que se facilita el contacto a personas que necesitan ayuda con sus recados”.

De este modo, la sentencia del Alto Tribunal madrileño confirma que la relación entre el repartidor y la plataforma [Glovo] es ajena al orden laboral y típica de una relación TRADE.

En la resolución, el TSJM subraya que en el desenvolvimiento de la relación jurídica se ha respetado escrupulosamente la regulación legal referida al trabajador autónomo económicamente dependiente.

Además, los magistrados señalan que la calificación como laboral o no de una relación debe partir de un análisis detenido de los elementos y circunstancias fácticas de cada relación, “partiendo de la afirmación que realiza el Tribunal Supremo de la especial dificultad que supone la unificación doctrinal en los supuestos de determinación de si existe o no contrato de trabajo, por la necesidad de apreciar las circunstancias concurrentes en cada supuesto”.

La sentencia se basa en la función de “intermediación en el transporte”, y en su caso, compra de mercancías, partiendo de una serie de fundamentos que otorga la figura de autónomo como la libertad de elección horaria en la que desea colaborar el repartidor, “con fijación de la hora de inicio y de finalización de su actividad; e incluso dentro de ese periodo, la posibilidad de no activar la posición de ”auto asignación“, lo que significa que no desea estar disponible”.

También alude el fallo a “la libertad de aceptar aquellos pedidos y slots que desea realizar sin tener que ejecutar un mínimo de ellos, con posibilidad de su rechazo incluso una vez aceptada e iniciada su ejecución (sin penalización alguna)”.

Y se refiere a “la libertad de elegir la ruta para llegar al destino final, fijado por el cliente, siendo éste quien establece las características del producto a adquirir y de la forma de entrega, estableciéndose una relación directa entre repartidor y cliente”.

Sin embargo, el voto discrepante de uno de los magistrados argumenta que “el dato de esa libertad de acción resulta engañoso, porque solo existe gracias a la organización del servicio que establece la demandada”.

“El demandante goza de un notable grado de flexibilidad pero este dato se relativiza porque presta sus servicios dentro de una franja horaria predeterminada, y para establecer la preferencia de acceso a las franjas más favorables existe un sistema de puntuación, en el que se tiene en cuenta la valoración del cliente, la eficiencia demostrada en la realización de los pedidos más recientes, y la realización de los servicios en las horas de mayor demanda, y hay una penalización por no estar operativo en la franja horaria previamente reservada”, explica el magistrado contrario a la sentencia.

Importante sentencia en el debate sobre el estatus laboral de los repartidores de plataformas digitales. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con sus 17 magistrados, ha dictado criterio dentro del tribunal sobre la relación de los riders y la plataforma Glovo en su estudio del recurso de un mensajero: los repartidores son falsos autónomos. La decisión del conjunto de la Sala de lo Social del TSJ madrileño era muy esperada, después de que la sección cuarta de este tribunal avalara (dividido) el modelo de autónomos de la plataforma de reparto a domicilio en una sentencia del pasado septiembre.

El fallo del pasado 27 de noviembre, al que ha tenido acceso eldiario.es, estima el recurso de un rider al que el juzgado de lo social número 17 rechazó su demanda por despido, al compartir que su relación con Glovo era de autónomo como defiende la empresa.

El Pleno de la Sala de lo Social del TSJ madrileño da ahora la razón al trabajador, defendido por el abogado Luis Suárez Machota de SBO abogados, y concluye que la relación entre las partes es laboral. El tribunal condena a la empresa por despido improcedente, a readmitir al trabajador pagándole los sueldos de tramitación o a indemnizarle con 2.426,70 euros.

“Es una sentencia muy importante, porque a partir de ahora el TSJ de Madrid seguirá este criterio cuando le lleguen estos casos”, explica a eldiario.es el abogado del trabajador, Luis Suárez Machota, que celebra que el fallo se conozca en un Black Friday, “de mucho trabajo para muchos trabajadores de reparto”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Miguel Torres Andrés, recoge que debido a la “controversia material similar a la que se suscita en este recurso en sus aspectos sustanciales”, que ha supuesto la entrada de diversos recursos en el TSJ madrileño, “y a fin de lograr un criterio uniforme de esta Sala de suplicación en aras a la necesaria seguridad jurídica” se llamó a “formar Sala a todos los Magistrados que la componen a fin de resolver el presente recurso de suplicación” en Pleno.

