La cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei buscará este martes colmar plazas en todo el país bajo un fuerte reclamo contra el Gobierno por no cumplir con la ley de financiamiento, votada en dos oportunidades en el Congreso en 2025 y actualmente judicializada. La concentración principal será esta tarde a las 18 en la Plaza de Mayo, donde se leerá un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes.

En ese texto, al que accedió elDiarioAR, la comunidad universitaria acusa al Gobierno de incumplir “la regla democrática y constitucional básica” y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que no permita que el Ejecutivo siga ignorando una ley que el propio Congreso ratificó con mayoría agravada.

La convocatoria está organizada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y reúne a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el territorio nacional. En Buenos Aires, la concentración arranca desde las 14 en las inmediaciones del Congreso (así como en otros puntos del centro porteño) y las columnas confluirán en Plaza de Mayo a partir de las 17.

203 días sin aplicar la ley

El título del comunicado lo dice todo: “203 días sin aplicar la Ley”. Ese es el tiempo transcurrido desde que la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) fue ratificada por el Parlamento con mayoría de dos tercios en ambas cámaras —incluso después del veto presidencial— sin que el Ejecutivo la haya cumplido.

El choque institucional escaló además al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.

El comunicado es explícito: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.” Por eso el documento le pide directamente al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y que no permita que el Poder Ejecutivo continúe en esa senda.

Las universidades: el presupuesto que no llega

El deterioro financiero que describe el comunicado es estructural. Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.

El comunicado también describe el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.

El diagnóstico político que ofrece la universidad pública es tajante: el Poder Ejecutivo “en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.”

Los docentes y trabajadores: salarios en el piso histórico

El capítulo más duro del comunicado es el dedicado a los trabajadores universitarios. La declaración describe con precisión la brecha entre inflación y salarios: “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.”

Para dimensionar ese número en términos concretos, el documento lo traduce así: “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado.” Y ubica el resultado en perspectiva histórica: los salarios universitarios están “en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina.”

Las consecuencias son drásticas: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.” El 95% del presupuesto universitario se destina a salarios.

Los estudiantes: becas congeladas y expulsión silenciosa

El tercer frente que describe el documento es el de los estudiantes, donde el deterioro opera de manera más silenciosa pero igualmente profunda. El comunicado denuncia que “el sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro”.

Las Becas Progresar —la principal herramienta de apoyo económico para estudiantes de sectores populares— “permanecen congeladas frente a una inflación creciente”. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento.” Y las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC) están directamente “suspendidas”, siendo “el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.”

La de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, para impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión parlamentaria que ratificó la norma. En ninguno de los tres casos el Gobierno modificó su postura.

MC

La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria promete una convocatoria masiva que alterará por completo la dinámica del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y sectores científicos se movilizarán hacia la Casa Rosada para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que generará cortes totales y parciales desde las primeras horas de la tarde.

Debido a la magnitud del despliegue, se recomienda a los conductores evitar el perímetro del microcentro entre las 13 y las 19 horas.

Principales calles y zonas afectadas:

Cronograma de concentraciones y puntos de encuentro

La movilización se organizó de manera escalonada para confluir en el histórico paseo frente a la Casa de Gobierno:

La jornada no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. En la zona sur del Conurbano, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para luego trasladarse al centro porteño, concentrando su segunda etapa en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. Al igual que en las tres ediciones anteriores, se espera que la movilización sea multitudinaria en todo el país.

El Gobierno salió públicamente a intenta dar su batalla dialéctica en la previa a la cuarta marcha universitaria de este martes, que se prevé masiva en el Congreso y la Casa Rosada, en CABA, y en otros puntos del país. El encargado fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que justificó el flamante ajuste monumental que se conoció este lunes por un decreto firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recorte alcanzó los $5.303 millones para obras de infraestructura universitaria y el funcionario aseguró que no se afectaron partidas educativas, sino que se trató de un ajuste que el Ministerio de Economía había acordado con el banco de desarrollo CAF. “Son fondos de Economía, comprometidos de la gestión anterior para obras que figuraban de un presupuesto de la CAF. Muchas obras son cuestionables, como por ejemplo auditorio. cuando nosotros priorizamos aulas. No son recortes universitarios, no son fondos de educación”, planteó Álvarez en una entrevista en radio Rivadavia.

En la Decisión Administrativa 20/2026 de ayer, las casas de altos estudios más golpeadas fueron la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Se conoció además que en la Secretaría de Educación el recorte asciende a $78.768 millones, siendo la mayor contradicción el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones; se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, y se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

En un intento de atacar la convocaria de la marcha, el funcionario insistió luego que “el presupuesto universitario es arbitrario, se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. “Queremos que el presupuesto sea asignado por indicadores claros, como la cantidad de alumnos. No hay recorte presupuestario de ningún tipo, lo que no hay es actualización salarial en la medida que quieren los gremios” admitió Álvarez, que ayer estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ofreció una rueda de prensa a algunos medios preseleccionados donde dijo que “la marcha es política”.

La marcha de este martes reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida por el Congreso el año pasado, con la actualización de las partidas que contempla la norma. Según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Por ahora la norma está suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema.

Los rectores habían reclamado para este año $7,3 billones para el funcionamiento integral de las universidades (salarios, materiales, obras), pero Milei le designó $4,8 billones en el Presupuesto 2026. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.

“Las universidades son para el radicalismo el equivalente a lo que es el sindicalismo para el peronismo. Están muy metidos”, se quejó Álvarez.

El conflicto por el presupuesto universitario se acrecentó en las últimas semanas porque los hospitales que dependen de la UBA denunciaron que podrían dejar de funcionar en junio si no reciben los fondos nacionales necesarios. El Gobierno transfirió a las universidades un monto presupuestado para las carreras asociadas a Medicina (unos $34 mil millones), pero la UBA reclama fondos por $80.000 millones que estarían destinados directamente a los hospitales y que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. “Se transfirió todo mes a mes. La UBA reclama un fondo que es común para todas las universidades”, se quejó Álvarez.

MC

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC