El gobierno de Javier Milei pretende profundizar su reforma sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con una idea que en la Casa Rosada repiten como horizonte: convertir al organismo en una agencia más parecida a la CIA estadounidense, concentrada en contraespionaje, amenazas externas y operaciones antiterroristas, y cada vez menos involucrada en tareas vinculadas a la seguridad interior. La transformación, todavía incompleta, tuvo su primer capítulo formal con el DNU 941, publicado el 2 de enero, pero en Balcarce 50 insisten con que el verdadero rediseño quedará refrendado en un proyecto de ley que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el transcurso del año.

El cambio más elocuente aparece en la arquitectura interna del sistema de inteligencia que el propio mileísmo había creado un año y medio antes. Cuando Santiago Caputo avanzó en la reforma de 2024 que reemplazó a la AFI por la nueva SIDE, una de las estructuras centrales pasó a llamarse Agencia de Seguridad Nacional (ASN), un organismo encabezado por el excomisario Alejandro Cecati y pensado para concentrar tareas vinculadas a amenazas complejas, coordinación operativa y seguridad estratégica. Pero el Gobierno volvió a mover el tablero: por decreto, aquella ASN dejó de existir y fue rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).

El cambio de nombre no es menor. En el oficialismo lo leen como una señal doctrinaria. En términos prácticos, el contraespionaje y la contrainteligencia implican detectar, neutralizar y prevenir operaciones de servicios extranjeros u organizaciones que busquen infiltrarse, obtener información sensible o afectar intereses estratégicos del Estado. Eso incluye desde el seguimiento de posibles agentes encubiertos y maniobras de captación de funcionarios, hasta la protección de infraestructura crítica, sistemas informáticos, embajadas, centrales energéticas o comunidades consideradas objetivos sensibles frente a “amenazas terroristas”. Es el caso del ciudadano ruso Dmitrii Novikov, vinculado con una estructura conocida como La Compañía, recientemente detenido y expulsado del país “por representar un riesgo para la seguridad nacional”, según consta en un comunicado difundido en X.

En el Gobierno aseguran que el objetivo es que la SIDE deje de destinar recursos a tareas de “inteligencia política” o monitoreo territorial doméstico y concentre capacidades en amenazas externas, ciberseguridad y cooperación internacional con agencias aliadas. La intención es que todo lo vinculado a “interior” quede bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva viene empoderando perfiles técnicos ligados al combate contra el crimen organizado y las amenazas complejas. En la lógica que empieza a tomar forma puertas adentro del oficialismo, el control del territorio debería quedar exclusivamente en manos de las fuerzas federales y en la estructura política de aquella cartera.

Sin embargo, el propio DNU 941 dejó una contradicción que dentro del mundo jurídico y de inteligencia generó ruido desde el primer día. Aunque cerca de Santiago Caputo aseguran que la intención es quitarle facultades policiales a la SIDE y acotar su intervención en asuntos internos, el decreto no termina de fijar con precisión sus límites e incluye una referencia a la posibilidad de “aprehensión” de personas en determinadas circunstancias. La mención fue leída por especialistas como un indicio exactamente inverso al discurso oficial: lejos de acotar capacidades operativas, parecía habilitar una expansión de atribuciones sensibles para el organismo.

Esa ambigüedad es una de las razones por las cuales el oficialismo sostiene que la futura ley —insinuada, pero no anunciada por Milei en su discurso de apertura de sesiones del pasado 1° de marzo— deberá eliminar las zonas grises del DNU y ordenar aquello que su letra dejó abierto: qué puede hacer la SIDE, qué debe quedar en manos de las fuerzas federales y hasta dónde llegan sus capacidades de reunión de información dentro del país.

Mientras se discute ese rediseño, la poda ya empezó por abajo. Según pudo saber elDiarioAR, la intención del Gobierno es reducir el margen de maniobra de las delegaciones del interior, una estructura histórica de la inteligencia argentina, con presencia en cada provincia y con capacidad de producir información territorial por fuera de los grandes centros de decisión. En la práctica, esas dependencias de la SIDE ya comenzaron a achicar gastos. No se trata solo de una cuestión presupuestaria. También es una forma de disciplinar una red que durante décadas funcionó con autonomía relativa y vínculos locales propios.

Un dato interno permite medir la orientación del cambio. En marzo pasado fueron removidas las autoridades del área de Reunión Interior, que estaban bajo la órbita de la abogada María Laura Gnas, incorporada tras la reforma de 2024. Ese lugar lo ocupa ahora un excomisario de la Policía Federal. La modificación no pasó por los grandes anuncios oficiales debido a su caracter secreto, pero dentro del sistema fue leída como parte de una reconfiguración más profunda, en línea con un mayor control desde la conducción central y una SIDE pensada para supuestamente mirar menos la política doméstica y más las hipótesis de amenaza que el Gobierno considera estratégicas.