La libertad no es un hecho por figurar en el contrato

Los magistrados apoyan su conclusión de que el rider es un trabajador en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en casos que consideran similares, como el conocido de los mensajeros de febrero 1986 y el caso de los traductores de noviembre de 2017. En pleno debate sobre la necesidad de modificar la legislación laboral para “aclarar” el estatus de estos trabajadores de plataformas digitales, los jueces apuntan que “la aplicación de los tradicionales criterios del Derecho del Trabajo en relación a los elementos que caracterizan una relación laboral común se nos antoja suficiente para darle respuesta adecuada” al caso.

La sentencia enmienda el fallo y la conclusión de la magistrada de instancia en varias ocasiones. Por ejemplo, la jueza aceptó como hechos la “libertad” de acción del repartidor, así como su capacidad de rechazar pedidos “libremente”, como plasma el contrato de autónomo que firmó el trabajador.

Los magistrados responden con contundencia que la doctrina existente “nos permite sentar determinados criterios y, a su vez, unas primeras conclusiones en nuestra opinión inobjetables” y comienzan por dictar “que los contratos son lo que son y no lo que las partes quieren que sean, ni lo que quepa deducir de la denominación que las mismas les otorguen”.

Es decir, que el análisis de la relación laboral debe estudiarse de los hechos que vinculan a las partes y no del contrato que suscribió el trabajador, “contrariamente a lo que parece desprenderse de la sentencia de instancia”. Por lo tanto, esa asunción de 'total libertad' “no es un hecho, sino un simple juicio de valor incorporado a un contrato”, precisan los jueces.

Glovo controla, gestiona y manda

El Pleno entra a valorar las condiciones de prestación del servicio del repartidor y llega a la conclusión de que existen las notas típicas de laboralidad de “dependencia” y “ajenidad”. Por ejemplo, concluyen que hay “ajenidad en los frutos”, es decir, que el trabajo del mensajero redunda en beneficio de Glovo, que es quien acuerda los precios con los restaurantes, las tarifas con el cliente y los precios a pagar a los mensajeros de forma unilateral, sin que el rider pueda negociar o intervenir. También en los “riesgos”: si un cliente no paga su pedido, la pérdida se achaca a Glovo, no es el repartidor quien no cobra la entrega.

Los jueces también consideran que hay “ajenidad en los medios”, ya que centran la herramienta primordial de la actividad en la app (aplicación móvil) propiedad de la empresa y no en la bicicleta y el móvil que aportan los riders. “Es evidente que sin tan repetida plataforma digital sería ilusoria la prestación de servicios por el actor, quien carece de cualquier control sobre la información facilitada a dicha herramienta, cuya programación mediante algoritmos le es ajena por completo”, recoge el fallo.

Además, existe dependencia del repartidor: “El recurrente prestó sus servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa”. La sentencia retoma el hecho de la imposición de precios por parte de Glovo y destaca que el rider “debe atenerse estrictamente a las instrucciones que le imparte la citada mercantil en lo que toca a la forma en que tiene que llevar a cabo su prestación”.

Sobre la libertad de elegir horarios, los magistrados apuntan que debe “matizarse” ya que los mensajeros solo acceden a las franjas horarias que autoriza la plataforma, cuando lo autoriza la empresa y, además, llega a esa posibilidad gracias a un sistema de puntuación que impone Glovo. El algoritmo, diseñado por la empresa, es la que da una puntuación a los repartidores según diversos criterios y les permite acceder a mejores o peores franjas horarias (consideradas estas como las que tienen más trabajo y las que menos).

Los jueces también consideran que rechazar pedidos no sale gratis a los riders: “El rechazo de un servicio puede que no esté penalizado directamente, mas sí de forma refleja, ya que ello supone que su valoración –excelencia– disminuya y, por tanto, la imposibilidad de acceder a las franjas horarias mejores”.

Por tanto, como la relación que unió a las partes es laboral en opinión de los jueces, declaran la existencia de despido en la extinción del contrato que hizo Glovo por inactividad durante la baja médica del mensajero, después de sufrir un accidente de tráfico. La empresa puede recurrir la sentencia ante el Supremo.

Nuevo frente en el debate sobre la cotización mínima de los trabajadores autónomos para 2019. Los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras (CCOO) exigen al Gobierno que la bases mínima de los trabajadores por cuenta propia no quede por debajo de la del Régimen General, en el que están encuadrados la mayoría de ocupados. El Ministerio de Trabajo pactó con las organizaciones de autónomos un incremento del 1,25% de la base mínima para el próximo año. Solo para igualarse a la del Régimen General, que crecerá un 22,3% por el alza del salario mínimo a los 900 euros al mes, la base mínima de los autónomos debería aumentar en un 12,5%. 

