En 1979, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara Argentina, los militares removieron los cadáveres enterrados en los terrenos que rodeaban el casco de La Perla. Querían borrar las evidencias. Lo que no pudieron borrar fue la tierra misma, que durante casi cinco décadas guardó los huesos en silencio, dispersos y desarticulados, esperando.

Hoy, esos huesos tienen nombre. Once personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar fueron identificadas días atrás en la zona conocida como Loma del Torito, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención más grande del interior del país, y este martes la Justicia en Córdoba dará todo los detalles. La revelación se suma a la docena de cuerpos ya identificados en marzo pasado. La ciencia forense hizo lo que la impunidad intentó impedir.

El lugar

La Perla está sobre la Ruta Nacional 20, kilómetro 15, en Malagueño, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. El predio tiene una historia anterior al horror: originalmente formaba parte de un conjunto de estancias expropiadas en 1942 por el Estado Nacional para uso del Tercer Cuerpo de Ejército.

Desde el 24 de marzo de 1976 y hasta fines de 1978, ese lugar fue otra cosa. Fue el eje de la red represiva del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Los propios represores la llamaban “la universidad”. Por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. La gran mayoría fue asesinada e inhumada clandestinamente en los terrenos aledaños. La estructura que la sostenía era precisa y burocrática: el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren coordinaba fuerzas armadas, policía, SIDE y Gendarmería en una “comunidad informativa”; de ese entramado dependía la sección de Operaciones Especiales, que administraba La Perla.

Cerca de allí anduvo en aquellos años José Julián Solanille, un baqueano que comenzó a trabajar como peón de campo a metros de La Perla unos días antes del 24 de marzo de 1976. Durante dos años, no hizo preguntas. Solo miró, según su historia que reconstruye LaTinta. Vio las tumbas y los rastros de camiones. Vio cuerpos arrojados desde helicópteros. Fue testigo del fusilamiento masivo que ordenó personalmente Menéndez en la Loma del Torito. “Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Los que podían ver gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda”, declaró años después ante la Justicia.

Su perra collie, entrenada, empezó a traer a casa pequeños restos humanos. Solanille los escondía junto a las vías del tren, rezándoles en latín. Cuando el patrón lo supo, mandó matar al animal. En 1978, Solanille se mudó y guardó todo en silencio.

En 1983, la radio mencionó la sigla CONADEP. Solanille montó su Vespa y encaró hacia Córdoba. Declaró ante la Comisión y dos años después lo hizo en el Juicio a las Juntas. Su testimonio fue clave para reconocer el sitio donde estaba la Loma del Torito y guiar las primeras expediciones en la zona en 1984. Solanille falleció en 2019, sosteniendo hasta el último día lo que había visto.

Una denuncia, un geólogo y cuarenta años de espera

Las investigaciones en La Perla comenzaron hace más de veinte años, impulsadas en gran medida por una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero fue recién en 2024 cuando el geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto Guillermo Sagripanti logró un avance decisivo: accedió a fotografías aéreas del lugar tomadas en 1979 y, con nueva tecnología, acotó la zona de excavación a diez hectáreas.

Esa precisión fue lo que permitió que, entre septiembre y noviembre de 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) excavara cuatro hectáreas en la Loma del Torito —dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera— con diez mil metros lineales de trincheras. Allí encontraron restos óseos humanos dispersos y desarticulados, evidencia de antiguas fosas removidas. Era exactamente lo que los testimonios habían señalado desde hacía décadas.

Carlos Vullo, director del Laboratorio de Genética del EAAF, explicó al diario LaVoz el desafío: los restos llegaron fragmentados, contaminados, degradados. Primero hubo que descontaminar exhaustivamente cada muestra para preservar el ADN genuino y eliminar hongos y bacterias. Luego se molieron los huesos hasta convertirlos en polvo fino, se extrajo el material genético con equipos semiautomatizados y se lo amplificó con técnicas de PCR.

“Es como si quisiéramos leer una hoja que está fragmentada en cuatro partes: si unimos esos pedazos, podemos seguir leyendo. Pero si uno rompe ese papel en 120 partes, es mucho más difícil acomodar las piezas del texto”, graficó Vullo.

