La Corte Suprema de Justicia dictó este mediodía una resolución de alto impacto político y jurídico al rechazar el recurso de per saltum interpuesto por el Poder Ejecutivo por la reforma laboral. El Gobierno buscaba que el máximo tribunal interviniera de forma directa para definir la constitucionalidad de la norma, actualmente atravesada medidas cautelares y reglamentaciones a media.

Con la firma de sus tres ministros  Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal consideró que el planteo oficial no cumple con los requisitos excepcionales que exige la ley para habilitar el “salto de instancia”. Según el fallo, al que tuvo acceso elDiarioAR, la Corte observó que no se dan las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual requiere que se trate de una causa de “notoria gravedad institucional” donde la solución definitiva sea de “plazo perentorio”.

“Se declara inadmisible el recurso interpuesto. Notifíquese y archívese”, reza el breve pero contundente despacho que devuelve la discusión al terreno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para el máximo tribunal no haría falta la instancia porque la Cámara del Trabajo ya ordenó que el expediente se tramite en lo contencioso administrativo.

La batalla judicial comenzó poco después de que el Poder Ejecutivo impulsara un ambicioso paquete de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que incluye la extensión del período de prueba, la modificación del régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y límites a la cuota sindical.

La CGT judicializó el capítulo laboral de la reforma mediante una acción declarativa. En primera instancia y posteriormente en la Cámara, el sector gremial obtuvo fallos favorables que suspendieron la aplicación de los artículos más sensibles de la reforma, argumentando que vulneraban derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero en abril pasado la Cámara del Trabajo repuso la vigencia plena de la reforma laboral, que había sido dejada sin efecto por una medida cautelar contra 83 artículos, a pedido de la CGT. Esta semana fue reglamentado el RIFL, un régimen de incentivo para los empleadores.

Ante la parálisis de su plan de reformas, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro intentaron la vía del per saltum. El objetivo era evitar el “desgaste” de la revisión en la Cámara de Apelaciones y obtener una sentencia definitiva de la Corte que diera seguridad jurídica a las empresas para comenzar a aplicar el nuevo régimen.

El caso regresa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los jueces de dicha cámara deberán ahora dictar una sentencia de fondo sobre si la reforma es constitucional o no. Ahora el Ejecutivo recibió un mensaje político de la Corte.

MC