La petición, que ya le han hecho llegar al Ministerio de Trabajo en el diálogo social según fuentes sindicales, ha quedado plasmada este miércoles en un comunicado conjunto de ambas organizaciones. “Esta deseable mejora del SMI no puede tener como consecuencia que el Régimen de Autónomos (RETA) se quede con bases mínimas de cotización por debajo del Régimen General”, suscriben CCOO y UGT.

Esa diferencia a la baja en las bases mínimas de cotización –la parte del salario sobre la que se paga la cuota a la Seguridad Social– de ambos regímenes, inédita hasta el momento, resultaría de aplicar el incremento en la cotización para 2019 pactado entre las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA, CEAT y UATAE): de un 1,25%.

Como el salario mínimo sube un 22,3%, las bases mínimas del Régimen General (que cuenta con once grupos) aumentan en el mismo porcentaje, hasta situarse en los 1.050 euros en los grupos con base más reducida. Dado que la base mínima de los autónomos está situada en la actualidad en los 932,7 euros al mes, para llegar al menos esos 1.050 euros se debería incrementar en un 12,5%. 

Este aumento supondría una gran diferencia en la cantidad que los trabajadores deberían abonar finalmente a la Seguridad Social. Con el alza pactada con los autónomos del 1,25% (y los tipos de cotización al 30%), la subida en la cuota mínima es de unos 64 euros al año. Con un alza del 12,5% y aplicando los mismos tipos de cotización, el aumento sería de 37 euros al mes, 444 euros al año. 

Que la base mínima de los autónomos sea inferior que la de los asalariados es un riesgo para el aumento del abuso de los falsos autónomos, como reconocen las propias organizaciones de autónomos, el Gobierno y expertos en materia laboral. De hecho, el Ministerio de Trabajo se comprometió con los colectivos de autónomos a buscar mecanismos para evitar que se incentivara esta figura fraudulenta. 

Los sindicatos mayoritarios piden directamente que no se genere esta situación y que, por lo tanto, la base mínima de los autónomos suba más de lo pactado con los colectivos de autónomos. UGT y CCOO recuerdan que los trabajadores autónomos pueden elegir en la actualidad la base por la que cotizar a la Seguridad Social y en la práctica casi el 86% de ellos cotizan por la mínima, independientemente de sus ingresos. 

“Esta situación provoca luego pensiones muy bajas y detrae recursos a la Seguridad Social, vitales para mantener un sistema de pensiones público, solidario y de reparto”, apuntan en el comunicado las centrales sindicales. El Ministerio de Trabajo presentó el acuerdo alcanzado con los autónomos a los sindicatos y la patronal, para su valoración, por lo que UGT y CCOO confían en que el Gobierno atienda a su demanda. 

Insisten en los cambios en la reforma laboral

Además, los sindicatos mayoritarios insisten en la presión al Gobierno para que apruebe ya cambios en la reforma laboral del PP, que escenificaron ayer los secretarios generales de ambas organizaciones. Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) reclamaron al Ejecutivo socialista que legisle algunas modificaciones antes de que concluya el año. 

En el comunicado de este miércoles, las organizaciones concretan una medida de presión: ponen como “condición necesaria” para sentarse a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, “que previamente se aprueben los cambios que tenemos ultimados sobre la reforma laboral”.

El Ministerio de Trabajo anunció esta semana que abrirá este enero una mesa de negociación con los sindicatos y los empresarios para configurar un nuevo Estatuto “para el siglo XXI”. Los sindicatos instan a que antes de esa fecha el Gobierno apruebe algunas modificaciones en la legislación laboral del PP, como la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años y de la ultraactividad (prórroga de los convenios colectivos cuando no se acuerda uno nuevo), entre otras cuestiones. 

Fin a la incertidumbre sobre la cotización mínima de los trabajadores autónomos en 2019. Aunque en las últimas semanas parecía estar muy cerca el acuerdo, los sindicatos no terminaban de estar cómodos con el acuerdo de Trabajo con los colectivos de autónomos que dejaba su base mínima de cotización por debajo de las de los asalariados. Finalmente, esta semana la ministra de Trabajo ha recibido el apoyo a este pacto por parte de la patronal y los sindicatos, a los que llevó el texto preacordado con los autónomos, con el compromiso de que el sistema de cotización según ingresos reales esté en funcionamiento ya en 2019.

