La cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei buscará este martes colmar plazas en todo el país bajo un fuerte reclamo contra el Gobierno por no cumplir con la ley de financiamiento, votada en dos oportunidades en el Congreso en 2025 y actualmente judicializada. La concentración principal será esta tarde a las 18 en la Plaza de Mayo, donde se leerá un comunicado firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes.

En ese texto, al que accedió elDiarioAR, la comunidad universitaria acusa al Gobierno de incumplir “la regla democrática y constitucional básica” y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que no permita que el Ejecutivo siga ignorando una ley que el propio Congreso ratificó con mayoría agravada.

La convocatoria está organizada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, y reúne a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el territorio nacional. En Buenos Aires, la concentración arranca desde las 14 en las inmediaciones del Congreso (así como en otros puntos del centro porteño) y las columnas confluirán en Plaza de Mayo a partir de las 17.

203 días sin aplicar la ley

El título del comunicado lo dice todo: “203 días sin aplicar la Ley”. Ese es el tiempo transcurrido desde que la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) fue ratificada por el Parlamento con mayoría de dos tercios en ambas cámaras —incluso después del veto presidencial— sin que el Ejecutivo la haya cumplido.

El choque institucional escaló además al terreno judicial. Dos instancias de la justicia federal ordenaron al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y no docentes y al monto de las becas estudiantiles. El Ejecutivo desoyó ambos fallos y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar aplicarlos, lo que la comunidad universitaria interpreta como una ruptura del principio de división de poderes.

El comunicado es explícito: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.” Por eso el documento le pide directamente al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y que no permita que el Poder Ejecutivo continúe en esa senda.

Las universidades: el presupuesto que no llega

El deterioro financiero que describe el comunicado es estructural. Las transferencias a universidades nacionales acumularon “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, señala el documento. Las partidas para gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes de la gestión el 64% del valor de enero de 2023, y el equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante este período.

El comunicado también describe el alcance del recorte por dentro: en 2025, las partidas para Ciencia y Técnica en universidades alcanzaron apenas el 38% de lo ejecutado en 2023; las de Extensión, el 1%; las Becas Progresar, el 26%; y la partida de infraestructura universitaria, directamente cero.

El diagnóstico político que ofrece la universidad pública es tajante: el Poder Ejecutivo “en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato.”

Los docentes y trabajadores: salarios en el piso histórico

El capítulo más duro del comunicado es el dedicado a los trabajadores universitarios. La declaración describe con precisión la brecha entre inflación y salarios: “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%.”

Para dimensionar ese número en términos concretos, el documento lo traduce así: “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado.” Y ubica el resultado en perspectiva histórica: los salarios universitarios están “en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina.”

Las consecuencias son drásticas: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.” El 95% del presupuesto universitario se destina a salarios.

Los estudiantes: becas congeladas y expulsión silenciosa

El tercer frente que describe el documento es el de los estudiantes, donde el deterioro opera de manera más silenciosa pero igualmente profunda. El comunicado denuncia que “el sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro”.

Las Becas Progresar —la principal herramienta de apoyo económico para estudiantes de sectores populares— “permanecen congeladas frente a una inflación creciente”. Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a carreras consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento.” Y las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC) están directamente “suspendidas”, siendo “el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.”

La de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, para impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión parlamentaria que ratificó la norma. En ninguno de los tres casos el Gobierno modificó su postura.

MC

En 1979, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara Argentina, los militares removieron los cadáveres enterrados en los terrenos que rodeaban el casco de La Perla. Querían borrar las evidencias. Lo que no pudieron borrar fue la tierra misma, que durante casi cinco décadas guardó los huesos en silencio, dispersos y desarticulados, esperando.

Hoy, esos huesos tienen nombre. Once personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar fueron identificadas días atrás en la zona conocida como Loma del Torito, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención más grande del interior del país, y este martes la Justicia en Córdoba dará todo los detalles. La revelación se suma a la docena de cuerpos ya identificados en marzo pasado. La ciencia forense hizo lo que la impunidad intentó impedir.

