Desde Chile, Patricia Bullrich llamó por teléfono a Javier Milei y, con la excusa de ofrecer una recomendación amigable, le mandó un mensaje envenenado: Manuel Adorni tenía que dar un paso al costado hasta que se expidiera la Justicia. Lo piden sus funcionarios, lo exige el círculo rojo y así lo muestran las métricas que llegan, semana a semana, a los despachos gubernamentales. El desgaste del caso Adorni estaba arrastrando al Gobierno y no había tema –el “super RIGI”, la reforma electoral o la guerra contra el periodismo– que pudiera evitarlo. 

A 1400 kilómetros de distancia, mientras tanto, un frigorífico en Moreno llamado “Cabañas Don Theo” abría una convocatoria para contratar administrativos, cajeros, carniceros y personal de carga y descarga. Ofrecían sueldos entre $1 millón y $1,3 millón y convocaban a los interesados a que dejar el currículum en la empresa. Había 60 vacantes pero, cuando llegó el día, se presentaron más de 4 mil personas. Jóvenes solos y con amigos, madres con sus hijos, jubilados, mujeres de mediana edad agotadas de esperar, durante horas, en la fila: la columna de postulantes era una espiral que daba la vuelta del frigorífico, se extendía más allá y volvía a envolverse sobre sí misma. 

En simultáneo, dos dimensiones de la crisis que atraviesa al Gobierno. La política, que tiene al Gobierno paralizado hace dos meses, con un Milei dispuesto a sacrificarse por su fusible y una Bullrich que ya empezó a coquetear con la idea de presentarse como alternativa en 2027. Y la económica, que viene explotando por goteo, con la crisis en los hospitales universitarios, la deuda con el PAMI, el derrumbe del empleo formal, el cierre de industrias y la morosidad récord de las familias. 

Pese al impacto mediático del caso Adorni, y a su efecto desestabilizador sobre el Gobierno, la hipótesis de un entramado de corrupción en el gabinete libertario aparece como un tema secundario en casi todas las encuestas de opinión pública. El último informe realizado por La Sastrería, conducida por Raúl Timerman, junto a las consultoras Tres Punto Zero y Alaska, registró que, en cambio, 7 de cada 10 consultados puso a la economía en el centro de sus preocupaciones.

Cuando le preguntaron a los encuestados cuál era su principal problema personal o familiar, el 45% dijo que eran los ingresos. Le siguieron la inflación (15%), la pobreza (10%), la inseguridad (7%), la desocupación (5%) y, recién en sexto lugar, apareció la corrupción (3%). 

Un conjunto de problemáticas que se puede resumir en cinco crisis que, detrás de la crisis política de Adorni, empujan para abajo la imagen negativa de Milei. 

La crisis en Salud

“Si no nos depositan los fondos, en un mes y medio nuestros hospitales van a dejar de funcionar”, advirtió el director del Instituto de Investigaciones Médicas, Norberto Lafos, el miércoles durante una conferencia de prensa en el Hospital de Clínicas. Reducción de la cantidad de cirugías y tratamientos médicos, recortes en la compra de medicamentos, pérdida del 50% del poder adquisitivo de médicos y enfermeros (que cobran entre un millón y un millón y medio de pesos, con dedicación exclusiva): la postal de los hospitales universitarios que integran la red UBA, que atiende a más de 700 mil pacientes todos los años, es crítica, pero apenas un reflejo de lo que sucede hace ya varios meses en gran parte del sistema de salud de todo el país. 

Los profesionales de la salud vienen encabezando marchas en diferentes ciudades del país. Rosario, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba. A los reclamos por sueldos pisados y falta de recursos para sostener la atención en los hospitales se le suma la preocupación por el desmantelamiento de programas como el Remediar o el de Cardiopatías Congénitas. El cierre del Instituto Nacional del Cáncer o el recorte del 75% del presupuesto destinado a la prevención del VIH, la hepatitis y la tuberculosis. 

El sistema de salud pública coquetea con el colapso. A los recortes se suma que hubo un incremento de las personas que se quedaron sin prepaga u obra social en el último par de años: según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a datos del INDEC, 742 mil personas se quedaron sin cobertura privada de salud desde noviembre de 2023. Esto presiona el sistema de salud público, ya golpeado y al borde del colapso. 

La crisis en Educación

La crisis de los hospitales universitarios es un resultado de la crisis presupuestaria que atraviesa a las universidades nacionales. Los rectores denuncian que las transferencias a las universidades nacionales registran, entre 2023 y 2026, una caída real acumulada del 45%. Se le suma a ello el deterioro del poder adquisitivo de los docentes, que vienen impulsando paros en casi todo el país y denuncian que están cobrando los salarios más bajos de los últimos 23 años. 

“Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario real de los docentes cayó en un 36%”, explica Blanca Osuna, diputada del peronismo e impulsora de la Ley de Financiamiento Universitario que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado. Una ley que obligaba a actualizar por inflación los sueldos docentes, así como los gastos de funcionamiento de las universidades, y que el Gobierno está incumpliendo con el argumento de que fue judicializado. 

El próximo martes 12 se llevará a cabo una jornada de protesta en todo el país en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Será la tercera marcha universitaria durante la era Milei y en el Gobierno estarán prestando particular atención a la convocatoria frente al Congreso, a donde se espera que movilicen decenas de miles de personas.

La crisis del empleo y de los ingresos

La postal de la cola frente al frigorífico de Moreno fue la síntesis perfecta de la gran demanda ciudadana que aparece en todas las encuestas: la necesidad de estabilidad laboral y mejores ingresos. La semana pasada, Milei expuso en la Fundación Libertad y se jactó de que se habían creado 113 mil puestos de trabajo nuevos desde diciembre de 2023. Pero se olvidó de mencionar un detalle, que aparecía en el mismo informe de Econométrica que utilizó como base: el crecimiento se explicaba por la multiplicación de trabajadores informales, a costa de una caída de los trabajadores formales. 

Según un informe de CEPA, en base a los datos oficiales del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), en Argentina se perdieron más de 290 mil empleos formales registrados entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Es decir, empleos estables, con derecho a vacaciones pagas y aportes a la obra social y al sistema previsional. El índice de desempleo, sin embargo, se mantuvo estable en 7,5%, gracias a la multiplicación de trabajadores “independientes” (monotributistas) y no registrados. 

Frente a este escenario, el IAG desarrolló un índice propio llamado “Desempleo Blue” que apuesta a visibilizar el “desempleo encubierto” bajo otras formas inestables o informales de contratación. Este índice utiliza tres criterios para ampliar el concepto de desempleo: aquellos que buscan más trabajo, aquellos que trabajaron muy pocas horas en la última semana (el INDEC considera empleada a cualquier persona que trabaje más de una hora a la semana), y aquellos en una actividad desprotegida y de alta precariedad. Bajo estas tres variables, el “desempleo blue” llega a un 15,3%. 

Al desempleo se le suma otro dato: la caída del poder adquisitivo en los últimos dos años en el sector público y formal. Según otro informe del IAG, entre diciembre del 23 y febrero del 26, se registró una caída real del 37,9% en los sueldos públicos, del 5,5% en el sector privado (registrándose una leve mejora durante el último trimestre) y del 39% en el caso del salario mínimo. 

La crisis de la morosidad

Por último, está la crisis de la morosidad en las familias, que alcanzó su nivel más alto en los últimos 18 años. Las personas que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales se enfrentan cada vez más a una realidad: la imposibilidad de pagar las deudas que tienen. Según datos del Banco Central, las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales.

A este dato se le suma el motivo detrás del incremento del endeudamiento de las familias. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, las familias recurren al endeudamiento “porque no logran cubrir sus gastos mensuales y necesitan financiamiento incluso para consumos básicos”. El uso del crédito para sostener el consumo, explica el informe, creció en un 57% desde el inicio de la gestión Milei.

Consultado por esta situación, sin embargo, el ministro Luis Caputo aseguró que el sobreendeudamiento se explicaba porque la gente pensaba que iba a subir el dólar y no subió.

MCM/MG

Los hermanos Juan y Patricio Neuss en sociedad con los dueños del grupo Newsan y del fondo Inverlat ganaron este martes la tercera privatización en este gobierno de Javier Milei, el 26,3% de la mayor transportista eléctrica de la Argentina, Transener. Y esta vez lo hicieron tras un fallo informático en la difusión de ofertas que levantó polémica.

A las 10 debían publicarse online las propuestas económicas, que también se habían presentado en forma electrónica 10 días antes. Pero sólo se vieron las de dos de los oferentes: los US$301 millones que ponía Central Puerto, uno de los principales grupos generadores eléctricos del país, propiedad de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany (accionista del Grupo Financiero Galicia); y los US$230 millones que apostaba Edenor, la distribuidora de luz de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Pero no figuraba la oferta que se sabía que había presentado efectivamente en conjunto el grupo Edison Energía -sus accionistas son los Neuss, el dueño y el CEO de Newsan (grupo de electrónica fueguina y de los productos de higiene y tocador Procter & Gamble en la Argentina), Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, y los socios de Inverlat (dueños de Havanna), Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai- y Genneia, el conglomerado de generación eléctrica de Jorge Brito, propietario del Banco Macro. Nadie se explicaba por qué, pues ya debía conocerse en simultáneo.