Así lo ha comunicado Magdalena Valerio en su comparecencia de este miércoles en la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados, en la que ha recordado ese compromiso del Gobierno para que a lo largo del año que viene los autónomos puedan cotizar según sus ingresos y no mediante un sistema con posibilidad de elección, como ocurre ahora. El resultado en la actualidad: el 86% de los autónomos cotizan por la base mínima.

Hasta llegar a ese sistema de cotización por ingresos reales, en el que trabaja la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, el Gobierno aprobará una subida para 2019 de la cotización mínima de algo más de 5 euros al mes (unos 5,3 euros).

A esta cantidad, que abonan los trabajadores autónomos a la Seguridad Social, se llega gracias a una subida del 1,25% de la base mínima de cotización y unos tipos del 30%, con los que se obtendrá protección por contingencias comunes, pero también por enfermedad y accidente profesional, cese de actividad (el llamado 'paro de los autónomos') y formación.

La ministra ha celebrado la generalización de la protección de los autónomos por estas tres últimas contingencias, que hasta ahora no eran obligatorias, y ha subrayado la importancia de la reforma del acceso a la prestación por cese de actividad, para facilitar su obtención.

Según fuentes de Trabajo, el Ministerio pretende llevar al último Consejo de Ministros un real decreto con medidas sobre cotización antes de acabar el año, en el que se recoja la subida de la base máxima, pero también la cotización de los trabajadores autónomos. 

Valerio ha recordado también que el Gobierno impondrá “medidas de especial control” ante el riesgo de que aumente el abuso de los falsos autónomos, por la brecha en las bases de cotización mínima entre el Régimen General y de autónomos, si hay “algún empresario o empresaria que intente ahorrarse cotización”, ha afirmado la ministra. Entre otras, el Ejecutivo creará una infracción específica por el “falso encuadramiento”, es decir, tener a trabajadores como falsos autónomos cuando deberían estar contratados como asalariados. 

El Ministerio de Trabajo afronta una tarea pendiente relacionada con los trabajadores autónomos que el Gobierno del PP no resolvió en sus siete años de mandato: acordar un sistema que mida la representatividad de sus asociaciones. La primera y última vez que se calculó el respaldo de estos colectivos fue en 2011, pero el proceso provocó el enfrentamiento entre las organizaciones y, en la práctica, “nunca se ha aplicado”, explican desde Trabajo. El Gobierno del PP ordenó que antes del 26 de abril de 2018 se tenía que desarrollar ese sistema de representatividad, pero incumplió su propio plazo y a día de hoy aún no existe.

La medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos está prevista en el Estatuto de Trabajo Autónomo, de 2007, que regula los derechos y las condiciones de los trabajadores por cuenta propia. En su artículo 21, la ley contempla algunas líneas generales de cómo deben ser las organizaciones que alcancen el rango de “representativas” a nivel estatal, aunque emplaza a concretar los criterios reglamentariamente.

Esas organizaciones tienen varias funciones ligadas a este estatus, como ser consultadas por el Gobierno cuando se diseñen políticas públicas que afecten a los autónomos, colaborar en el diseño de programas públicos dirigidos a los trabajadores por cuenta propia y ostentar representación institucional en administraciones públicas y otras entidades.

El Estatuto creó también el Consejo del Trabajo Autónomo, órgano consultivo del Gobierno para las cuestiones relacionadas con el trabajo autónomo, pero se quedó en el papel. Nunca llegó a constituirse. El motivo es que está íntimamente relacionado con el sistema de representatividad: sus miembros deben formar parte de “las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas”, además de los sindicatos, la patronal y los representantes públicos. Como no ha llegado a acordarse ese sistema de representatividad, el Consejo no se ha materializado.

La clasificación de 2011

La única referencia para conocer qué colectivos son más representativos data de 2011. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una norma en 2010 que reguló los criterios de representatividad, que tenían en cuenta los afiliados de las asociaciones, sus sedes, organizaciones vinculadas y sus recursos humanos y materiales. De ahí, salió una resolución en 2011 que seleccionaba a cinco organizaciones como “representativas”: UPTA, ATA, FOPAE (hoy desaparecida), UATAE y CEAT, por orden de puntos.

Los criterios fueron recurridos ante los tribunales por ATA y CEAT. Aunque la justicia respaldó el proceso, reconoce a eldiario.es el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esos criterios nunca se volvieron a aplicar. De hecho, los artículos que recogían esta cuestión en el decreto de 2010 fueron derogados posteriormente por el PP.

