Son 3,5 millones de páginas, reunidas en 3.437 volúmenes, que pesan un total de 770 kilos. Se trata de la 'Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room', una sala de lectura abierta al público centrada en los archivos sobre el depredador sexual y su grupo cerrado, así como en los intentos del presidente de EE.UU. por ocultarlos.

La exposición es un registro físico de la trama a través de los archivos físicos de Epstein, publicados y parcialmente censurados por el Departamento de Justicia. “En la sala de lectura, la corrupción, los encubrimientos y el crimen no pueden esconderse”, afirmó el Institute for Primary Facts, entidad sin fines de lucro impulsora de la iniciativa.

La exposición, que se inauguró este viernes, permanecerá hasta el 21 de mayo en Tribeca, Nueva York, y a partir de ahí irá circulando por diferentes ciudades de Estados Unidos.

Por razones de seguridad, la dirección exacta no está publicada, y sólo se facilita a los visitantes una vez tengan confirmada la cita programada para acceder.

El espacio está compuesto como una biblioteca con los casi 3.500 volúmenes distribuidos en dos plantas. También cuenta con un espacio de homenaje a las víctimas a través de unas 1.200 velas.

También, cuenta con una cronología de la relación entre el presidente Trump y Jeffrey Epstein a lo largo de los años. En la planta baja hay una sala de reflexión con un corcho en el que colgar las reflexiones de los visitantes y unas mesas con teléfonos para que la gente llame al Departamento de Justicia y pida que se hagan públicos todos los archivos.

El director de Primary Facts, David Garrett, explicó a elDiario.es: “Estuve interesado en la política desde hace mucho, toda mi vida. Leo las noticias, escucho podcasts y veo la tele gritando mucho. Y, en los últimos años, ya sabes, como patriota estadounidense, siento que estamos perdiendo nuestra democracia. Y he estado preocupado por eso, preguntándome qué puedo hacer para ayudar. Así que reuní a algunos amigos y, a finales del año pasado, pusimos en marcha el Institute for Primary Facts, que es una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C.”.

Garrett dijo que lo que busca es sacar los archivos “de los teléfonos y llevarlos a la vida real”. “Porque en el teléfono es como un vídeo de gatitos, una foto de la nieve o la tarjeta de cumpleaños de tu tía. Y, luego, estas son las pruebas de uno de los peores delitos de la historia de Estados Unidos. Y es como si todo fuera lo mismo, no hay contexto. Y aquí puedes ver los enormes 770 kilos de pruebas. Puedes ver la cronología de Trump y Epstein también. Eso es contexto, puedes ver que estos tipos son básicamente la misma persona, que llevaron vidas notablemente similares. Uno murió en prisión y el otro fue presidente de los Estados Unidos encubriendo esos delitos: es como si la corrupción fuera realmente evidente”.

“Estar aquí y ver todos estos expedientes y pensar: es impresionante y no hay ninguna rendición de cuentas”, señaló Garrett. “Nadie va a la cárcel, no se investiga a nadie. ¿Me estás diciendo que Todd Blanche [fiscal general en funciones] puede venir aquí y decir: 'No, no queda nada por investigar'? Es una locura. Y miras esto y piensas: ¿cómo se puede ignorar? Y si no hay rendición de cuentas, ¿cómo sabes que no va a volver a pasar? De eso se trata la justicia estadounidense”.

Nota de suicidio

El estreno de la exposición coincidió con la publicación por orden judicial de una supuesta nota de suicidio que el antiguo compañero de celda de Epstein afirmó haber encontrado tras el primer intento de suicidio en prisión del millonario. La publicación se produjo años después de que fuera sellada y guardada bajo llave en la cámara acorazada de un juzgado como parte de un litigio judicial no relacionado con los archivos de Epstein.

El antiguo compañero de celda se llama Nicholas Tartaglione, un exagente de policía que cumple cadena perpetua por matar a cuatro personas, y mencionó la nota el año pasado en el podcast de la escritora Jessica Reed Kraus.

Tartaglione afirmó que descubrió la nota en un libro después de que Epstein fuera hallado en el suelo de su celda en una cárcel federal de Manhattan el 23 de julio de 2019, con una tira de sábana alrededor del cuello. Eso fue unas tres semanas antes de que Epstein fuera hallado muerto en su celda en lo que las autoridades concluyeron que fue un suicidio.

“Me investigaron durante meses... ¡¡¡y no encontraron nada!!!”, decía la breve nota, que es difícil de descifrar en algunos puntos: “Es un placer poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieres que haga? ¡¡¡Ponerme a llorar!!”

“NO TIENE GRACIA”, concluye la nota, con esas palabras subrayadas: “¡NO MERECE LA PENA!!”

No está certificado quién escribió la nota que Tartaglione afirmó haber encontrado. No se mencionó en los informes gubernamentales que examinaban las circunstancias de la muerte de Epstein, ni apareció en la reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de los archivos sobre el difunto depredador sexual.