El perfil genético obtenido —una suerte de documento de identidad biológico— se cotejó luego con las muestras de sangre donadas por familiares de desaparecidos en el banco de datos nacional, que reúne entre doce mil y catorce mil muestras. El software del EAAF establece coincidencias en hora y media. Pero la confirmación final siempre cruza los datos genéticos con toda la información antropológica, histórica y testimonial reunida. Solo después, la Justicia notifica a los familiares.

Dos veces la misma noticia

El 10 de marzo pasado, a días del cincuenta aniversario del golpe, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja convocó a una conferencia de prensa y anunció la primera tanda: doce personas identificadas. Entre ellas, Mario Alberto Nívoli, baterista de Las Perdices que había estudiado ingeniería química en Santa Fe y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977, cuando su hija Soledad tenía cuatro meses. “Cuando supe que en septiembre habían encontrado la fosa de La Perla y que mi papá podía estar ahí, comencé a ordenar mi casa. A hacer lugar. Ahora me doy cuenta de que lo estaba esperando”, dijo Soledad a LaVoz al enterarse de la identificación.

En aquel hallazgo también fueron identificados Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Cantón, José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.

La semana pasada el mismo juzgado confirmó once identificaciones más. La segunda tanda incluye a tres parejas que habían sido secuestradas y asesinadas juntas, y cuyos restos fueron hallados también juntos, cuarenta y ocho años después.

“Este nuevo hallazgo es significativo para Córdoba. Una de las asignaturas pendientes era encontrar la fosa de La Perla donde se enterraron desaparecidos”, señaló Vullo.

Tres parejas, las nuevas identidades

Ester Felipe y Luis Mónaco militaban en Villa María. Ella era psicóloga, nacida en Las Varillas. Él, periodista, camarógrafo de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba y delegado sindical. Ambos integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y, según testimonios de sobrevivientes, permanecieron aproximadamente una semana en La Perla antes de ser fusilados. Sus restos aparecieron juntos en Loma del Torito.

Su hija, la periodista e investigadora Paula Mónaco Felipe, vive en México. Describió la noticia como una “conmoción muy linda” y una “inesperada forma de felicidad”. “Permanecieron juntos pese a todo, pese a tanto que les hicieron vivos e incluso muertos”, dijo. Y también: “Saber que la tierra nos los guardó y nos los devuelve te reconcilia de alguna forma con muchas cosas del universo”. Pero no sin advertir lo que queda pendiente: “La ausencia ocupa muchísimo espacio y la ausencia va a seguir ahí, el dolor seguirá ahí”.

Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy formaban otra pareja, oriundos de Tres de Febrero. Él fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de la funeraria Punilla donde trabajaba; ella fue detenida poco después en la misma ciudad. Tenían militancia política —él vinculado a Montoneros, ella a la Juventud Peronista— y también compartían el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch. Cuando fueron secuestrados, tenían una hija pequeña, Mariela, que fue rescatada por vecinos y entregada a familiares. Sus restos aparecieron juntos.

También fueron identificados José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga. 

Además se reveló la identidad de Edelmiro Cruz Bustos, reconocido dirigente de la Juventud Radical secuestrado en abril de 1976. Y Graciela Doldán, abogada laboralista y militante montonera, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti. “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”, comentó sus redes el exmandatario provincial. Roberto, hermano de Graciela, resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La búsqueda no termina

En mayo de 2026, el EAAF inició la Campaña 2026: nuevas excavaciones en tres hectáreas adyacentes al área trabajada el año anterior, con financiamiento garantizado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación y con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Los trabajos se extenderán hasta fines de septiembre.

Paula Mónaco Felipe hizo un llamado urgente al Estado para que multiplique los recursos destinados a estas tareas. Al ritmo actual, advirtió, podría llevar años identificar los restos ya recuperados, mientras los familiares siguen muriendo sin certezas. “No es justo que se sigan muriendo sin certeza cuando esos restos ya están ahí”. Vullo sabe que cada caso abierto tiene una fecha de inicio pero no de cierre. “Estos casos sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.”

Queda tierra por excavar. Quedan familias esperando. De los 2.200 a 2.500 que pasaron por La Perla, la enorme mayoría continúa desaparecida. Los cuerpos identificados ahora son apenas el principio de una deuda que el Estado todavía no termina de saldar.