La propia clasificación de las organizaciones más representativas, con una vigencia de cuatro años (hasta junio de 2015), tampoco quedó invalidada pero en la práctica “nunca se ha aplicado”, apuntan fuentes de Trabajo. Por ejemplo, no sirvió para que se creara el Consejo de Trabajo Autónomo, que ha quedado a la espera de llegar a un consenso en el sistema de representatividad.

El Gobierno del PP no lo elaboró durante sus dos legislaturas, pese a establecer incluso un plazo para ello en la ley de 2017 de Reformas urgentes del Trabajo Autónomo. Ahora el Ministerio de Trabajo dirigido por Magdalena Valerio va a “comenzar en breve” la negociación con los colectivos de autónomos del decreto de representatividad. El Gobierno ya tiene un borrador, pero espera un informe de la Abogacía de Estado que ha pedido al respecto, sostienen fuentes oficiales.

Los colectivos que negocian con el Gobierno

¿Con qué organismos de autónomos abordará Trabajo esos criterios de representatividad? Con los mismos que están participando en el diálogo de las medidas legislativas que afectan a los trabajadores por cuenta propia en la actualidad, como el aumento de la cotización y de la protección social aprobada a final de 2018.

Las asociaciones son UPTA, vinculada a UGT; UATAE, afín a Comisiones Obreras; ATA, que acaba de integrarse en CEOE; y CEAT, que está en duda que participe en el diálogo, apuntan en el Ministerio de Trabajo, ya que hasta el momento era la organización dependiente de CEOE y ahora la patronal cuenta con la representación de ATA.

No son estrictamente las organizaciones más representativas, ya que no hay un mecanismo para ello, sino las que cuenta con una “mayor implantación” (sedes y personal). Esa clasificación, necesaria para que las asociaciones opten a las subvenciones por gasto de funcionamiento, se publica cada año y es la que sustenta las referencias que se hacen en la actualidad al peso de cada colectivo.

Es frecuente encontrar menciones a que ATA es la “más representativa”, con un peso del 61%. Según estos datos, UPTA tiene un peso del 19,6% y UATAE del 16%.

Sin embargo, el dato corresponde a su implantación, que no tiene en cuenta el número de autónomos afiliados a estas asociaciones, a cuántas personas representa, sino que tengan un carácter intersectorial, sede en al menos tres comunidades autónomas y su personal a cargo.

Siguiendo este baremo, previsiblemente los representantes de ATA, UPTA y UATAE serán los que negocien en los próximos meses uno de los cambios más relevantes en el sistema de autónomos: la cotización según sus ingresos reales. Este nuevo sistema deberá implementarse ya en 2019, según el compromiso de Pedro Sánchez.

El Tribunal Constitucional ha decidido que los menores transexuales tienen derecho a anotar su cambio de sexo en los registros públicos, frente a la legislación vigente que se lo impide. La medida supone para este colectivo la posibilidad de cambiar los datos de su DNI, adecuándolos a su verdadera identidad. El artículo 1 de la ley que regula el cambio registral relativo al sexo obliga a ser mayor de edad para acometer una variación de estas características. El alto tribunal acaba de sentenciar que el articulado de esa ley vulnera los principios de la Constitución.

En España está permitido que los menores de edad procedan al cambio de nombre en su documento nacional de identidad, pero no se les autoriza alteraciones en la casilla relativa al sexo. El artículo 1 de la ley que regula los cambios de sexo en los registros dice que “toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral relativa al sexo”.

Ahora el Constitucional sentencia que los menores “con suficiente madurez” y “en situación estable de transexualidad” podrán realizar los cambios necesarios para adecuar los datos de su DNI a su verdadera identidad de género. La decisión no ha sido unánime: Los magistrados Encarnación Roca y Alfredo Montoya no han respaldado la decisión y anuncian la redacción de voto particular.

El Constitucional responde con su sentencia a un recurso planteado por el Tribunal supremo en el que se preguntaba sobre la constitucionalidad de la legislación vigente sobre la materia. La duda del Supremo surgió tras la reclamación planteada por la familia de un menor que en ese momento tenía 14 años y que “al nacer fue inscrito con sexo y nombre de mujer pero que desde muy pequeño se sintió varón y prefirió usar un nombre masculino”.

En la demanda, presentada por los padres del menor, se relatan episodios que le provocaron sufrimiento y humillación. La Sala que abordó la demanda valoró en su momento que se trataba de un joven con la suficiente madurez y que realizaba una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad.

La decisión del Constitucional llega en el momento en el que este joven está a punto de cumplir la mayoría de edad; tarde para satisfacer sus pretensiones pero a tiempo para cumplir con una reclamación histórica de las familias de menores transexuales.