El lugar

La Perla está sobre la Ruta Nacional 20, kilómetro 15, en Malagueño, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. El predio tiene una historia anterior al horror: originalmente formaba parte de un conjunto de estancias expropiadas en 1942 por el Estado Nacional para uso del Tercer Cuerpo de Ejército.

Desde el 24 de marzo de 1976 y hasta fines de 1978, ese lugar fue otra cosa. Fue el eje de la red represiva del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Los propios represores la llamaban “la universidad”. Por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. La gran mayoría fue asesinada e inhumada clandestinamente en los terrenos aledaños. La estructura que la sostenía era precisa y burocrática: el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren coordinaba fuerzas armadas, policía, SIDE y Gendarmería en una “comunidad informativa”; de ese entramado dependía la sección de Operaciones Especiales, que administraba La Perla.

Cerca de allí anduvo en aquellos años José Julián Solanille, un baqueano que comenzó a trabajar como peón de campo a metros de La Perla unos días antes del 24 de marzo de 1976. Durante dos años, no hizo preguntas. Solo miró, según su historia que reconstruye LaTinta. Vio las tumbas y los rastros de camiones. Vio cuerpos arrojados desde helicópteros. Fue testigo del fusilamiento masivo que ordenó personalmente Menéndez en la Loma del Torito. “Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Los que podían ver gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda”, declaró años después ante la Justicia.

Su perra collie, entrenada, empezó a traer a casa pequeños restos humanos. Solanille los escondía junto a las vías del tren, rezándoles en latín. Cuando el patrón lo supo, mandó matar al animal. En 1978, Solanille se mudó y guardó todo en silencio.

En 1983, la radio mencionó la sigla CONADEP. Solanille montó su Vespa y encaró hacia Córdoba. Declaró ante la Comisión y dos años después lo hizo en el Juicio a las Juntas. Su testimonio fue clave para reconocer el sitio donde estaba la Loma del Torito y guiar las primeras expediciones en la zona en 1984. Solanille falleció en 2019, sosteniendo hasta el último día lo que había visto.

Una denuncia, un geólogo y cuarenta años de espera

Las investigaciones en La Perla comenzaron hace más de veinte años, impulsadas en gran medida por una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero fue recién en 2024 cuando el geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto Guillermo Sagripanti logró un avance decisivo: accedió a fotografías aéreas del lugar tomadas en 1979 y, con nueva tecnología, acotó la zona de excavación a diez hectáreas.

Esa precisión fue lo que permitió que, entre septiembre y noviembre de 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) excavara cuatro hectáreas en la Loma del Torito —dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera— con diez mil metros lineales de trincheras. Allí encontraron restos óseos humanos dispersos y desarticulados, evidencia de antiguas fosas removidas. Era exactamente lo que los testimonios habían señalado desde hacía décadas.

Carlos Vullo, director del Laboratorio de Genética del EAAF, explicó al diario LaVoz el desafío: los restos llegaron fragmentados, contaminados, degradados. Primero hubo que descontaminar exhaustivamente cada muestra para preservar el ADN genuino y eliminar hongos y bacterias. Luego se molieron los huesos hasta convertirlos en polvo fino, se extrajo el material genético con equipos semiautomatizados y se lo amplificó con técnicas de PCR.

“Es como si quisiéramos leer una hoja que está fragmentada en cuatro partes: si unimos esos pedazos, podemos seguir leyendo. Pero si uno rompe ese papel en 120 partes, es mucho más difícil acomodar las piezas del texto”, graficó Vullo.

El perfil genético obtenido —una suerte de documento de identidad biológico— se cotejó luego con las muestras de sangre donadas por familiares de desaparecidos en el banco de datos nacional, que reúne entre doce mil y catorce mil muestras. El software del EAAF establece coincidencias en hora y media. Pero la confirmación final siempre cruza los datos genéticos con toda la información antropológica, histórica y testimonial reunida. Solo después, la Justicia notifica a los familiares.