Epstein y Tartaglione compartieron celda durante unas dos semanas, desde poco después de la detención de Epstein, el 6 de julio de 2019, hasta el presunto intento de suicidio. Ambos estaban a la espera de juicio: Epstein por cargos de tráfico sexual y Tartaglione por haber matado en 2016 a cuatro hombres, incluido uno al que torturó y estranguló por dinero de drogas robado.

Tartaglione, que fue agente en la localidad de Briarcliff Manor, en el valle del río Hudson, fue condenado en 2023. Actualmente, se encuentra recluido en una prisión federal de California y solicitó el indulto al presidente Donald Trump.

Epstein no tenía compañero de celda cuando fue hallado muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, el 10 de agosto de 2019.

El Gobierno aceptó un cambio clave en el jugoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de Estados Unidos al que Javier Milei busca adherir con ansias y cedió ante el lobby de los laboratorios nacionales. La nueva postura de la Casa Rosada le permitiría al oficialismo apurar la votación del tratado en la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, para luego ratificarlo en el Senado, donde ya fue aprobado en 1998 –los acuerdos internacionales no pierden vigencia parlamentaria–.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica el proceso para solicitar protección de patentes en múltiples países de manera simultánea: en lugar de presentar solicitudes individuales en cada Estado, un solicitante puede hacer un único trámite internacional que luego se ramifica en las fases nacionales. Para las empresas con desarrollos tecnológicos o farmacéuticos que buscan protección en varios mercados a la vez, el sistema reduce costos y plazos. Hoy son miembros del PCT más de 150 países; la Argentina es una de las excepciones.

El país firmó su adhesión al tratado en 1970, pero nunca la ratificó legislativamente. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, y el expediente quedó hibernando durante casi tres décadas, víctima de sucesivos cambios de prioridades, resistencias sectoriales y falta de voluntad política. Fue la presión de Washington –y el interés de Milei en mostrar gestos concretos ante Trump– lo que reactivó el tema a principios de este año y lo instaló en la agenda legislativa con una urgencia que no tenía desde entonces.

El lobby por el Capítulo II

En lo concreto el cambio en el PCT será incorporar una reserva al Capítulo II, según confirmó a elDiarioAR este viernes una alta fuente del Gobierno involucrada en la discusión y que fue más lejos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, admitió ante la consulta puntual sobre CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La frase resume el resultado de semanas de presiones cruzadas, negociaciones reservadas y tensiones que atravesaron al propio oficialismo.

La reserva al Capítulo II era el punto que durante semanas dividió aguas dentro del propio Gobierno y entre las distintas cámaras del sector farmacéutico. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales en cada país, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para los laboratorios multinacionales, ese mecanismo es una ventaja que acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, en cambio, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando con insistencia que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse al tratado. El mecanismo existe dentro del propio PCT pero había un escollo político porque cuando el país adhirió al tratado en 1970 no incluyó la posibilidad de la reserva. Tampoco se hizo con la media sanción en 1998. Recién ahora, con la votación en la puerta de Diputados, se modificará la letra, pese a que el Gobierno y las farmacéuticas multinacionales –agrupadas en CAEMe y en AmCham– querían ver aprobado sin alteraciones. 

Esa tensión entre dos lobbies con intereses opuestos fue el verdadero motor de la demora de las últimas semanas. Milei se había comprometido ante Donald Trump a sancionar el PCT antes del 30 de abril, como parte del acuerdo comercial bilateral que se firmó en noviembre del año pasado. El plazo era porque el último día de abril la Casa Blanca publica su Informe 301, que identifica las barreras comerciales a las empresas y productos de los Estados Unidos debido a las leyes de propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes y marcas registradas, en otros países. Sorpresivamente, y pese a que se sancionó el PCT, la Argentina fue quitada de la lista por primera vez en años.

Como reveló elDiarioAR, el cruce de intereses tuvo episodios de todo tipo. Hubo desde cruces de cartas enviadas a los diputados por parte de las farmacéuticas locales y multinacionales, y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria farmacéutica. Las multinacionales querían la aprobación sin cambios para no dilatar más una incorporación que, a nivel global, Argentina tiene pendiente desde 1970. Los laboratorios nacionales, en cambio, advertían que adherirse sin la reserva del Capítulo II podía representar un perjuicio de más de US$3,3 mil millones para el sector, según sus propios cálculos. 

El lobby farmacéutico, que fuentes cercanas al Gobierno describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad, terminó dando sus frutos. La reserva fue aceptada. El proyecto que el oficialismo llevará a Diputados el martes incluirá ese cambio, y eso obligará luego al Senado a pronunciarse de nuevo sobre un texto que ya había aprobado –aunque en una versión diferente– hace 27 años.

El martes irá al plenario de comisiones en Diputados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Federico Sturzenegger. No está previsto que haya voceros de las farmacéuticas. El oficialismo espera ese día firmar dictamen favorable. Si el texto avanza, Diputados podría votar antes de que termine mayo. El Senado deberá hacer lo propio después, en un trámite que no tiene fecha ni está exento de nuevas presiones. 

MC