A las 10.40 se cayó la página web de la licitación a cargo de la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, dependiente del Ministerio de Economía, de Luis Caputo. Diez minutos después se levantó y seguían apareciendo sólo dos ofertas. Continuaba faltando una. Se volvió a caer el sistema y a las 11.12 regresó con la tercera oferta de Edison y Genneia por US$356 millones, la ganadora.

Central Puerto y Edenor guardaron silencio sobre lo sucedido. Operan en negocios regulados por el Estado y además compiten con los Neuss por otra privatización, la de Metrogas, por ahora en manos de YPF. Pero observadores del sector energético se dividían entre quienes se sorprendieron y quienes calificaron el episodio de “poco prolijo”. También apuntaban a las relajadas exigencias de antecedentes en el pliego de licitación.

En el consorcio ganador, en cambio, descartaron sospechas: “Imaginamos que fue un error del sistema. Todo se cargó en su momento, hace 10 días, en el sistema de manera encriptada, incluyendo la oferta económica”. En el Gobierno no formularon comentarios. En el comunicado de prensa destacaron que “Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz, y opera instalaciones que constituyen la columna vertebral del transporte eléctrico nacional”.

“El nivel de las ofertas refleja el interés del sector privado en invertir en infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino”, continuaron en la Secretaría de Energía. En el sector, sin embargo, llamó la atención lo elevada de la oferta de Edison y Genneia y se preguntaban de dónde obtuvieron el dinero y qué harán después cuando deban invertir en las obras de ampliación y modernización que requiere la red. Los vencedores serán socios del otro controlante de Transener, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

“Con esta etapa, el proceso ingresa en su tramo final y permitirá retirar completamente al Estado de la participación accionaria en la transportista, consolidando el esquema previsto en el marco regulatorio eléctrico, donde la prestación del servicio público queda en manos privadas bajo regulación estatal”, continuó Energía. “La adjudicación está prevista para el mes de mayo, conforme al cronograma establecido, completando una instancia central dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Energía Argentina SA (ENARSA).”

No es la primera licitación que gana Edison, un grupo creado hace apenas un año con la compra de las distribuidoras de Jujuy (Ejesa) y Tucumán (EDET), la transportista eléctrica del Litoral (Litsa) y una pequeña generadora mendocina, la de Potrerillos (Cempsa). Pero esa central le sirvió como antecedente en generación para presentarse en las subastas por la concesión de dos de las cuatro hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue, Alicurá y Cerros Colorados. En los pliegos se exigía poca experiencia en el sector, lo que sorprendió a algunos oferentes.

También llamó la atención que se extendiera el plazo de presentación de ofertas, de modo tal que después de que la norteamericana AES presentara la suya para retener Alicurá, en el alargue Edison apareció con la suya. Los Neuss y sus socios pusieron US$162 millones, unos 30 millones más que el poderoso grupo energético de EE UU que está siendo adquirido por el fondo de inversión BlackRock. También se quedaron con Cerros Colorados en la contienda con BML, del sojero Manuel Santos Uribelarrea. Después de apostar fuerte por ambas centrales, ahora también les llegará la hora de invertir en su mantenimiento.

Los Neuss ya eran un grupo con inversiones agropecuarias, inmobiliarias y con la distribuidora eléctrica de Río Negro, Edersa, antes de iniciarse este gobierno. Pero estos amigos del asesor presidencial Santiago Caputo han ampliado sus negocios de forma notable en el último año. Sus victorias en las privatizaciones no sorprenden ya en el establishment. Tras aportar en 2023 a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, se han convertido en contribuyentes de La Libertad Avanza y la fundación libertaria Faro, donde opera Santiago Caputo.

En la subasta de la concesión de la hidrovía del río Paraná se los menciona como eventuales subcontratistas de uno de los oferentes, el consorcio de la belga Jan de Nul y la local Servimagnus, de Ricardo Román y su hijo Leonardo, pero no hay prueba alguna que los vincule de forma fehaciente. Su rival en la contienda es la belga DEME, cuyos ejecutivos se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en pleno proceso.

Habrá que ver si realmente este negocio forma parte de la rivalidad interna entre Santiago Caputo, amigo de los Neuss y del director de la Agencia de Puertos, Iñaki Arreseygor, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responde Menem. En pocos días se conocerá el ganador. En caso de Jan de Nul retenga el negocio que controla desde hace 31 años, será cuestión de indagar a qué empresas subcontrata para tareas que van mucho más allá que la concesión anterior, que se limitaba al dragado y el balizamiento.

AR/CRM