Dos veces la misma noticia

El 10 de marzo pasado, a días del cincuenta aniversario del golpe, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja convocó a una conferencia de prensa y anunció la primera tanda: doce personas identificadas. Entre ellas, Mario Alberto Nívoli, baterista de Las Perdices que había estudiado ingeniería química en Santa Fe y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977, cuando su hija Soledad tenía cuatro meses. “Cuando supe que en septiembre habían encontrado la fosa de La Perla y que mi papá podía estar ahí, comencé a ordenar mi casa. A hacer lugar. Ahora me doy cuenta de que lo estaba esperando”, dijo Soledad a LaVoz al enterarse de la identificación.

En aquel hallazgo también fueron identificados Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Cantón, José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.

La semana pasada el mismo juzgado confirmó once identificaciones más. La segunda tanda incluye a tres parejas que habían sido secuestradas y asesinadas juntas, y cuyos restos fueron hallados también juntos, cuarenta y ocho años después.

“Este nuevo hallazgo es significativo para Córdoba. Una de las asignaturas pendientes era encontrar la fosa de La Perla donde se enterraron desaparecidos”, señaló Vullo.

Tres parejas, las nuevas identidades

Ester Felipe y Luis Mónaco militaban en Villa María. Ella era psicóloga, nacida en Las Varillas. Él, periodista, camarógrafo de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba y delegado sindical. Ambos integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y, según testimonios de sobrevivientes, permanecieron aproximadamente una semana en La Perla antes de ser fusilados. Sus restos aparecieron juntos en Loma del Torito.

Su hija, la periodista e investigadora Paula Mónaco Felipe, vive en México. Describió la noticia como una “conmoción muy linda” y una “inesperada forma de felicidad”. “Permanecieron juntos pese a todo, pese a tanto que les hicieron vivos e incluso muertos”, dijo. Y también: “Saber que la tierra nos los guardó y nos los devuelve te reconcilia de alguna forma con muchas cosas del universo”. Pero no sin advertir lo que queda pendiente: “La ausencia ocupa muchísimo espacio y la ausencia va a seguir ahí, el dolor seguirá ahí”.

Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy formaban otra pareja, oriundos de Tres de Febrero. Él fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de la funeraria Punilla donde trabajaba; ella fue detenida poco después en la misma ciudad. Tenían militancia política —él vinculado a Montoneros, ella a la Juventud Peronista— y también compartían el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch. Cuando fueron secuestrados, tenían una hija pequeña, Mariela, que fue rescatada por vecinos y entregada a familiares. Sus restos aparecieron juntos.

También fueron identificados José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga. 

Además se reveló la identidad de Edelmiro Cruz Bustos, reconocido dirigente de la Juventud Radical secuestrado en abril de 1976. Y Graciela Doldán, abogada laboralista y militante montonera, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti. “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”, comentó sus redes el exmandatario provincial. Roberto, hermano de Graciela, resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La búsqueda no termina

En mayo de 2026, el EAAF inició la Campaña 2026: nuevas excavaciones en tres hectáreas adyacentes al área trabajada el año anterior, con financiamiento garantizado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación y con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Los trabajos se extenderán hasta fines de septiembre.

Paula Mónaco Felipe hizo un llamado urgente al Estado para que multiplique los recursos destinados a estas tareas. Al ritmo actual, advirtió, podría llevar años identificar los restos ya recuperados, mientras los familiares siguen muriendo sin certezas. “No es justo que se sigan muriendo sin certeza cuando esos restos ya están ahí”. Vullo sabe que cada caso abierto tiene una fecha de inicio pero no de cierre. “Estos casos sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.”

Queda tierra por excavar. Quedan familias esperando. De los 2.200 a 2.500 que pasaron por La Perla, la enorme mayoría continúa desaparecida. Los cuerpos identificados ahora son apenas el principio de una deuda que el Estado todavía no termina de saldar.

