Desde fines de los 70 y con las distintas crisis socioeconómicas, las cuidadoras comunitarias se expandieron en Argentina y consolidaron, desde la inventiva, una red de comedores, jardines, clubes deportivos, espacios culturales y dispositivos contra la violencia que cuidan, alimentan, educan y recrean a miles de personas en barrios donde no llegan las políticas públicas. El 75% son mujeres, generalmente vecinas de origen humilde que hoy están siendo perseguidas por el Estado, según denunciaron la semana pasada organismos de Derechos Humanos.

“Se impulsan causas por supuestas extorsiones y se usan como prueba mensajes de militancia, convocatorias a marchas o reuniones barriales”, explicó Nadia De Rosa, presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que junto a la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y la Utep, participaron de “La criminalización de las cuidadoras comunitarias en Argentina”, una exposición en la que detallaron las preocupaciones de organismos internacionales por la violencia que ejerce el Estado nacional. “Está habiendo una persecución muy fuerte, porque buscan desarmar a las organizaciones sociales”.

Según advierten, la criminalización se da a partir de la línea 134, una herramienta que antes se utilizaba para denuncias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. A través de denuncias anónimas, se producen allanamientos en comedores y se procesan cuidadoras comunitarias, muchas de las cuales pierden trabajos, atraviesan largos procesos judiciales sin resolución y padecen restricciones territoriales y estigmatización social.

“Hay procesadas y otras que están en un limbo, es decir, que fueron allanadas, no encontraron nada y no las sobreseen porque dicen que siguen investigando. También hay causas que las personas ni siquiera conocen formalmente”, aseguró la abogada De Rosa, que defiende a las cuidadoras acusadas.

Un informe presentado por ella –como presidenta de la Coordinadora Argentina– y Cynthia Britez –de la Asociación Argentina de Juristas– ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que hubo 1.173 mujeres y 630 hombres denunciados a través de este mecanismo. En ningún caso se encontró un elemento delictivo.

La CEDAW, un tratado internacional de la ONU, respaldó el informe y advirtió sobre una persecución con sesgo de género, clase y territorio contra las cuidadoras comunitarias. El organismo alertó además sobre el impacto social de esa criminalización: las restricciones judiciales debilitan las redes de cuidado en los barrios y dejan sin contención alimentaria, acompañamiento y asistencia a niños, jóvenes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores.

“Nos quieren desorganizados y solos”

“Cada vez hay más personas en la calle, ancianos que van a buscar comida y familias enteras que trabajan y no llegan a comer. En este contexto buscaron instalar que las organizaciones sociales son algo malo, porque nos quieren desorganizados y solos”, dijo Sol Lavaca, militante de Barrios de Pie y cuidadora comunitaria.

La referente también advirtió sobre el impacto del hostigamiento estatal en los barrios populares: “Se instaló miedo, sobre todo en compañeros migrantes, con controles permanentes y pedidos de documentos”.

“Igualmente nunca vi que una compañera o un compañero se dejara vencer completamente por el miedo. Seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pese a que cada día estamos peor”, agregó.

Ahora, y por orden judicial, el Gobierno nacional deberá pagar el programa Volver al Trabajo a más de 900.000 beneficiarios durante este mes, luego de que se frenara el intento oficial de darlo de baja. Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones sociales, las cuidadoras comunitarias –más de un millón en todo el país– que reclaman desde hace años el reconocimiento formal de su trabajo, mes a mes caen un peldaño más en la precarización de sus condiciones de vida porque la asignación fija de $78.000 está congelada desde diciembre del 2023.

Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo, en Argentina existen actualmente más de 40.000 comedores y merenderos, mientras que los servicios sociocomunitarios representan el 27,7% de toda la economía popular. Casi dos tercios (64,8%) están vinculados a tareas alimentarias.

El trabajo de cuidados representa entre el 14,8% y el 20,5% del PBI, lo que lo ubica entre los sectores de mayor aporte a la economía, aunque en las estadísticas tradicionales suele aparecer clasificado como “inactividad”. Ese volumen implica unas 96 millones de horas diarias de trabajo, de las cuales el 75% son realizadas por mujeres.

En barrios populares, además, las mujeres dedican en promedio 12 horas diarias a tareas de cuidado –el doble que en otras zonas urbanas– y apenas el 31% tiene ingresos propios, frente al 71% de los varones.

Jornadas de madrugada y cuerpos colapsados

Según describen las propias trabajadoras, una cuidadora comunitaria dedicada a la cocina –actividad que concentra al 65% del sector– puede comenzar su jornada a las cuatro de la mañana para preparar entre 200 y 300 raciones diarias en comedores y merenderos barriales.

El trabajo incluye descongelar alimentos, cortar verduras, cargar ollas industriales y organizar la distribución. “Las compañeras tienen dolores constantes de espalda, muñecas y brazos por cargar ollas pesadas y trabajar tantas horas”, describió Lavaca.

Muchas también recolectan ropa donada, clasifican mercadería, sostienen roperos solidarios y funcionan como red de contención para vecinos que buscan orientación, acompañamiento o ayuda frente a distintas urgencias sociales. “Es un trabajo sin horario fijo”, resumió.

A esa carga se suma el pluriempleo. “Muchas compañeras tienen dos o tres trabajos para sobrevivir y eso les quita tiempo para militar y sostener tareas comunitarias”, explicó Lavaca. Según detalló, las cuidadoras suelen complementar ingresos con tareas de limpieza en casas particulares, cuidado de niños y adultos mayores, trabajos de enfermería, ventas ambulantes o changas vinculadas a la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo.

“Lo que resignamos es tiempo de vida, como actos escolares, reuniones de escuela, tiempo con nuestros hijos”, señaló. Como las cuidadoras cumplen funciones que en otros contextos corresponden a políticas públicas, insisten en que se las reconozca como trabajadoras, con salario, estabilidad y derechos. “Nosotras mismas tuvimos que entender primero que lo que hacemos era un trabajo, porque una piensa que lo que hace de corazón no es trabajo. Y sí lo es”.

Rifas, donaciones y redes para sostener los barrios

Este trabajo se desarrolla en condiciones de alta precariedad y el sostenimiento de los espacios depende, en gran parte, de la autogestión con rifas, ventas informales, donaciones y aportes vecinales que permiten cubrir gastos básicos como alimentos o garrafas. Sin embargo, esa misma lógica comunitaria es la que –según denuncian las organizaciones– hoy está siendo criminalizada.

“Hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan los barrios. Que alguien arme una rifa se interpreta como presión o delito”, planteó De Rosa. “No entienden, por ejemplo, cómo se compra una garrafa en un comedor: la juntan entre vecinos, porque el Estado no la provee”.

El informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo también advierte que, mientras la demanda social crece, los programas comunitarios sufrieron fuertes recortes. Entre 2023 y 2025, las políticas alimentarias destinadas al fortalecimiento comunitario cayeron un 75,9%, mientras que la integración socio-urbana se redujo un 89,8%.

Las organizaciones describen también un escenario de “reestructuración permanente”, con reducción de días de funcionamiento, menos comidas, cierre de actividades recreativas y aumento de familias que dependen de los comedores, incluidos trabajadores formales cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

LN/MG