El Gobierno salió públicamente a intenta dar su batalla dialéctica en la previa a la cuarta marcha universitaria de este martes, que se prevé masiva en el Congreso y la Casa Rosada, en CABA, y en otros puntos del país. El encargado fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que justificó el flamante ajuste monumental que se conoció este lunes por un decreto firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recorte alcanzó los $5.303 millones para obras de infraestructura universitaria y el funcionario aseguró que no se afectaron partidas educativas, sino que se trató de un ajuste que el Ministerio de Economía había acordado con el banco de desarrollo CAF. “Son fondos de Economía, comprometidos de la gestión anterior para obras que figuraban de un presupuesto de la CAF. Muchas obras son cuestionables, como por ejemplo auditorio. cuando nosotros priorizamos aulas. No son recortes universitarios, no son fondos de educación”, planteó Álvarez en una entrevista en radio Rivadavia.

En la Decisión Administrativa 20/2026 de ayer, las casas de altos estudios más golpeadas fueron la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Se conoció además que en la Secretaría de Educación el recorte asciende a $78.768 millones, siendo la mayor contradicción el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones; se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, y se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

En un intento de atacar la convocaria de la marcha, el funcionario insistió luego que “el presupuesto universitario es arbitrario, se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. “Queremos que el presupuesto sea asignado por indicadores claros, como la cantidad de alumnos. No hay recorte presupuestario de ningún tipo, lo que no hay es actualización salarial en la medida que quieren los gremios” admitió Álvarez, que ayer estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ofreció una rueda de prensa a algunos medios preseleccionados donde dijo que “la marcha es política”.

La marcha de este martes reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida por el Congreso el año pasado, con la actualización de las partidas que contempla la norma. Según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Por ahora la norma está suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema.

Los rectores habían reclamado para este año $7,3 billones para el funcionamiento integral de las universidades (salarios, materiales, obras), pero Milei le designó $4,8 billones en el Presupuesto 2026. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.

“Las universidades son para el radicalismo el equivalente a lo que es el sindicalismo para el peronismo. Están muy metidos”, se quejó Álvarez.

El conflicto por el presupuesto universitario se acrecentó en las últimas semanas porque los hospitales que dependen de la UBA denunciaron que podrían dejar de funcionar en junio si no reciben los fondos nacionales necesarios. El Gobierno transfirió a las universidades un monto presupuestado para las carreras asociadas a Medicina (unos $34 mil millones), pero la UBA reclama fondos por $80.000 millones que estarían destinados directamente a los hospitales y que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. “Se transfirió todo mes a mes. La UBA reclama un fondo que es común para todas las universidades”, se quejó Álvarez.

MC