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC

Un piano de cola Yamaha GB1 a US$15.000. Consolas y sistemas de mezcla de Avid por US$35.000 la unidad, monitores de mastering Bowers & Wilkins de US$38.000 y micrófonos de referencia mundial como el Neumann U87, de entre US$3.000 y US$4.000. También preamplificadores, compresores y sistemas de audio inmersivo de gama alta. Tal detalle de equipos de un estudio de grabación de punta comenzó a circular en los últimos días por redes sociales como una venta particular con el dato llamativo: corresponden exactamente a la infraestructura que tenía el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM). El espacio fue desmantelado en los últimos meses por el Gobierno al ritmo de la privatización mileísta del parque cultural y educativo emblema del kirchnerismo.

Las imágenes de un supuesto Excel en el que se ofrecían al mercado de manera ilegal dichos equipos llegaron a técnicos de sonido y profesionales del ambiente musical. Una advertencia en sus redes por la ex directora del CIAM Natalia Perelman, quien fue removida en octubre de 2024 por la gestión de Javier Milei, generó un viral que llegó puertas adentro de la Secretaría de Cultura de la Nación –a cargo de Leonardo Cifelli–. En Nación no salieron a desmentir la información, hasta una consulta puntual de elDiarioAR: “Todo fue inventariado y está guardado actualmente en el Palacio Libertad”, expresó una funcionaria a este medio que rechazó de plano que los equipos estén en venta.

Este sábado a la tarde, el propio Cifelli hizo un posteo en su Instagram en el que habla de que “llega un estudio de grabación al Palacio Libertad”. No admite que se cerró el CIAM, sino que argumenta que el estudio se trata de “un recurso existente, proveniente de Tecnópolis, para integrarlo a un entorno con mayor actividad, más circulación y más oportunidades de desarrollo”. elDiarioAR intentó consultar al actual director de Tecnópolis, Mariano Cazorla, por la supuesta lista de venta de equipos, pero en su entorno explicaron que “no se mete con un fake”.

El viral reveló, sin embargo, cierta inquietud que hay detrás del cierre de Tecnópolis y el desmantelamiento del patrimonio cultural estatal allí instalado –desde el CIAM a los emblemáticos dinosaurios, o el icónico avión de Aerolíneas Argentinas–. El Gobierno tiene que dejar “pelado” antes del 30 de junio el predio de 500.000 m² y ubicado en Villa Martelli a la vera de la avenida General Paz. En julio comenzaría la privatización de una concesión por 25 años que aún está por resolverse: la licitación sigue sin definirse y hay serias sospechas sobre quién será el privado a cargo de la explotación del parque, debido a un supuesto vínculo con Karina Milei y Manuel Adorni.

¿Dónde están los equipos del CIAM?

“El CIAM fue uno de los cinco mejores cinco estudios del país y fue uno de los primeros a nivel mundial por tener un equipo de mezcla de sonido inmersiva a nivel público. Fue un espacio multidisciplinario y una institución de referencia como política pública para la música y el sonido”, destacó Perelman a este medio. El espacio tenía un estudio donde podían grabar 30 músicos en simultáneo y un estudio B donde se realizaban mezclas y másters. 

Todo el equipo del CIAM terminó de ser embalado el martes de la semana pasada, según consignó el diario Página/12. La mudanza de todo el material fue hacia el Palacio Libertad, el ex CCK, en el Bajo porteño. Fuentes de Cultura aseguraron a elDiarioAR que “el estudio de grabación se inventarió para traspasarse y construirse en el Palacio”. La reconstrucción aún es un proyecto, pero sería en una de las salas libres que tiene el enorme edificio que supo ser de Correo. En particular sería en el llamado “sector industrial”, que es la parte nueva del Palacio y cuya infraestructura puede ser modificada –lo demás es patrimonio histórico–. 

El futuro estudio de grabación ya tendría la misma lógica libertaria del PL: “Será para realizar grabaciones y contenidos propios, pero también para alquilar a privados”, planteó la fuente consultada. 

Durante la gestión de Alberto Fernández, bajo el Ministerio de Cultura, el CIAM “se propuso democratizar el acceso al registro musical y la producción fonográfica para instituciones, ONGs, organismos del Estado y proyectos de alto valor musical que no podían acceder a otras formas de grabación por el oneroso valor de ese servicio”, detalló Perelman. Recibió a más de 1400 artistas entre 2021 y 2024, hubo clases especiales para escuelas, conservatorios y universidades, y se grabaron más de 10 orquestas infanto-juveniles. Una grabación del invierno 2021 del guitarrista Juan Falú y la cantora Nadia Szachniuk, que está en YouTube, permite observar las excelsas instalaciones que tenía el CIAM.