El alineamiento con Washington es, justamente, una de las piezas que el oficialismo busca exhibir para explicar la nueva doctrina que pretende imprimirle al organismo. En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es avanzar hacia un esquema de inteligencia “más occidental”. En ese marco, la foto que finalmente apareció el martes pasado terminó funcionando como una validación política interna. La SIDE publicó en su cuenta oficial de X la imagen de Cristian Auguadra en la sede de la CIA, en Langley, durante su visita del pasado 24 de marzo, disipando así las dudas que se habían abierto tras el extraño borrado del comunicado original.

La fotografía, que fue tomada en el mítico hall de ingreso del cuartel general en Virginia, uno de los espacios más reconocibles y simbólicos del universo de inteligencia mundial, mostró finalmente a Auguadra junto al director de la CIA, John Ratcliffe, después de semanas de especulaciones sobre si el encuentro había ocurrido realmente o si, como sostenían algunas versiones internas, el titular de la SIDE solo se había reunido con funcionarios de segunda línea de la agencia estadounidense. La discusión no era menor. En el universo de los servicios de inteligencia, cada nivel de interlocución funciona también como una señal de poder político y de reconocimiento internacional.

El que aprovechó rápidamente esa confirmación fue el propio Santiago Caputo. Apenas la SIDE difundió la fotografía, el asesor presidencial replicó la publicación en sus redes con un mensaje cargado de ironía dirigido a quienes habían puesto en duda el encuentro. “No puede ser. Si una banda de operadores con problemas cognitivos y consumos postergados anduvieron diciendo que esto no había pasado”, escribió. La frase no solo funcionó como una provocación más en el estilo habitual del asesor. También expuso hasta qué punto la relación con la CIA aparece hoy atravesada por la interna oficialista y por la necesidad de Caputo de mostrar que todavía conserva terminales propias en uno de los organismos más sensibles del Estado.

La puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), inaugurado en abril con presencia del FBI y del embajador estadounidense Peter Lamelas, fue presentada como la principal vidriera de esa nueva etapa. Allí empezó a ganar visibilidad el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, un funcionario cercano a Santiago Caputo que dentro del organismo muchos describen como un “comisario político” enviado para monitorear la estructura desde adentro.

El crecimiento de Lago Rodríguez no pasó inadvertido. Abogado surgido del estudio Cassagne y hombre de confianza del entorno caputista, comenzó a construir un perfil público inusual para alguien de su cargo, al punto de presentarse en redes sociales como “Subsecretario de Inteligencia” y “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Su protagonismo coincidió además con el corrimiento de figuras internas y con una redistribución del poder dentro de la SIDE que relativizó la centralidad de Auguadra como único conductor político del organismo.

Ese reordenamiento ocurre, además, en simultáneo con la creciente articulación internacional que busca exhibir el oficialismo. La visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada terminó de completar ese cuadro. Cofundador de PayPal y referente detrás de Palantir, una firma especializada en análisis masivo de datos y vinculada históricamente a estructuras de defensa e inteligencia de Estados Unidos, Thiel mantuvo reuniones con Javier Milei y con Santiago Caputo en medio del relanzamiento doctrinario de la SIDE.

Su desembarco fue leído dentro del sistema político como parte de un movimiento más amplio: la intención del Gobierno de robustecer capacidades de análisis, integración y cruce de datos estatales en coordinación con aliados occidentales. No casualmente, el propio DNU 941 habilitó la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible proveniente de distintos organismos públicos que podría allanarle el camino a Thiel y sus negocios.

Toda esta secuencia deja al descubierto distintas capas de sentido. Mientras el Gobierno intenta mostrar una SIDE profesionalizada, integrada a redes internacionales y enfocada en amenazas complejas, el organismo sigue atravesado por movimientos opacos y la jaqueada pero indiscutible centralidad política de Santiago Caputo. Si hace dos meses crecían las versiones sobre un avance de Karina Milei sobre el sistema de inteligencia tras hacerse con el Ministerio de Justicia, el último tramo pareció mostrar lo contrario: el asesor logró sostener influencia, conservar terminales propias y volver a exhibir capacidad de articulación.

Pero incluso esa aparente consolidación convive con una lógica de poder extremadamente inestable. En un gobierno donde las áreas sensibles cambian de manos con rapidez y las internas nunca terminan de cerrarse, la SIDE sigue funcionando como un territorio en permanente transición, atravesado al mismo tiempo por la búsqueda de legitimidad internacional y la disputa doméstica por el control del aparato del Estado.

PL/MG