El patrimonio del CIAM es millonario. Según el viral de los equipos en venta, el equipamiento profesional de audio, grabación y postproducción estaba valuado en cerca de US$240.000, entre consolas de mezcla de alta gama, sistemas Dolby Atmos, micrófonos de estudio, monitores de mastering y un piano de cola Yamaha. Pero además había materiales de alta calidad en el espacio como el sistema de cableado o los vidrios y los paneles acústicos. Según insistieron en Cultura, “todo el material fue embalado, con precinto de seguridad y trasladado al Palacio”. “No existe esa falsa lista de venta”, apuntó la fuente consultada. 

El futuro de Tecnópolis

Como el CIAM que fue traslado al ex CCK, otros íconos de Tecnópolis también fueron mudados. Algunos de los dinosaurios de lo que fue Tierra de Dinos están en la sede de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en Godoy Cruz 2320, Palermo. 

Pero también los trabajadores que allí se desempeñaban, aunque podrían perder su puesto ya que los contratos vencen justamente el 30 de junio. En Cultura aseguraron que “en junio el director verá qué demanda de empleo hay para esas personas en otras áreas”. Hay, por ejemplo, diseñadores y fotógrafos que no saben qué trabajo tendrán dentro de un mes. A su vez, empleados de empresas proveedoras de servicios de Tecnópolis –como intendencia, limpieza o fumigación– podrían ser reincorporados con la nueva concesión. En ATE Cultura reclaman por la continuidad de 25 trabajadores, pero aseguraron a este medio que hay 200 personas con contrato hasta junio.

“El privado agarra un predio pelado”, planteó la fuente oficial. Pero quién será el privado que se haga cargo de Tecnópolis aún se desconoce. En la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) afirmaron a elDiarioAR que la concesión “todavía está en proceso administrativo”. Un vocero en el área explicó que recién se está con la primera apertura de sobres para ver capacidad, técnica, económica, garantías, etcétera. Luego habrá una segunda instancia con las propuestas concretas.

Hubo ocho proveedores participantes y de ahí tres ofertas confirmadas, pero dos quedaron en carrera: DirecTV –del Grupo Werthein– junto con Torneo y Competencias, por un lado, y Buenos Aires Arena SA, manejado detrás por el diario La Nación, que ya explota el Movistar Arena. Afuera quedó Perfeta Producciones SA, de Marcelo Fígoli, dueño de la productora Fenix, del Parque de la Costa y radios como Rivadavia y Rock&Pop. 

El plazo para la presentación de ofertas para la concesión de Tecnópolis se cerró el 9 de febrero y tuvo un precio base de canon de $611.000.000,00. El pliego estipula entre US$400.000 y US$600.000 dólares mensuales por alquiler –cerca de 180 millones de dólares para 25 años–, con dos años y medio de gracia. El identificador del proceso en el sistema Comprar.gob.ar es 392-0006-CPU25. 

La polémica detrás de la licitación es que DirecTV está asociada con Foggia Group, firma donde hasta el 1 de diciembre de 2023 fue apoderada Mara Gorini, mano derecha de Karina en la Secretaría General de la Presidencia, y quien organizó los Movistar Arena en los que estuvo Milei como orador y hasta cantante. El titular de la firma hoy es Marcelo Carlos Dionisio, pareja de Gorini. La licitación además tiene que ser confirmada por la Jefatura de Gabinete de Adorni.

MC

El Gobierno aceptó un cambio clave en el jugoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de Estados Unidos al que Javier Milei busca adherir con ansias y cedió ante el lobby de los laboratorios nacionales. La nueva postura de la Casa Rosada le permitiría al oficialismo apurar la votación del tratado en la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, para luego ratificarlo en el Senado, donde ya fue aprobado en 1998 –los acuerdos internacionales no pierden vigencia parlamentaria–.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica el proceso para solicitar protección de patentes en múltiples países de manera simultánea: en lugar de presentar solicitudes individuales en cada Estado, un solicitante puede hacer un único trámite internacional que luego se ramifica en las fases nacionales. Para las empresas con desarrollos tecnológicos o farmacéuticos que buscan protección en varios mercados a la vez, el sistema reduce costos y plazos. Hoy son miembros del PCT más de 150 países; la Argentina es una de las excepciones.

El país firmó su adhesión al tratado en 1970, pero nunca la ratificó legislativamente. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, y el expediente quedó hibernando durante casi tres décadas, víctima de sucesivos cambios de prioridades, resistencias sectoriales y falta de voluntad política. Fue la presión de Washington –y el interés de Milei en mostrar gestos concretos ante Trump– lo que reactivó el tema a principios de este año y lo instaló en la agenda legislativa con una urgencia que no tenía desde entonces.

El lobby por el Capítulo II

En lo concreto el cambio en el PCT será incorporar una reserva al Capítulo II, según confirmó a elDiarioAR este viernes una alta fuente del Gobierno involucrada en la discusión y que fue más lejos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, admitió ante la consulta puntual sobre CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La frase resume el resultado de semanas de presiones cruzadas, negociaciones reservadas y tensiones que atravesaron al propio oficialismo.

La reserva al Capítulo II era el punto que durante semanas dividió aguas dentro del propio Gobierno y entre las distintas cámaras del sector farmacéutico. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales en cada país, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para los laboratorios multinacionales, ese mecanismo es una ventaja que acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, en cambio, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando con insistencia que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse al tratado. El mecanismo existe dentro del propio PCT pero había un escollo político porque cuando el país adhirió al tratado en 1970 no incluyó la posibilidad de la reserva. Tampoco se hizo con la media sanción en 1998. Recién ahora, con la votación en la puerta de Diputados, se modificará la letra, pese a que el Gobierno y las farmacéuticas multinacionales –agrupadas en CAEMe y en AmCham– querían ver aprobado sin alteraciones. 

Esa tensión entre dos lobbies con intereses opuestos fue el verdadero motor de la demora de las últimas semanas. Milei se había comprometido ante Donald Trump a sancionar el PCT antes del 30 de abril, como parte del acuerdo comercial bilateral que se firmó en noviembre del año pasado. El plazo era porque el último día de abril la Casa Blanca publica su Informe 301, que identifica las barreras comerciales a las empresas y productos de los Estados Unidos debido a las leyes de propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes y marcas registradas, en otros países. Sorpresivamente, y pese a que se sancionó el PCT, la Argentina fue quitada de la lista por primera vez en años.

Como reveló elDiarioAR, el cruce de intereses tuvo episodios de todo tipo. Hubo desde cruces de cartas enviadas a los diputados por parte de las farmacéuticas locales y multinacionales, y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria farmacéutica. Las multinacionales querían la aprobación sin cambios para no dilatar más una incorporación que, a nivel global, Argentina tiene pendiente desde 1970. Los laboratorios nacionales, en cambio, advertían que adherirse sin la reserva del Capítulo II podía representar un perjuicio de más de US$3,3 mil millones para el sector, según sus propios cálculos. 

El lobby farmacéutico, que fuentes cercanas al Gobierno describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad, terminó dando sus frutos. La reserva fue aceptada. El proyecto que el oficialismo llevará a Diputados el martes incluirá ese cambio, y eso obligará luego al Senado a pronunciarse de nuevo sobre un texto que ya había aprobado –aunque en una versión diferente– hace 27 años.

El martes irá al plenario de comisiones en Diputados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Federico Sturzenegger. No está previsto que haya voceros de las farmacéuticas. El oficialismo espera ese día firmar dictamen favorable. Si el texto avanza, Diputados podría votar antes de que termine mayo. El Senado deberá hacer lo propio después, en un trámite que no tiene fecha ni está exento de nuevas presiones. 

MC